El edil frenteamplista Jorge Dighiero expuso una serie de datos en la media hora previa de la última sesión de la Junta Departamental, que –a su juicio– son reveladores del apoyo que los gobiernos de izquierda han dado a las actividades agropecuarias, pese a los planteos que han surgido últimamente.
Evaluó que “está claro que este período progresista ha logrado, gracias a los apoyos focalizados, generar un sector agrario diferente y mucho más fortalecido, sobre todo en lo referido al área salarial, a los pequeños productores. Es un sector que produce alrededor del 7% del PBI nacional, pero participa en las cadenas que componen el 76% de las exportaciones. Está compuesto por 44.890 explotaciones, de las cuales 42.114 son del área ganadera, que comprende a 36.994 explotaciones de menos de 500 hectáreas, representando el 82% del total, pero ocupan solo el 22,25% de la superficie total; 20.751 son explotaciones familiares que, siendo del orden del 45% del total, ocupan el 15% del área agraria”.
Otros datos expuestos por el edil de la coalición de izquierda señalan que “la ruralidad uruguaya está habitada por 70.000 asalariados, más casi 21.000 productores que con sus familias totalizan unas 40.000 personas. Todo lo señalado muestra la heterogeneidad que desde todas sus aristas caracteriza al sector. Este aporta a la DGI entre 270 y 300 millones de dólares por año y recibe apoyo por una cifra similar. Creemos que el enorme cambio que produjo la política progresista en el sector, teniendo en cuenta los Consejos de Salarios y la ley de las ocho horas para el trabajador rural, ha logrado que la apropiación del salario aumentara en términos reales un 80% con respecto a la etapa anterior”.
Enfatizó que “en materia de salud, el Estado volcó el doble de lo que recibió de este sector; en términos de seguridad social, lo volcado es tres veces más de lo que recauda. En 2017, más de 11.000 explotaciones agrarias de pequeños productores familiares exoneran la mitad de los aportes patronales al BPS, cifra equivalente a 5.600.000 dólares. Más aún, los pequeños y medianos productores reciben un tratamiento favorable en el pago de los impuestos de Primaria y el Patrimonio. La realidad es que que los habitantes de la campaña han tenido una importante mejora debido a las políticas salariales, a las redes de protección social, a las Mesas de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en los distintos departamentos, a la ley de las ocho horas, etcétera, que han permitido que el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza se haya abatido, pasando del 16% en 2006, al 2,1% en 2017”.
Trajo a colación además que “el Instituto Nacional de Colonización (INC) en el período progresista incorporó a las 500.000 hectáreas que históricamente manejó, 118.000 con criterio de asignación social al uso de la tierra y sin ningún sesgo de adjudicación por otras razones que no sea por su carta orgánica.
Desde 2008 a la fecha, el sector recibió apoyo a 727 proyectos de diferente índole, mayormente dirigidos a pequeños y medianos productores, por unos mil millones de dólares”.
“Además, el sector rural tiene un régimen tributario mucho más favorable que el régimen general, en especial para pequeños y medianos productores. Un 50% no son contribuyentes directos de la DGI, la mayoría están exonerados del IVA con respecto a sus insumos y cuentan con flexibilidad en el pago de impuestos”, concluyó.