MONTEVIDEO, 12. (Por Enrique Julio Sánchez). El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, propuso en el Congreso de Intendentes la necesidad de considerar si la empresa informática que trabaja para República Afisa, que a su vez administra el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), “puede cumplir con las exigencias que se le plantean” o, en caso contrario, determinar una posible terminación del contrato con la administradora de fideicomisos.
En el medio de la discusión para la puesta en marcha del Plan de Regularización de Adeudos, que podría comenzar en junio o julio venideros, siempre y cuando la empresa informática pueda cumplir con las adaptaciones de programación, el intendente propuso esa idea.
Orsi, intendente de Canelones y presidente de la Comisión del Sucive, indicó no obstante, que darse como plazo “hasta el próximo plenario”, como era la idea inicial de Botana, “quizás no sea suficiente”. Agregó que “estoy de acuerdo en que todo debe ser revisado, pero eso no quiere decir que no pueda llegar a acordar con los técnicos, una vez que expliquen las razones de la demora. Eso ocurrirá en los próximos días”.
Ante eso, Botana dio marcha atrás indicando que “me gusta apoyar a un presidente (de comisión) que no solamente hace bien su trabajo sino que lo defiende”.
La clave del planteo de Botana reside en la necesidad de ir hacia el programa de contralor, para el cual se hace necesario cambios en el programa informático. Una de las formas de contralor es a través del uso de unidades móviles de control vehicular. El consejero César García Acosta, que integra la comisión del Sucive, subrayó que “es posible desde el punto de vista técnico”. En un período de prueba, en el cual se fotografía desde un vehículo las patentes de rodados para comprobar si deben “dos o más cuotas de patente de rodados”, se tomaron “200.000 imágenes, de las cuales 113.000 son utilizables, determinándose en esa prueba 20.000 deudores. Tomando como base 2.500 de multa por cada caso, estamos hablando de 50 millones de pesos. En dos años, se podrá reducir la morosidad en un 80%. Sabemos que actualmente, a nivel nacional, la deuda por patente es del 20%. Estamos hablando de una recaudación nacional de 500 millones de pesos. No solo con el uso de vehículos, sino también utilizando las cámaras de los peajes en el territorio nacional, convenio que además ya ha sido firmado. Al pasar por los peajes, los vehículos serán controlados, si están al día o si deben dos o más cuotas, caso en el que serán pasibles de multas”.
Pero, “el plazo será del 10 de julio, se puede discutir un poco pero no se llegará antes del 1º de julio. Unos días antes, nada más. Eso lleva a que el contralor de pago de patentes podría comenzarse en setiembre”, agregó García.
Botana expuso su molestia por la demora, en la medida que “nos están cobrando tres millones de pesos y no ofrecen un trabajo en el tiempo que yo considero debe ser, esto es el mínimo posible. Por lo tanto, mociono que en el próximo congreso consideremos si seguimos con esta empresa o buscamos otra”.
García, empero, explicó que “el sistema es de 2010, cuando el Sucive tenía menos objetivos. Con las modificaciones a introducirse, incluso se podrá pagar multas de tránsito de cualquier intendencia en cualquier otra. Hay que hacer cambios informáticos, y el momento es ahora”.
DEFINIR CONVENIO POR
SALARIO MÍNIMO MUNICIPAL
El intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, convocó a sus pares a “tomar una definición” en torno al planteo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de establecer una carta de intención “en los temas de seguridad y empleo”. El primer documento en ese sentido es de noviembre de 2015 y “como se recuerda hizo que vinieran dos ministros al congreso”.
“El gobierno reitera la necesidad de iniciar el camino de la negociación colectiva y propone firmar una carta intención de ocho puntos, que no ofrece mayores complejidades, excepto en el punto tres, donde se establece un sueldo mínimo nacional para funcionarios municipales”, agregó, al informar de una reunión que mantuvo el congreso con el ministro del área, Ernesto Murro.
“Entiendo que se hace necesario reimpulsar este asunto, porque nos comprometimos a tomar una decisión en sesenta días, que están en curso desde febrero pasado, definiendo si se avanza en la línea que se solicita por el ministro Murro, o si la decisión es contraria”, agregó el intendente de Paysandú.
La clave del tema, y lo que detiene la decisión de parte de los intendentes, es el convenio marco que en principio -como lo dejaron en claro los ministros Risso y Murro cuando fueron recibidos por el Congreso- hace hincapié en seguridad y salud en el trabajo. “Por eso vinieron dos ministros al Congreso”, subrayó Caraballo. Hay temas, como reconoció el intendente sanducero, “de fácil acuerdo, como es el caso del programa de turismo social para los trabajadores municipales y sus familias”. Pero el salario mínimo nacional “tendrá más complejidades”.
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