Plan de la Costa apunta a captar
turistas argentinos para el verano
Mejoras urbanísticas en la zona de playas, la continuidad de la certificación de playas e incorporación a ellas de pequeñas obras que faciliten la accesibilidad, reforzamiento de aspectos vinculados a la seguridad en el lugar, así como una fuerte promoción en Entre Ríos para captar visitantes desde la ciudad de Colón son algunas de las acciones en las que está trabajando el Plan de la Costa y la Dirección Municipal de Turismo con miras a la próxima temporada estival.
«Este año, el hecho de que no esté bloqueado el puente General Artigas abre una perspectiva diferente ya que por este motivo en los años anteriores no pudimos hacer promoción en Argentina. La idea es captar visitantes por el día e ir a Colón a distribuir material promocional e invitarlos a que crucen hasta Paysandú», dijo el director municipal de Turismo, Claudio Quintana.
En tanto, la Intendencia ya tiene definida la designación de un nuevo coordinador para el Plan de la Costa, que será un funcionario municipal. «No se hizo un llamado ni se contrató a nadie de afuera sino que en función de cierta trayectoria y experiencia en la gestión municipal será alguien que ya es funcionario de la Intendencia», informó Quintana.
Agregó que en lo que refiere a inversiones en infraestructura en la costa del río Uruguay en Paysandú «la construcción de la rambla, que ya se está ejecutando, es la obra más importante para este año». Otra obra que se pretende dejar lista para el verano es el cerramiento y mejora de baños y parrilleros del camping «Guyunusa».
Apostando a la mejora continua se seguirá con la certificación de Playa Natural, otorgada por el Ministerio de Turismo, y que el verano pasado obtuvieron el Balneario Municipal y Playa Park.
Para obtener la certificación ambiental —que el año pasado alcanzaron cuatro playas del país, entre ellas las dos sanduceras mencionadas anteriormente— es necesario cumplir con exigencias referidas a calidad de agua, suelos y aire, gestión de residuos, servicios y prevención y seguridad. También se realizará una inspección periódica del funcionamiento de los programas a través de un sistema de documentación y registros controlados, que permita la verificación externa de su cumplimiento (auditorías externas). Esta normativa incorpora el concepto de mejora continua como requisito de gestión para mejorar la calidad de vida de los veraneantes y los espacios públicos apostando a la calidad integral y reforzar la marca del país, que es Uruguay Natural.
El uso de la marca Playa Natural Certificada se otorga por plazo de un año al cumplirse con los requisitos establecidos por el Decreto 406/003 de 2003. Involucra controles mensuales y puede renovarse anualmente mediante la realización de una auditoria ambiental externa.
En este marco, para el próximo verano y en acuerdo con organizaciones de discapacitados, se resolvió introducir mejoras para facilitar la accesibilidad en el Balneario Municipal.
«En la zona de los baños de la torre, donde hay una bajada de hormigón se hará una rampa de madera para facilitar el acceso a la playa a las personas con discapacidad pero también de los niños y personas mayores. Nos hemos reunido con instituciones y ellas presentaron esta propuesta para hacerlo ahí porque está la cebra, por la cercanía de los baños y la existencia de una zona de sombra», dijo Quintana.
Señaló también que en la próxima temporada volverá a contarse con servicio de guardavidas y Policía Turística. Una de las metas para el verano es la mejora de aspectos vinculados a la seguridad, temas que habrán de ser definidos en reuniones con el Consejo del Plan de la Costa y autoridades en la materia.
«El cambio en la coordinación no anula las políticas o proyectos definidos para el Plan de la Costa. Los lineamientos, proyectos, ideas han continuado y se seguirán profundizando», sostuvo el director de Turismo.
DE RECREATIVO A TURíSTICO
Quintana agregó que las playas de Paysandú se han ido consolidando como «un espacio de recreación muy significativo para Paysandú» y dijo que esto «para un gobierno progresista es esencial, ya que en el marco del tiempo libre las prácticas de recreación y descanso son un derecho y hay que garantizar a todos el acceso a las mismas».
Sostuvo que este aspecto es reconocido por la población de Paysandú, ya que «encuestas realizadas con fundamento científico», demuestran que «el 80% de la población de Paysandú aprueba la gestión en la costa».
«Se trata de un espacio de recreación que ofrece también muchas oportunidades de empleo para sanduceros y sanduceras; más de 250 personas de forma directa e indirecta trabajan en la costa. Para adelante aún quedan cosas. Poco a poco pero firmes en la tarea, el objetivo es ir convirtiendo este espacio de recreación, en un espacio turístico», dijo.
Al respecto señaló que para lograrlo «no alcanza solo con las playas, o los atardeceres, o con las actividades. Hay que pensar en otras cosas, las islas del río, el propio río, el puerto deportivo y sobre todo algo en lo que se viene trabajando desde hace año y medio ya, que es la concreción de la inversión del hotel en la costa. Hemos apoyado a los propietarios del terreno en las gestiones ante la Junta Departamental, ante el Ministerio de Turismo y otros, y en la articulación con posibles inversores en el proyecto. Hoy solo falta que se comience con la inversión, tarea netamente de los privados. Similar tarea estamos llevando a cabo con el puerto deportivo local, con mucho potencial para el turismo náutico», puntualizó.
PARA NOVIEMBRE
El «paseo costero» está
en obra y «en plazo normal»
Los trabajos de construcción de veredas, cordones, muro, ingresos vehicular y peatonal -entre otros- que forman parte de las obras de la primera parte del llamado «paseo costero», en la Costanera Norte y frente al parque de los niños, se cumplen según el cronograma establecido, y se estima que estarán prontas en «los primeros días de noviembre», dijo a EL TELEGRAFO el arquitecto Juan Ferrer, responsable técnico de los trabajos por la Intendencia de Paysandú.
«La obra arrancó bien, y estamos en el plazo normal y esperado», señaló Ferrer.
En este primer mes de tareas, se realizó lo que técnicamente se denomina «replanteo», que es ver en el mismo lugar, y marcándolo en el piso, dónde se realizarán las distintas obras.
Para ello, la empresa que ganó la licitación, Pagano y Nolla, dispuso de un ingeniero agrónomo que tomó todas las distancias necesarias a efectos de cumplir exactamente con los detalles planificados, se trabajó con los niveles y se marcó la obra. Luego se procedió a realizar los pozos, colocar las varillas y hormigonar los pilotines que serán base del muro que bordeará la vereda, y que se colocaron cada 2,5 metros.
UN CORDóN PROFUNDO
También se marcó donde irá la rampa para descender con lanchas al río, el lugar donde estará emplazada la escalera, donde irán las columnas del alumbrado público y el espacio en que se construirá un pequeño descanso. La colocación del cordón no es tan sencilla como parece, ya que se hace una zanja de 30 centímetros de profundidad, «porque también hace de contención para la vereda», explicó Ruben Funes, funcionario de la Intendencia presente en la obra.
El viernes se trabajaba en la colocación de tosca en la parte donde se va a construir la vereda, «para no trabajar sobre la tierra». Los trabajos de las veredas, «se harán en tramos de 20 metros, para evitar problemas con las dilataciones», dijo por su parte Gustavo Mena, responsable de la obra por la empresa. Señaló que actualmente hay cinco trabajadores en el lugar, uno de ellos con una pequeña pala mecánica. «El hierro que se utiliza para el hormigonado se arma en obra, y también tenemos los moldes metálicos para hacer el cordón», señaló.
Según dijo el arquitecto Ferrer, «el hormigón se va a hacer de a partes, para ir habilitando otros trabajos» para hacer un tramo completo. «No todo el hormigón primero, y todo otro trabajo después», sino todo lo que hay que hacer, cada 20 metros. Eso se hace «para optimizar el trabajo de la gente», explicó el técnico.
El nuevo «paseo costero» quedaría pronto a principios de noviembre «siempre que el tiempo acompañe», aclaró Ferrer, porque cada día de lluvia implica retrasos «y estamos totalmente expuestos y no podemos hacer otra cosa, porque es solo trabajo exterior».
Luego quedaría para hacer otro tramo, que llegará hasta el mirador «Los pájaros pintados».
Nuevas asambleas de colonos contra
ley que asimila propiedades al INC
Integrantes de la Mesa Provisoria de Paysandú que encara gestiones contra la aplicación de la Ley 18.127, que asimila al régimen del Instituto Nacional de Colonización a las tierras que fueron adquiridas bajo el régimen anterior con el Banco Hipotecario, se hicieron presentes este fin de semana en una multitudinaria asamblea realizada en Colonia Larrañaga, ubicada a unos siete kilómetros de Cardona, por la Ruta 12, donde los colonos se manifestaron profundamente disgustados por los efectos de la norma sobre sus propiedades.
Desde Paysandú se trasladaron el Esc. Orlando Buono y el Ing. Agr. Antonio De Souza, quienes junto al Ing. Agr. Martín Aguirrezabala expusieron sobre los alcances de la norma ante unos doscientos colonos, los que acudieron masivamente al irse difundiendo gradualmente las consecuencias de la aplicación de la norma en diversos ámbitos del medio rural.
Buono, en diálogo con EL TELEGRAFO, explicó que «fuimos muy bien recibidos por los colonos, los que no ocultaron su malestar y preocupación por los efectos de esta ley. Realmente nos ha sorprendido tanta concurrencia, una de las mayores con que hemos contado entre diversas asambleas en distintos puntos del país donde existen colonias. Realmente se ha expresado un enorme interés en el tema, y no es para menos. Vemos efervescencia muy grande al respecto, la que es creciente a medida que se acerca la fecha del plazo establecido por el INC para la regularización de las propiedades, que vence el 3 de noviembre». Señaló que a medida que transcurren los días «conocemos más y más perjuicios que provoca esta ley, al afectar el derecho de propiedad, y transmitimos casos concretos a la asamblea».
«Existe creciente disconformidad, evidentemente, incluso más que lo que hemos apreciado en Paysandú y zonas vecinas. Acá también hay miles de hectáreas colonizadas, fuimos entrevistados por la prensa y los propios vecinos con planteos concretos», apuntó Buono. «También nos formularon una serie de preguntas durante la asamblea, y vemos que los problemas que ellos tienen por sus propiedades es realmente muy preocupante».
«La problemática tiene varios casos emblemáticos que se repiten permanentemente, por lo que hemos podido ver, con los mismos bancos. Evidentemente esta ley ha causado profundo malestar también en esta zona», significó.
En la reunión se acordó integrar una mesa provisoria similar a la de Paysandú, para aunar esfuerzos, mantener contactos políticos y trabajar asimismo en la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 18.127. Buono señaló que si bien hubo personas que incluso con asesoramiento profesional manifestaron que no presentarán la documentación ante el INC, personalmente recomendó que se cumpla con la ley inscribiendo los títulos, lo que no quita que se siga con las gestiones a nivel político y a la vez elaborando los documentos a presentar ante la Suprema Corte de Justicia a efectos de la declaración de inconstitucionalidad, desde que aunque confía en que se tienen argumentos firmes para obtener este pronunciamiento, nunca hay garantías absolutas de que efectivamente se llegue a un fallo favorable.

Plazo del INC y presentación de
acciones de inconstitucionalidad
De acuerdo a la Ley 18.127, cuestionada por cientos de colonos en todo el país, los predios que fueron adquiridos por la ley anterior a la 11.029, de 1948, que dio lugar a la formación del Instituto Nacional de Colonización (INC), deben también inscribirse antes del 3 de noviembre de este año ante el instituto, a efectos de la regularización de títulos de propiedad.
Los colonos cuestionan que antes de la vigencia de la 11.029, compraron los predios a través del Banco Hipotecario y terminaron de pagarlos, por lo que tienen la propiedad de los predios de pleno, sin las limitaciones que estableció la 11.029 -recogidas ahora por la 18.127— a los que se acogieron al régimen posterior del INC, que establecen que deben transferirse a otros colonos y contar con la autorización del instituto, entre otros aspectos.
Los reclamantes sostienen que se afecta su derecho a la propiedad, y que se incorporan limitaciones que distorsionan las operaciones de compra-venta, además de afectar precios y posibles negocios.
Como derivación de esta situación, se ha constituido un movimiento que surgió desde Paysandú, que apunta a que el sistema político modifique la norma, ante los perjuicios que provoca por afectar derechos adquiridos, en tanto parelalemente, con el apoyo profesional de los doctores Enrique Malel y Nicolás Olivera se están redactando los documentos a presentar ante la Suprema Corte a efectos de obtener la declaración de inconstitucionalidad de esta ley.
Esta declaración se obtiene caso por caso, por lo que cada afectado debe presentar su propio recurso, con la expectativa de que al generalizarse los pronunciamientos del órgano supremo de Justicia, el Poder Ejecutivo decida dejar sin efecto la ley.
Mientras tanto, el INC reitera que desde el 2 de noviembre de 2007 está vigente la Ley 18.127, que prevé la regularización de títulos y planos de propiedad de los propietarios de tierras que han adquirido fracciones afectadas por el INC sin el consentimiento del ente. Se trata de fracciones rurales que alguna vez pertenecieron al instituto o al Banco Hipoecario del Uruguay, aclara.

Asociación de Escribanos plantea
discrepancias con aspectos de la ley
La filial Paysandú de la Asociación de Escribanos del Uruguay, a través de un comunicado, formuló puntualizaciones y aportes en el marco de la aplicación de la Ley 18.127, que asimila a los predios adquiridos por el Banco Hipotecario a las normas vigentes para los del Instituto Nacional de Colonización.
Los profesionales explicaron a través de un comunicado publicado en EL TELEGRAFO que la filial sanducera ha participado en varias instancias para el estudio del tema, y que comparte la idea de fortalecer al INC así como la regularización de la titulación de tierras.
Sostiene que «la discrepancia esencial que se ha dado en este tema es el de considerar incluidos en los bienes que necesitan autorización del INC para su venta y a favor de adquirentes que hayan sido aceptados como aspirantes de tierras por dicho organismo, los bienes que fueron enajenados antes de la Ley 11.029 que creó dicho Instituto de Colonización en el año 1948».
Plantean los escribanos que «se modifique la ley, eliminando el alcance a todas las colonias (parece comprender a toda colonización privada y anterior al año de creación del INC) y en forma especial a las fracciones que habían sido vendidas originalmente por el Sector Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay».
Recordaron que «durante muchos años el referido instituto nos informó verbalmente e incluso en las oportunidades en que se le solicitó expidió constancias, estableciendo que esas fracciones no estaban comprendidas en la regularización de dicho organismo, y que quienes actuamos con ese convencimiento ahora debemos decirles a los adquirentes que en lugar de comprar bienes libres tienen esa enorme dificultad en cuanto a su valor y posibilidad de negociación».

PROYECTO "URUGUAY DESTINO NATURAL"
Promueven desarrollo de productos turísticos
complementarios a las termas de Almirón
La cooperación internacional financiará proyectos de desarrollo turístico realizados por personas de Guichón, que vienen participando en el Programa de Gestión Ambiental, Desarrollo Cultural y Socio Económico de Comunidades Turísticas del Uruguay, cuyos talleres se imparten en la referida ciudad. La idea es formar un cluster que tenga como centro a las Termas de Almirón y permita la existencia de productos turísticos adicionales, que puedan disfrutar los turistas que lleguen a la zona por sus propios medios o los que adquieran paquetes turísticos que se pondrán a la venta en Montevideo.
Este programa forma parte del proyecto «Uruguay Destino Natural», que desarrollan la cooperativa EcoTours Uruguay y el Centro de Estudios, Análisis y Documentación del Uruguay (CEADU), con el apoyo de la la Unión Europea. Se gestiona en coordinación con la organización no gubernamental italiana CIES (Centro Informazione Educazione allo Sviluppo) y la organización Mundo Afro del Uruguay.
Adrián Stagi, de EcoTours, dijo a EL TELEGRAFO que el objetivo fundamental de este proyecto es «promover el turismo sustentable en Uruguay a partir del apoyo al desarrollo de experiencias incipientes de ecoturismo y turismo cultural en comunidades de bajos recursos del país».
«Para ello, delineamos un Programa de Capacitación de Gestión Ambiental Turística para tres destinos del Uruguay: La Coronilla (Rocha), Guichón (Paysandú) y Palmar (Soriano)», agregó.
Este programa comprende cursos y talleres gratuitos que estarán a cargo de especialistas en el tema, tanto de EcoTours Uruguay como de otras organizaciones no gubernamentales (Vida Silvestre Uruguay y Aves Uruguay) y docentes independientes.
Los cursos que ya se han comenzado a impartir en cada una de las localidades antes mencionadas, tienen un año de duración y tratan temas tales como desarrollo de productos turísticos competitivos, marketing estratégico turístico, observación e identificación de grupos claves de nuestra biodiversidad para el desarrollo de actividades ecoturísticas (aves, mamíferos, flora, etcétera.), ecoturismo en áreas silvestres protegidas, entre otros.
Cada módulo tiene una duración de 20 horas y se desarrollan durante un fin de semana cada 15 días. Los participantes de los talleres son personas de toda edad y variado perfil, desde estudiantes de Ciclo Básico hasta personas mayores y propietarios de emprendimientos vinculados a la actividad turística de la zona de Guichón.
PRéSTAMOS NO
REEMBOLSABLES
La aprobación de los cursos y talleres que componen el programa de capacitación será el condicionante para acceder a los préstamos no reembolsables. Estos están previstos para emprendimientos y pequeños proyectos turísticos a desarrollarse en esas localidades o su zona de influencia, a los que se les dará el seguimiento necesario durante su desarrollo y una vez concretados se les facilitarán las vías de comercialización.
Piensan cerrar así el ciclo en el impulso de sus productos turísticos y de los sitios donde el proyecto se leva a cabo.
«En conclusión, se trata de un proyecto en el que participan instituciones internacionales, extranjeras y estatales de tres departamentos, organizaciones no gubernamentales e individuos. Todos unidos respaldando y trabajando por el desarrollo de experiencias de turismo sustentable en Uruguay y todos bregando hacia la conservación, el desarrollo cultural, la activa participación de las comunidades locales y la interpretación ambiental de su entorno. Potenciarán a esas comunidades, fortaleciéndolas para que participen plenamente de los ingresos originados por las actividades turísticas y para que puedan mejorar la gestión ambiental de los destinos turísticos que poseen», dijo Stagi.
EN TORNO A TERMAS
Para el caso del curso que se desarrolla en Guichón se cuenta con el apoyo de la Intendencia de Paysandú y la Junta Local de Guichón.
El objetivo es trabajar en el desarrollo de productos turísticos complementarios a la actividad del centro termal de Almirón, tales como cabalgatas, turismo cultural y turismo natural.
«Desde la Intendencia se está trabajando para realizar una gestión ambiental en estas termas y nuestro proyecto ayuda en la capacitación de la gente del entorno, para que realicen proyectos complementarios que colaboren en la propuesta de un producto turístico pulido y listo para venderse a través de vías de comercialización con agencias de Montevideo».
«De ese modo se podrá cerrar el circuito, porque de poco serviría tener la gente capacitada y un buen producto si luego no hay posibilidades de venderlo», puntualizó Stagi.

Programa del PNUD convoca a organizaciones
de la sociedad civil del Norte del río Negro
El programa Pequeñas Donaciones del PNUD convoca a presentar proyectos sobre medio ambiente y desarrollo local, a organizaciones de la sociedad civil de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Aquellos que resulten aprobados recibirán donaciones de entre U$S 5.000 y U$S 25.000.
Las propuestas deben abarcar temas como «conservación de biodiversidad, cambio climático, aguas internacionales, degradación de tierras y compuestos orgánicos persistentes, con énfasis en la contribución a los procesos de desarrollo local sustentable de sus comunidades», señalan los organizadores.
Los proyectos que podría abarcar el programa son, por ejemplo, experiencias de cogestión (público-privada) o ecoturismo vinculado a Áreas Protegidas, exclusión de ganado con fines de conservación, rehabilitación de praderas hacia condiciones naturales, recuperación de bosque nativo degradado, colaboración entre ONG con productores rurales, empresas y otros actores privados en el manejo ambiental en áreas rurales, bancos de semillas, sistemas de producción y uso sostenible de especies nativas, o producción orgánica, entre otros.
Como el programa ya realizó una anterior convocatoria a proyectos de educación ambiental, ese tipo de propuestas no serán tenidas en cuenta en este llamado.
Los perfiles de proyecto deben ser presentados entre el 28 de agosto y el 1° de setiembre a las 17, en Canelones 1164 oficina 11, Montevideo. Las consultas se reciben a través del correo electrónico ppd-uruguay@undp.org

Presentan en Casa de Cultura
el Presupuesto Participativo 2008
En la Casa de Cultura, hoy a partir de las 19.30, las máximas autoridades municipales participarán del lanzamiento del Presupuesto Participativo (PP) 2008. El Intendente Pintos, la secretaria general Helena Heinzen, los directores generales, de área y quienes tienen a cargo la puesta en marcha del PP —Guillermo Caraballo como director de Descentralización, Beatriz Jardim como coordinadora del programa y la Comisión de seguimiento recientemente formada—, darán a conocer las bases para que la ciudadanía pueda presentar sus proyectos. También se hará un repaso de las obras e inversiones que se hicieron en el marco del PP en las ediciones anteriores, con una presentación en Power point.
PARA INCLUSIÓN AL SNAP
Avances en los estudios de
los bosques del Queguay
GUICHÓN. (Por Ricardo Cattani).-Fue presentado en la ciudad de Guichón el trabajo «Caracterización de los bosques del Queguay», en el área propuesta para integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), «Rincón de Pérez» y el macizo de los montes del Queguay. La exposición estuvo a cargo del profesor de la Universidad de Lille, Francia, biólogo Pierre Gautreau, en evento organizado por la Unidad Ejecutiva del Área Rincón de Pérez y contó con el apoyo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
En la oportunidad Gautreau indicó a EL TELEGRAFO que «al conocer que en la zona existía un proyecto sobre el tema áreas protegidas, propuse a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas hacer un estudio, que a su vez coincidió con la voluntad del grupo Creativos de Guichón».
El equipo de trabajo estuvo integrado por un guardaparques del departamento de Rocha, dos biólogas pertenecientes a la Facultad de Ciencias del Uruguay, un botánico brasileño y un profesor francés, compañero de Facultad.
El biólogo destacó que «el trabajo tuvo una preparación preliminar en base a fotografías y una recorrida a través de un relevamiento que incluyó la visita de cuatro días a cada uno de los establecimientos de los productores de la zona del Queguay. Hubo un apoyo importante por los actores de la zona y las conclusiones a las que el estudio arribó arrojan que que merece ser incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas», sostuvo el profesional.
Posteriormente a la exposición se abrió una rueda de debate e intercambio de opiniones, finalizando con una reunión donde la Unidad Ejecutora presentó la extracción del punto 9 sobre el plan de gestión del informe de propuesta del Área Protegida Rincón de Pérez de Facultad de Ciencias.
Es así que los trabajos desarrollados en la zona permiten identificar como metas prioritarias el manejo diferencial de micro ambiente, programas interdisciplinarios de investigación y monitoreo, definición de espacios de uso público e ingreso controlado de visitantes, definiciones de criterio de gestión territorial sustentable en el área de influencia que integre el desarrollo de las actividades productivas de la zona, construcción de infraestructura de apoyo a la gestión del área y equipamientos asociados e instrumentación de programas de educación ambiental.
zonificaciones
El informe presentado incluyó adoptar las zonificaciones elaboradas con dos niveles de complejidad, contando con tres categorías ambientales y 16 clases ambientales. Definió como área prioritaria de gestión de la zona de Rincón de Pérez delimitada por la confluencia de los ríos Queguay Chico y Grande y que integra la colonia Juan Gutiérrez y un establecimiento productivo privado correspondientes, aparte de los padrones 691 y 6489, con una superficie total de 3.471 hectáreas, 17,5% del área total a proteger. En el evento participaron el director general de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Paysandú, Jorge Dighiero, el asesor del Area de Desarrollo Rural de la comuna, Roberto Ceriani, el director de Turismo TUT Claudio Quintana, la presidenta de la Junta Local de Guichón, Angela Nuñez, y el secretario Danny Silveira, propietarios y productores de la zona del Queguay, Magdalena Vizcarra, Inés Pucash y Jorge Serrato en representación de Eufores, Carlos Urruty, Marianella Merello y Pablo Valdez por el grupo Creativos, el director del SNAP Guillermo Scarlatto, Martín Bessonart por la Facultad de Ciencias, la coordinadora nacional de los proyectos PNOD Sandra Bazani, Mónica Litosky por el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA), Marcela Trazano de la Comisión Nacional de Patrimonio y Mercedes Figari por la facultad Mario Cassinoni.

La política del ministro
Astori fue cuestionada
por economistas del
propio partido de gobierno
MONTEVIDEO (Por Ted-dy Alvarez). La política económica que lleva adelante el ministro Danilo Astori, fue severamente criticada por técnicos de su propia partido, que la calificaron de continuista respecto a anteriores administraciones. En particular, los cuestionamientos refieren a la redistribución de la riqueza, la falta de apoyo a la integración regional y la extranjerización de la tierra.
En oportunidad de la presentación del libro «El necesario golpe de timón», la Red de Economistas de Izquierda (REDIU), formuló estas críticas al manejo económico que se realiza desde el gobierno y por su parte, consideró que se deben tomar «algunos elementos» de un sistema de retenciones como el que se aplica en Argentina, aunque no toda esa política.
Los técnicos que hablaron durante la presentación del libro, afirmaron que no se está cumpliendo con los aspectos consagrados en el programa de gobierno del Frente Amplio, en el entendido de que no se ha apuntado al «objetivo principal de un gobierno progresista, o de izquierda, que es la redistribución del ingreso».
UN APORTE CRÍTICO
El libro según expresan sus autores, fue concebido con el propósito de aportar una «crítica sobre el proceso socioeconómico de Uruguay» y pretende aportar propuestas «que redunden en una mejor calidad de vida para la población».
«Es un importante compromiso, para defender el interés de los trabajadores en nuestro país», afirmaron.
La obra consta de tres títulos, el principal -que coincide con el principal del libro- «El necesario golpe de timón», y luego tiene otros dos, uno de ellos denominado «50 años de lucha, 3 años de gobierno» y el segundo «El pueblo recuperará su programa».
Con respecto a este último, la REDIU considera que de parte del gobierno no se está respetando el programa del Frente Amplio, y por ello la necesidad de «rescatarlo».
El doctor en Economía e integrante de la Red, Gustavo Melazzi, aseguró que previo a las elecciones de 2004 había «dos consignas claves: otro Uruguay es posible y por un Uruguay productivo», pero sin embargo, «poco se ha avanzado en esa dirección».
Para el experto, la fuerza de gobierno debe hacer un «sinceramiento» y reconocer que «el caos de la crisis ya estaba superado», al momento de asumir el poder el 1º de marzo de 2005.

EN CHILE TAMBIÉN HAY QE PASAR AGOSTO
La inflación enferma al jaguar sudamericano
(Por Horacio R. Brum). Cuando al llegar de Santiago uno sostiene sus primeras conversaciones con los uruguayos, dos temas se hacen repetitivos: lo mal que está la economía del país y lo bien que está Chile. Ni una ni otra idea son totalmente correctas, porque visto desde afuera, Uruguay está bastante mejor que el promedio de las naciones de la región y visto desde adentro, no todo es reluciente bajo la capa de oro que muchos dan a Chile.
Ni siquiera en estos días de preocupación mundial por los precios de los alimentos, es posible para nuestros pesimistas compatriotas imaginar que un kilo de carne picada común cueste 10 dólares o que la misma cantidad de pan, del tipo de las simples rosetas, golpee el presupuesto familiar con más de dos contundentes unidades de la moneda estadounidense. Seis dólares el kilo de pollo, uno y medio el de manzanas y ocho el de chuletas de cerdo, son precios comunes actualmente en los supermercados de la capital chilena, porque la inflación parece haberse quitado la elegante máscara de IPC (Índice de Precios al Consumidor) con que los economistas de este lado de los Andes la disimularon en los años en que era fácilmente controlable. En la época dorada del «milagro chileno», Chile solo tenía IPC; hablar de inflación era hablar de esa América Latina despreciada por pobre y por sus crisis endémicas, y tanto desde los medios como desde los sectores empresariales, e incluso del gobierno, se estimulaba la creencia de que el país era inmune a los avatares de la economía regional y mundial.
La dependencia del gas natural argentino, establecida voluntariamente por los dos primeros gobiernos democráticos y por un empresariado que, sin tener en cuenta el carácter impredecible de la política interna de Argentina, «compró el obelisco» de un suministro constante y barato, fue el primer ariete que golpeó la muralla imaginaria levantada por los chilenos para aislarse de la contaminación de los supuestos males latinoamericanos. Los desastres hechos por el matrimonio Kirchner en la economía de su país provocaron una irregularidad creciente de la provisión del combustible, y en más de una oportunidad las industrias han quedado sin gas y los hogares han recibido solamente lo que quedaba en los gasoductos binacionales, después de los numerosos cortes determinados por las necesidades domésticas de Argentina.
Por otra parte, las «retenciones» que se hicieron famosas —o infames— durante el conflicto de los Kirchner con el sector agropecuario, también tienen su versión en el gas, lo cual significa que en la actualidad Chile paga por él 300% más que lo que pagaba en enero de 2008. Esto quiere decir que un hogar tipo chileno, con cuatro integrantes, paga mensualmente 84 dólares por 58 metros cúbicos, en tanto que el mismo volumen cuesta en Buenos Aires poco más de cinco dólares. En resumidas cuentas, los chilenos están pagando los gigantescos subsidios que permiten al gobierno argentino mantener un precio irreal del gas para sus ciudadanos y evitarse el costo político de adecuar las tarifas a los niveles regionales y mundiales.
La crisis del gas tuvo además repercusión en la energía eléctrica, dado que las centrales generadoras chilenas tuvieron que comenzar a utilizar otros combustibles cada vez que se cortaba el suministro, o pagarlo más caro cuando lo había. Este panorama se complicó con el aumento desmedido del precio del petróleo, el cual a su vez hizo que la nafta comenzara a acercarse peligrosamente a la marca de los dos dólares por litro y el querosén, utilizado en las estufas que dan calefacción a la mayoría de las familias urbanas de escasos recursos, esté ya bordeando el dólar y medio.
Respecto de los alimentos, la Argentina de los Kirchner aparece una vez más como contribuyente a las dificultades de Chile, a causa de la reducción de las exportaciones de carne impuesta por la Casa Rosada. Si bien el déficit está siendo compensado principalmente por Paraguay (56% de las importaciones, con Uruguay en un lejano 9%), en el primer semestre de este año se recibió un 21% menos del producto que en el mismo período de 2007.
Según el ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, un factor interno como la gran sequía del verano pasado creó otras dificultades para el presupuesto familiar, porque subieron las frutas y las verduras. «La inflación ha vuelto a tomar cuerpo», declaró Zahler recientemente a los medios, en una opinión que coincide con la de muchos expertos, de los más variados colores políticos. Un dato concreto es que la tasa acumulada para julio 2007-2008 llegó a 9,5%, ubicándose entre las cinco más altas de Sudamérica y superando, por ejemplo, a Uruguay, que registró oficialmente 8,02%.
Comparada con la inflación real argentina, que no es la del mundo del revés presidido por Cristina Fernández, sino el 25 o 30 por ciento que puede verificar quienquiera que viaje periódicamente a Buenos Aires, o con la del récord sudamericano alcanzado por la Venezuela chavista (32%), la cifra chilena no parece tan preocupante. Sin embargo, pagar 10 dólares por un kilo de carne picada o dos dólares por un kilo de pan, puede complicar la vida de aquellos que ganan 300 dólares mensuales, como sucede con los alrededor de l.500.000 chilenos que reciben el sueldo mínimo nacional.
Cuando el gasto en servicios básicos ha aumentado 33% en un año y una sola persona debe pagar más de 100 dólares por mes por la seguridad de ser atendido adecuadamente en caso de enfermedad, las variaciones de precios son una verdadera amenaza para los presupuestos familiares. Por algo el gobierno de Michelle Bachelet se prepara para repartir subsidios que ayudarán a los pobres a paliar durante el invierno el mayor costo de la energía eléctrica. Como en ocasiones anteriores, la cantidad de gente que recibirá esa ayuda levanta un signo de interrogación sobre las cifras oficiales de pobreza: las estadísticas hablan de poco menos del 13%, pero los subsidios suelen ir a más de 4 millones de personas, cantidad equivalente a la cuarta parte de la población chilena.
Con la referencia de la cifra oficial, el Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho que la situación actual podría hacer subir el número de pobres hasta el 17%. No obstante, la frontera de la pobreza es muy tenue en Chile y está disimulada por una sociedad de consumo en la que es común vivir a crédito, a punto tal que el 60% de las familias tiene deudas que promedian los U$S 5.800 y solamente un 12% cuenta con ahorros. Si la inflación crece más de lo que la población puede soportar, muchos tendrán que revisar el mito económico del «jaguar sudamericano».

Un proyecto de ley prevé importantes
modificaciones al Seguro por Desempleo
Varias modificaciones en el Seguro de Paro son incluidas en un proyecto de ley que fue remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento. La prestación será decreciente y no reduce monto del subsidio.
El proyecto establece que las personas despedidas a partir de los 50 años, puedan tener el beneficio por un año, en lugar de seis meses.
El Seguro de Desempleo también podrá ser compatible con otra actividad. En la actualidad si el trabajador tiene dos trabajos amparados por el seguro y pierde uno, no puede recibir la prestación.
Asimismo, se contempla la posibilidad de percibir la prestación cuando se tienen deudas con el BPS por actividades empresariales. En este caso, podrán percibir el Subsidio por Desempleo imputando las prestaciones a la cancelación de la deuda.
MONTOS DECRECIENTES
En el régimen actual, los trabajadores beneficiarios del seguro de desempleo cobran una prestación uniforme durante todo el período, equivalente al 50% de la remuneración media de los últimos seis meses de actividad.
En el caso de los trabajadores con familia a cargo, los montos resultantes se incrementan un 20%.
La reforma propuesta introduce un esquema de prestaciones decrecientes para el caso de la causal despido.
Dicho esquema supone redistribuir el monto total percibido por el trabajador en el período máximo de cobro (seis meses). Esto permitirá mejorar sensiblemente la prestación en los primeros meses, siendo ésta progresivamente decreciente.
La nueva fórmula persigue el objetivo de aproximar, en mayor medida durante los primeros meses, el monto de la prestación al salario percibido por el trabajador cuando se encontraba en actividad. Así, un trabajador despedido comenzará percibiendo una prestación equivalente al 66% o al 79% del salario promedio de los últimos seis meses de actividad, dependiendo de si tiene o no familiares a cargo. El sexto mes cobrará el 40% del salario, manteniéndose siempre el adicional de 20% en caso de que exista carga familiar.
Complementariamente, el nuevo esquema tiende a favorecer relativamente a los trabajadores que realicen un mayor esfuerzo de búsqueda.
RECESIóN, MíNIMOS
Y MáXIMOS
También podrá aumentarse la duración del subsidio en caso de recesión, pasaría de seis a ocho meses de cobertura, en caso de que se den determinadas condiciones macroeconómicas que indiquen una situación de recesión (crisis). En cuanto a los montos, se duplica el mínimo establecido, pasando a 1 BPC ($ 1.775). A su vez, el monto máximo promedio se mantiene en 8 BPC, pero se adecuan los montos al sistema decreciente de pago. El proyecto prevé también la articulación del Seguro de Desempleo con las políticas activas de empleo. Se establecerá como causal de pérdida del seguro en los casos de causal despido, la inasistencia del beneficiario a los cursos de capacitación que implemente el MTSS a partir del tercer mes en subsidio.
En el caso de la normativa que habilita las prórrogas del goce del seguro, se establecen una serie de obligaciones que demuestren su necesidad.
A su vez en los casos que la causal de envío al seguro sea de suspensión se determina una reducción de los actuales seis a cuatro meses.
OTRAS INNOVACIONES
También proyectan atenuar sensiblemente los efectos de solicitar el subsidio en forma tardía. En el régimen actual, la presentación una vez transcurridos 30 días de la configuración de la causal apareja la pérdida del todo el derecho. Con las modificaciones la solicitud fuera de ese plazo significará la pérdida del beneficio exclusivamente por el o los meses transcurridos en forma completa.
En los casos de la causal suspensión total, el trabajador puede considerarse despedido y reclamar la indemnización una vez completado el período de cuatro meses correspondiente al subsidio por dicha causal.
Finalmente, se amplían las facultades al Poder Ejecutivo para ampliar hasta 30 meses el plazo para generar derecho al subsidio, en cuyo caso los mínimos de trabajo requerido deberán ser de por lo menos nueve meses o 225 jornales.

Camioneta Bradford 1951
muy bien restaurada
Las camionetas o pick-ups de la marca inglesa Bradford llegaron a nuestro país, o por lo menos a Paysandú, cuando la década del ‘40 se iba cerrando, y en los comienzos de los años ‘50, según marca nuestra memoria y también las consultas hechas a algunos memoriosos.
Pocas sobrevivieron al paso de los años, como ocurrió a tantos otros vehículos similares, como por ejemplo las Commer. Sin embargo, siempre aparece la excepción, y en el caso de las Bradford llegó en forma fortuita. Tanto, que la encontramos estacionada en plena 18 de Julio, mientras su propietario hacía diligencias en el centro.
Está impecablemente restaurada, luego de un trabajo que en términos generales demandó cinco años.
EN ROJO Y NEGRO
Su propietario es Gastón Núñez y nos contó que la camioneta perteneció a su abuelo Héctor Tortorella, que se la había regalado a su hijo Marcelo.
Hace cinco años comenzó la restauración total y cuando la encontramos hacía solo tres días que había empezado a circular.
Es impulsada por su motor original de 2 cilindros, que fue rectificado.
Fue completamente desarmada y se le hizo un repaso general, hubo cambios de algunos elementos, se hizo a nuevo la chapa y fue pintada de rojo, con los guardabarros y paragolpes de negro, en una tarea realizada por Alfredo Runde.
En su frontal destaca la amplia parrilla de barras verticales, con gruesos bordes y una franja central cromada. Los faroles están instalados sobre los guardabarros, el torpedo es triangular y el parabrisas plano.
Los guardabarros son redondeados, tiene una pequeña caja metálica dentro de la cual se ubican dos ruedas auxiliares.
Los estribos, negros, tienen en su parte superior una chapa con molduras que le permiten ofrecer un efecto antideslizante y además, allí es posible limpiarse el calzado antes de ingresar al habitáculo. Este da cabida a dos personas, tiene el volante forrado, le fue incorporada una radio y el tapizado está combinado, en gris y negro.
Un vehículo útil, fuerte pese a su tamaño, y en este caso restaurado en excelente forma.
APUNTES TéCNICOS
Motor: original de 2 cilindros.
Caja de cambios: de 2 marchas y reversa.
Embrague: monodisco.
Encendido: de 12 voltios.
Frenos: a varilla.
Suspensión: con elásticos.
Dirección: a sector y sinfín.
HISTORIA: 1863
Paysandú declarada ciudad (IV)
Finalmente:
«Entrados en discusión, el diputado Pedro P. Díaz opuso como reparo el sin objeto de la nueva ley, pues en nada se modificaba la situación de las localidades aludidas porque dieran en llamarse ciudades en vez de villas o pueblos, desde que ninguna ventaja, fuero o privilegio podía emanar constitucionalmente de la denominación que se les acordara».
«Replicole su colega Diago diciendo que no se trataba de beneficios o ventajas de orden material sino de una satisfacción moral a los habitantes, exenta de todo móvil particular o secundario».
«El proyecto sustitutivo de la Comisión, que fue votado según queda dicho, estaba concebido del siguiente modo:»
«Art. 1º - Elévanse al rango de ciudades las villas del Salto y Paysandú, desde que sean llenadas las siguientes prescripciones:»
«1º- Las Juntas Económico Administrativas de los departamentos de Salto y Paysandú, harán levantar planos topográficos de sus respectivas villas, cabezas de departamento, con expresión de los Ejidos, de las localidades que estén o no pobladas y de las que pertenezcan al Fisco o a particulares».
«2º - Las mismas Junta E. Administrativas mandarán formar el censo de la población establecida en sus jurisdicciones respectivas, con designación de la profesión, arte u oficio, fortuna, nacionalidad, edad, estado y residencia y de los que sepan leer y escribir».
«Art. 2º - Cumplidas que sean las referidas prescripciones, el P.E. expedirá los títulos correspondientes a las ciudades de Salto y Paysandú».
«Art. 3º - Comuníquese, etc.».
«Demasiado lento en su paso por la Cámara de Diputados, la tramitación del proyecto en el Senado tampoco fue presta, pues demoró un año en aprobarla».
«Solamente el 8 de junio de 1863, la ley elevando a Paysandú a la categoría de ciudad tuvo puesto el cúmplase constitucional, que firman el presidente de la República Bernardo P. Berro y su ministro de Gobierno Silvestre Sienra».
