Ediles nacionalistas expresaron su cuestionamiento a la actitud de la bancada del Frente Amplio y anunciaron que seguirán con diversas instancias contempladas en la normativa ante la decisión en sesión secreta de la Junta Departamental de desechar la posibilidad de conformar una comisión investigadora sobre presuntos hechos de corrupción protagonizados por el presidente del cuerpo.
Los ediles Claudio Zanoniani, Javier Pizzorno y Marcelo Tortorella consideraron que en el tratamiento del tema en sesión secreta del cuerpo se contó con la presencia y voto del propio denunciado, que es el edil Ricardo Ambroa, del Frente Amplio, quien a juicio de los ediles blancos votó en favor de sí mismo, de no investigarse, en el tratamiento del tema.
Explicaron a EL TELEGRAFO que ante denuncias de sobreprecios en contrataciones de servicios y la eventual participación de una funcionaria administrativa en actos considerados por lo menos como irregulares, se formó una comisión preinvestigadora y se analizó el planteo de integrar una comisión investigadora de los hechos, lo que fue desestimado en sesión secreta de la Junta Departamental por la mayoría “regimentada” de los ediles del Frente Amplio.
Tortorella dijo que el Partido Nacional “tuvo conocimiento de presuntos hechos de corrupción, a nivel de la Junta Departamental, de los que sería principal actor el presidente Ricardo Ambroa”, a partir de lo cual “solicitamos la conformación de una comisión investigadora para determinar, en aras de la transparencia y la probidad administrativa, si eran ciertos o no estos hechos”.
“Para tratar el tema el Frente Amplio dispuso una sesión secreta, pero además en esa sesión secreta participó, presidiéndola, quien no debía haber participado, es decir el propio Ambroa”, acotó.
En la misma línea, Zanoniani y Pizzorno cuestionaron que “el principal implicado estuviera presente en la sesión, cuando no puede hacerlo, de acuerdo con lo que establece el artículo 42 de la ley 9.515, y no obstante, es aún un escándalo mayor que él mismo se votó para no ser investigado”.
“Esto no solo es cuestionable desde el punto de vista moral sino también jurídico”, por cuanto “no tendría ni que haber estado en esa sesión. Le advertimos además que no podía estar en la sesión, pese a lo cual se siguió adelante, y también le señalamos a una funcionaria que no podía estar, pero sin embargo se quedó. Esto está prohibido por la normativa legal vigente y el reglamento de la Junta”, acotaron.
“Para nosotros esta sesión tiene la característica de nulidad absoluta, como lo indica el artículo de la 9.515”, agregaron, y en cuanto a las instancias a seguir dijeron que “lo estamos analizando, porque estamos viendo si es un acto administrativo o no y en caso de ser un acto administrativo podría ser revocado por los recursos correspondientes. Pero eso sería en una instancia posterior, porque todavía estamos con los tiempos legales para hacerlo y no nos vamos a apresurar en la solución”.
Pizzorno subrayó que a través de los elementos recogidos en la preinvestigadora, “hay mérito para que haya una investigadora”, aunque no necesariamente “esos elementos dicen que sea culpable, sino que se debe investigar, que hay indicios de corrupción. Esto fue precisamente lo que no se ha dejado hacer por el Frente Amplio y con el voto de quien es precisamente el presunto involucrado”.
