Este año que finaliza, el Parlamento sancionó una discutida Rendición de Cuentas anual en setiembre, ajustó algunos aspectos contenidos en la ley de inclusión financiera, aprobó el nuevo Código de Proceso Penal que ha posibilitado un menor ingreso de delincuentes a las cárceles, a raíz de nuevos procedimientos, acordó una solución a los “cincuentones”, promulgó un nuevo delito contenido en el femicidio y ahora apura la votación de la ley integral de violencia, en medio de un discurso ideológico basado en la teoría del género pero con la mirada hacia un único lado.
Y poca sustancia más, porque ha sido un período debatido con un partido de gobierno que primero perdió la mayoría, con la autoexclusión de Gonzalo Mujica y recuperó después con la entrega de su bancada al MPP. Ahora discute la reforma de la Caja Militar, con el recelo de la oposición que argumenta inconstitucionalidades varias y pone un freno a futuras acciones que seguramente se presentarán, más allá del objetivo planteado por el Gobierno. Con todo, el Ejecutivo teme un aumento del gasto estatal y la imposibilidad de bajar un duro déficit fiscal, a pesar de las metas establecidas por el ministro Danilo Astori.
La conducta de los parlamentarios ya se pudo observar en la Cámara de Diputados con la ley de los “cincuentones”, que reveló un problema interno en la fuerza política y fundamentalmente en el manejo de los número porque la iniciativa del Poder Ejecutivo que, en primera instancia, contó con el aval de Astori ante el costo de U$S 2.500 millones, lo retiró después al enterarse en medio de la discusión política que costaba casi el doble. Así el Frente Amplio tuvo que negociar a contrarreloj y con una carga frenética de declaraciones cruzadas, donde se supo que el secretario de Estado presentaría su renuncia si la iniciativa se promulgaba tal como fue enviada por el Poder Ejecutivo. Finalmente triunfó una fórmula intermedia, bajo una costumbre que crece y se ha tornado habitual en algunos legisladores oficialistas y es la denuncia mediática de aquellos que tengan la osadía de oponerse, tanto a esta medida como a otras y que han adoptado sindicatos y organizaciones que olvidaron el basamento republicano, aunque griten en la calle a favor de la tolerancia y el régimen democrático. Así sucedió con la ley que endurece las penas para el delito de femicidio y de igual forma se observa, ante el tratamiento de la ley integran de violencia basada en género.
Setiembre resultó particular por las denuncias basadas en investigaciones periodísticas que revelaron una fina trama en el uso de las tarjetas corporativas por Raúl Sendic, mientras cumplía funciones al frente del directorio de Ancap, que concluyó en la presentación de su renuncia ante el evidente distanciamiento del presidente Tabaré Vázquez, quien tuvo mucho que ver en la decisión adoptada por el entonces vicepresidente, a pesar de las declaraciones públicas al finalizar un consejo de ministros que desveló la brecha existente entre ambos.
Y con la asunción de Lucía Topolansky se confirmó una tendencia y el poderío de su figura, además de impedir cumplir con su palabra de retirarse junto a su esposo, el senador José Mujica, a poco de comenzar la legislatura en 2017.
Mientras tanto, es notorio que el Frente Amplio es reticente a aprobar los proyectos de ley sobre discapacidad y nocturnidad porque teme espantar a las inversiones que se instalen en los próximos dos años, en tanto se visualiza que claramente se aleja de los escenarios regulados a los que antes apostaba y votaba con las dos manos.
Pero tampoco se adormecerá en el limbo porque –justo es decirlo– necesitará de un escenario favorable antes de la campaña electoral y esos votos resultan imprescindibles. Una de las propuestas presentadas por Óscar Andrade, cuando era diputado del Partido Comunista establece que las empresas privadas con más de 25 trabajadores deberán tener en su planilla al menos 4% de personas con discapacidad, de lo contrario serán multadas. El mensaje vino del Ejecutivo porque el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se quejó de la falta de consultas ante la redacción del texto y hoy no se encuentra en el orden del día de la comisión de Legislación de la cámara alta, si bien cuenta con la aprobación en diputados.
Mientras tanto, el Pit Cnt lleva adelante la recolección de firmas para que el Senado apruebe el proyecto, con miras a alcanzar 500.000 firmas, que representan una por discapacitado en el país. Paralelamente, una iniciativa de similares características no se cumple en el ámbito público, por tanto el Estado es el primer omiso en respetar esta ley.
También salió del orden del día el trabajo nocturno y las modificaciones a la ley aprobada hace dos años que obliga a abonar una compensación de 20 % a quienes trabajan de 22 a 6 y durante cinco horas consecutivas. La nueva ley a estudio –que tiene media sanción de Diputados– elimina el requisito de cinco horas y obliga también a quienes trabajen menos de cinco horas consecutivas. Claro que la tranca obedece a que el propio Estado se mira en un espejo de erogaciones que deberá cumplir porque cuenta con diversas áreas que cumplen tareas en la horarios nocturnos. En una y otra iniciativa hay voluntad de estudio con detenimiento ante los problemas que acarreará hacia el futuro.
Asimismo, hay una clara diferencia entre las prioridades del Gobierno y las que maneja su fuerza política, porque mientras el Poder Ejecutivo ha manifestado la necesidad de firmar un TLC y un acuerdo de cooperación en materia de patentes con Chile, que padece una duermevela en la Comisión de Asuntos Internacionales de Senadores desde abril, a la espera del nuevo escenario político que se dilucidó el fin de semana.
Como sea, el escenario planteado en 2018 no es menos complejo y tal como lo analizó la Mesa Nacional de Asamblea Uruguay –el sector fundado por Astori– la fuerza política adolece de “un inmediatismo sectario”, porque “enarbolamos la bandera de la unidad y al mismo tiempo erosionamos la actitud de búsqueda de acuerdos”. Y ocurre que esos acuerdos no se alcanzan si antes no atraviesan por altos discursos mediáticos con velos de protagonismos que flaco favor le hacen a la figura de un gobernante.
Un año discutido
