(SUBRAYADO-EL OBSERVADOR)
El expresidente José Mujica envió un mensaje a Lula, donde dio a entender que es parte de una conspiración de clases el fallo adverso por “corrupción pasiva” y lavado de activos del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil.
La vicepresidenta, Lucía Topolansky, opinó que la democracia brasileña “está en problemas” luego que el tribunal supremo confirmara por mayoría simple (6 a 5) la responsabilidad de Lula y señaló que “Uruguay está a tiempo de no caer en los escenarios que se ven en el mundo”.
Desde la oposición, el expresidente Julio María Sanguinetti aseguró que la responsabilidad de Lula “está más que demostrada” y lamentó las consecuencias políticas y morales que tiene en Brasil lo que calificó como “una estructura de corrupción espantosa”. Esa estructura, agregó, “afecta a un gran líder, que lo ha sido y de algún modo lo sigue siendo”.
El senador y presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, opinó que “frente al desastre político y la corrupción generalizada en Brasil, que mucho preocupa, se rescata la independencia del Poder Judicial, pilar fundamental de un Estado de derecho”. “La libertad es una garantía para descubrir y condenar a los corruptos. No hay impunidad”, escribió en su cuenta de Twitter.
En una línea similar, el líder y senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, separó el caso en una moneda con “dos caras”. “Muy grave la corrupción de un presidente de origen popular y muy valioso que exista independencia del Poder Judicial y sea capaz de tomar decisiones sea quien sea el afectado”, indicó en esa red social. El senador nacionalista Javier García criticó al expresidente José Mujica por considerar que la condena de Lula por la que puede ir preso “es un problema de lucha de clases”. “Es más sencillo. Es corrupción”, escribió García en Twitter.
En el Partido Colorado, también resaltaron la separación de poderes y el valor de la República. “Si no se cree en la separación de poderes no se cree en la República. No se puede engañar a todos todo el tiempo. ¡¡Esa es la gran diferencia!!”, escribió en su cuenta de Twitter el secretario general colorado y diputado Adrián Peña. El prosecretario general del Partido Colorado, Felipe Schipani, que es además secretario letrado de la Corte Electoral, tuiteó: “Los mismos que dicen que Lula es honesto, son los que afirman que Maduro es un demócrata”. Ese mensaje fue compartido por el senador Pedro Bordaberry en su propia cuenta.
Por su parte, para Ernesto Talvi, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), “sería un error interpretar la corrupción desde una perspectiva ideológica”. “Fue institucionalizada como sistema de control del poder y afectó a partidos de derecha e izquierda en varios países América Latina”, indicó en Twitter. En tanto, en la página de Facebook del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, compartieron un video con imágenes de Lula y escribieron: “Lula preso. Ni de derecha, ni de izquierda. Corrupción es corrupción”.
AMBULANCIAS TRASLADABAN PACIENTES INEXISTENTES
(SUBRAYADO)
Los sospechas sobre maniobras fraudulentas en ASSE se profundizan, en tanto una investigación policial señala que en el Hospital de Bella Unión hubo traslados en ambulancias “de personas que no existen”, informó Búsqueda. El documento policial fue entregado en las últimas horas al fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, al tiempo que el período investigado fue 2017.
El origen de la investigación estaba enfocado en el contrato de una empresa privada de ambulancias cuyos propietarios son directores de hospitales públicos. Ellos son los médicos Federico Eguren (director del Hospital Pereira Rossell), Rodrigo Barcelona (director del centro pediátrico del Pereira Rossell) y Mario García (director del Hospital de Salto). La defensa de los indagados está a cargo de Cecilia Salom, del estudio del exsecretario de Presidencia, Gonzalo Fernández.
Mantener el vínculo como jerarcas del Estado al mismo tiempo que ofrecían servicios privados era una de las acusaciones, si se toma en cuenta que las autoridades de ASSE del momento desoyeron las advertencias sobre un posible conflicto de interés público y privado.
Ahora se sabe que Siemm hizo traslados que no se ajustan al objeto de la licitación, facturó el IVA por duplicado en la mayoría de las órdenes y cobró por el traslado de “personas que no existen”, porque las cédulas de identidad que surgen de las boletas no figuran en el registro de la Dirección Nacional de Registro Civil. Siemm se inauguró en 2013, pero comenzó a gestarse dos años antes y en esa época los tres socios comenzaron a recabar información para abrir una empresa. García era director del Hospital de Bella Unión cuando se contrató el servicio privado de ambulancias y, a su vez, alertó a sus superiores del posible conflicto de interés público y privado.
Según Búsqueda no hubo reacción de la entonces presidenta de ASSE Beatriz Silva, ni de la entonces ministra de Salud, Susana Muñiz. Incluso ambas estuvieron en la inauguración del servicio.
Recién en 2015 ASSE puso en práctica una investigación administrativa. Durante ese tiempo Siemm siguió vendiendo sus servicios al Hospital de Bella Unión y el resultado de la investigación concluyó con una amonestación verbal a García. Siemm siguió su trabajo hasta 2016 hasta que ASSE decidió suspender el contrato y enviar flota propia a Bella Unión. Desde entonces bajó significativamente la demanda de ambulancias.