El presidente Tabaré Vázquez expresó su apoyo al embajador Carlos Abín, pero junto al ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, dispuso una investigación administrativa por la demora en el trámite de extradición de Jorge Tróccoli.

Luego de la visita a la planta automotriz de armado de vehículos chinos Chery-Socma, Vázquez afirmó que desde el punto de vista moral y ético y de su compromiso político y con los derechos humanos, Abín le merece «todas las garantías. Con respecto a los hechos, —lo he comunicado personalmente al propio embajador la semana pasada cuando hablé con él—, se van a realizar las investigaciones correspondientes. Lo dispusimos nosotros y Cancillería. Y yo personalmente se lo comuniqué al señor embajador. Pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, compromiso político, no me cabe la menor duda de la honestidad en los procedimientos del embajador», dijo.

Señaló que si la investigación demuestra que existió omisión o negligencia por la representación uruguaya, se reconocerá el error, aunque destacó que existen mecanismos jurídicos que pueden revertir esta situación. Agregó que se continuará trabajando en el tema de los derechos humanos, como siempre lo ha hecho este gobierno, desde su asunción.

Por otra parte, el diputado colorado Washington Abdala reveló en el Parlamento que el embajador Carlos Abín no se encontraba en Italia cuando llegó la documentación para concretar la extradición del capitán Jorge Troccoli. El legislador mostró copias de pasajes de avión a nombre de Abín con salida de Roma el 17 de marzo y regreso el 23, cuyo destino fue Barcelona.

Por otra parte, ante la pregunta de si el gobierno cumplió con el 4,5% del PBI para la Educación Pública, Vázquez dijo que no tiene dudas de ello y anunció que los 166 millones de pesos que estaban pendientes ya fueron destinados para la educación.

La senadora Margarita Percovich, junto al diputado Aníbal Pereyra, informó que durante la reunión de acuerdos ministeriales, los titulares de Economía y Educación entregaron a la bancada oficialista un informe conteniendo los lineamientos generales para la Rendición de Cuentas del ejercicio 2007, los aspectos programáticos de la Ley de Educación y las metas del gobierno hacia 2009 y 2010.

Percovich señaló que estos lineamientos refuerzan los datos de las variables y los escenarios macroeconómicos del país durante el último año, así como las tendencias y decisiones adoptadas al respecto.

Con relación a la Ley de Educación, la legisladora destacó la importancia de que por primera vez exista un marco integral para la educación de Uruguay.

Consultado sobre la posibilidad de que los legisladores modifiquen la Rendición de Cuentas otorgando más rubros a salarios, Pereyra recordó que al comienzo de este quinquenio el gobierno determinó prioridades, partiendo de la base de la situación que vivía el país. En tal sentido, priorizó la educación, lo que implica que en cuatro años de gobierno se pasó de 400 millones de dólares a 1.500 millones.

Pereyra dijo que nadie discute que un salario de maestro, que ronda los 8.000 pesos, esté mal, pero dijo que nadie puede olvidar que cuando asumió este gobierno un maestro ganaba 4.200 pesos. Esta situación grafica esos avances en materia de educación, como salud, y otras prioridades que este gobierno marcó a la hora de establecer el presupuesto quinquenal.

Asimismo, destacó la importancia no sólo de mejorar salarios sino de crear un mejor ámbito de trabajo para alumnos y docentes. Al respecto citó la cantidad de alumnos en una clase, la calidad de la infraestructura, los apoyos específicos interdisciplinarios y multidisciplinarios que necesitan los docentes y los apoyos externos de una educación integral de otros organismos del Estado.

Percovich dijo que estos temas deberán ser discutidos con los propios gremios, quienes son los que reclaman estos apoyos y que es necesario darles respuesta para que en el largo plazo se cumpla con el gran objetivo de la educación que es tener incluidos a todos los niños y adolescentes. Por su parte, la ministra de Educación y Cultura, María Simon, evaluó positivamente el encuentro con los legisladores en el cual se trató el proyecto de Ley de Educación. Dijo que existe plena coincidencia en la importancia del centro educativo más allá del lugar donde se imparte educación, como centro social del barrio, donde participen alumnos, padres, referentes sociales y docentes.

Simon agregó que hubo consultas en relación a la participación de los no docentes, la cual es posible en un colectivo de carácter consultivo que pueda presentar propuestas para el centro, atendiendo a la diversidad, en cuanto a que no en todos los centros deben hacerse exactamente las mismas actividades, cumpliendo sí con una base de educación absolutamente necesaria.

La ministra confirmó que se reunirá con los gremios de la enseñanza, en una agenda que abarca diversas reuniones con varias instancias.

Por su parte, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) envió a ministros y legisladores una carta en la que le recuerdan «el compromiso histórico del Frente Amplio con los principios de autonomía y cogobierno para la educación pública» y tal como se ratificó en el último congreso de la fuerza política.

Los gremios de la enseñanza reclaman autonomía y cogobierno, como posee actualmente la Universidad de la República, y rechazan que el Poder Ejecutivo designe autoridades de la Anep.

El gobierno extendió las medidas de ahorro energético obligatorias, que ya regían para el sector público, al sector privado, debido a una «preocupante» situación, dijo el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Gerardo Gadea.

«La situación (energética) no es de las mejores, sigue siendo preocupante y es por lo tanto necesario ingresar en una fase 2 de ahorro», por lo que el nuevo decreto «amplía las medidas obligatorias» también al sector residencial y comercial, dijo Gadea.

En el sector residencial se plantea inhabilitar 50% de los ascensores en edificios, 50% de las escaleras mecánicas, así como la iluminación de porches, patios y fachadas, aunque «sin afectar la seguridad», señaló el jerarca. Para el sector comercial, «se obliga a mantener apagados los equipos eléctricos para exhibición y venta, apagados el 50% de la iluminación interior de los estacionamientos, apagado el 50% de los avisos luminosos, el 50% de las luces de vidriera».

En tanto, no se podrán realizar espectáculos públicos nocturnos, dijo Gadea, quien aclaró que «ante incumplimientos está previsto sanciones», aunque no especificó su tenor. Por otra parte, el vicepresidente de UTE, Pedro de Aurrecoechea, anunció que desde el fin de semana comenzaron a llegar a Uruguay 200 megavatios desde Brasil, a través del territorio argentino, lo que «asegurará el abastecimiento», aunque el costo de esa energía, generada en plantas a gasoil, «es altísimo».

La enseñanza del idioma portugués es impartida por 46 maestros que atienden a 4.000 escolares, distribuidos en 130 aulas de 17 escuelas, desde Bella Unión al Chuy. La ministra de Educación y Cultura, María Simón, encabezó el acto en el cual la Embajada de Portugal y el Instituto Camoes, donaron material bibliográfico al Programa de Segundas Lenguas de la Anep.

Los libros, de contenido gramático, ortográfico y de literatura, están destinados a las escuelas incluidas en el Programa de Inmersión Dual Español-Portugués. Algunos de los objetivos del programa son promover el uso de ambos idiomas y dialectos, respetar y valorizar la variedad lingüística fronteriza, así como desarrollar la oralidad y la escritura en español y en portugués.