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La
inflación tiene quien la aliente
La nueva suba en el precio de los combustibles, sobre todo del
gasoil, que afecta directamente a los sectores productivos y al
transporte, es un ingrediente inflacionario que seguramente va a
echar por tierra con la tregua que había dado abril en la suba de
precios, cuando el Índice de Precios al Consumo había arrojado un
alentador 0,33 por ciento. La suba del precio internacional del
crudo ha sido determinante para que los combustibles estén
incidiendo cada vez en forma más generosa sobre los costos de los
formadores de precios, a la vez de generar expectativas que los
operadores tratan de cubrir con subas ante la eventualidad de nuevas
alzas, contribuyendo así a realimentar la espiral inflacionaria.
Es
que la inflación tiene un alto componente de expectativas y no
alcanza con que el dólar se mantenga «planchado» para contener
los precios, desde que hay otros elementos que pesan en los costos y
que son determinantes para que también tengamos inflación en
dólares, incluyendo a los salarios. Con el gasoil el país viene
arrastrando problemas que datan ya desde hace muchos años, cuando
se instrumentó la decisión política por la cual se establecieron
subsidios cruzados entre las naftas y el gasoil, con las primeras
subsidiando al carburante diesel, en el entendido de que éste es
extensamente utilizado por los sectores productivos y el transporte,
como una forma de abatir costos.
Pero
claro, los usuarios percibieron el mensaje y gradualmente se fue «dieselizando»
el parque automotor, al punto de que la demanda de gasoil triplica
la de las naftas, y como la refinería de Ancap produce un volumen
más o menos equivalente de ambos combustibles a partir del crudo
que procesa, se llegó a esta enorme distorsión en la demanda.
Como
directa consecuencia de estas políticas, Uruguay todavía debe
seguir importando gasoil para atender esta sobredemanda, y a la vez
vender las naftas que le sobran como consecuencia del refinado del
crudo en La Teja. La situación hubiera sido muy distinta si nuestro
país importara combustibles refinados, porque de esta forma
compraría solo los volúmenes que necesita, pero para defender una
presunta «soberanía» y sobre todo la burocracia de Ancap, se
mantuvo contra viento y marea este esquema irracional. La
Administración Vázquez ha continuado con la tendencia anterior de
tender a equiparar los precios de ambos carburantes, y es así que
gradualmente, mediante modificaciones en la carga tributaria, el
gasoil ha subido de precio en mayor proporción que las naftas, al
punto que en el último reajuste del 5,3 por ciento, el carburante
diesel se vende ya por encima del precio de la nafta común y casi
al mismo valor que la súper. Igualmente, se mantiene la distorsión
en la demanda, aunque se ha reducido, al mantenerse circulando gran
parte del viejo parque automotor, y pese a que prácticamente ya
nadie compra gasoleros de paseo cero kilómetro, persiste un
sobreconsumo de gasoil que obliga a compras adicionales en el
exterior. El punto es que si bien las empresas que trabajan dentro
de la legalidad pueden descontar IVA hasta cierto tope para sus
compras de gasoil, los sucesivos incrementos inciden negativamente
en los costos, y hay sectores de pequeños productores que no tienen
esta posibilidad, por lo que deben trasladar la suba a los productos
con los que trabajan. Por otro lado, estamos en año preelectoral,
con el Poder Ejecutivo anunciando que va a gastar 319 millones de
dólares más en la rendición de cuentas, en lo que apunta como un
nuevo carnaval electoral, con el Estado gastando dinero a manos
llenas por la vía de la imprevista generosidad del
ministro-candidato Danilo Astori.
Ante
este escenario, el gobierno debería poner las barbas en remojo y
hacer lo que se debe hacer: contener el gasto, para no oprimir más
a los sectores productivos y a los consumidores, y analizar cuanto
antes fórmulas para que esos 300 millones de dólares se vuelquen
realmente a abatir los costos que afectan a los sectores reales de
la economía.
Lo
que sería una actitud racional, para no someter al país a los
avatares que inevitablemente sobrevendrán si por intereses
político-electorales se continúa «tirando la pelota para
adelante», le toque a quien le toque.
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Circulación
ágil
«No queremos más estacionamientos, sino que los camiones no
estacionen, queremos que circulen», plantearon los representantes de
las gremiales de camioneros que integran la Intergremial de Transporte
Profesional de Cargas ante la Comisión de Transporte de la Cámara de
Diputados. Les preocupan los problemas que afectan a los
transportistas en los pasos de frontera, tanto con Brasil como con
Argentina y los reclamos son a simple vista atendibles.
En
la frontera con Brasil el paro de los aduaneros ya cumplió 50 días y
en la frontera con Argentina la realidad es también adversa en el
tránsito, impedidos por piqueteros en el puente «General San
Martín» y profundas demoras para concretar la tramitación
correspondiente en el «General José Artigas».
Más
allá de los perjuicios económicos para las empresas transportistas,
que seguramente son elevados y preocupan al sector como tal, están
también los inconvenientes personales que deben sobrellevar los
choferes para cumplir con la entrega de la carga. El abarrotamiento de
camiones en las inmediaciones del puente internacional que une
Paysandú con Colón es tan evidente como lo son las condiciones en
las que deben permanecer los trabajadores que los conducen. Allí los
vimos esperar bajo el implacable sol del verano y ahora con los
incipientes fríos permanecer estoicos sin una infraestructura mínima
que les permita cumplir con necesidades tan básicas como comer o
bañarse en un espacio adecuado. La gremial informó que el promedio
de demora va entre dos y cuatro días, tiempo que demorarán en poder
regresar a sus domicilios, ya que mientras el camión permanece
cargado custodiar la carga es su responsabilidad.
A
dos años de implementado el corte del puente «Gral. San Martín» el
proyectado espacio para estacionamiento es una alternativa que deberá
gestionarse con celeridad. Sin embargo, parece correcto que los
esfuerzos se concentren en garantizar un ritmo fluido de circulación.
Para permitir que los camiones cumplan en tiempo y forma su
tramitación y sean liberados rápidamente no deben eliminarse
controles ni trámites vitales, sino optimizar los procedimientos. En
atención a las necesidades humanas de los camioneros, atender algunos
de los requerimientos planteados resulta urgente.
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