(EL OBSERVADOR)
El Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio resolvió tomar de oficio el caso del senador Leonardo de León, confirmó a El Observador el presidente del organismo partidario, Enio Martínez. “El TCP tomó de oficio el tema del senador y ahora lo va a estudiar”, aseguró, y dijo que “no hay plazos” para expedirse. “Hay que analizar y luego tomar las medidas del caso”, dijo Martínez.
De León es investigado por la Justicia penal por el uso que hizo de las tarjetas corporativas mientras fue presidente de ALUR. El lunes la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) dio a conocer su informe sobre la conducta del senador de la 711, en el que concluyó que De León utilizó “la tarjeta de crédito corporativa” de la subsidiaria de Ancap “en viajes al exterior que la empresa no informa como realizados en ejercicios de sus funciones”.
La información surgió luego de que el senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, denunciara en la Justicia a fines de 2017 que De León gastó US$ 30.677 y $ 868.560 con las tarjetas de ALUR, a pesar de haber recibido viáticos por más de US$ 60.000 por los que nunca hizo devoluciones. Entre esos gastos figuran algunos que se realizaron en el exterior sin que hubiera ninguna misión oficial en esas fechas, o que se efectuaron un día después de terminada una visita. En su informe, solicitado por el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, la Jutep afirma que los gastos realizados por De León “constituyen violaciones de las normas en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas, y prohibición de uso indebido de fondos”.
Si bien el reporte de la Jutep sobre la conducta de De León es bastante similar en sus conclusiones al que realizó el organismo ante el caso del exvicepresidente Raúl Sendic, el accionar del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio fue distinto. La diferencia la marcó el acusado: mientras Sendic decidió presentarse voluntariamente al tribunal, De León prefirió que sea la Justicia la que analizara el tema.
AUTOCONVOCADOS Y PIT CNT CON AGENDA COMÚN
(EL OBSERVADOR)
El movimiento Un Solo Uruguay se reunió con el Secretariado Ejecutivo del Pit Cnt y acordaron trabajar en una agenda en común, informó a El Observador uno de los voceros del movimiento, Marcelo Nougué. En un plazo de entre 10 y 15 días cada grupo trabajará basado en dicha agenda y a partir de allí, fijarán un nuevo encuentro. Este intercambio se concretó luego que el movimiento sindical marcara algunas diferencias con el grupo de autoconvocados Un Solo Uruguay que, en su mayoría, reúne a productores rurales. El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, había dicho semanas atrás en un acto del Pit Cnt que no se trataba de un movimiento “espontáneo”.
Nougué resaltó que tuvieron “coincidencias” en algunos puntos y en otros no. “En lo que no hay acuerdo muchas veces es por falta de conocimiento de la situación”, dijo el vocero, y resaltó que “cumplieron con los objetivos” que se marcaron para este encuentro.
DIRECTORES DEL BROU COBRARON $855.000
(SUBRAYADO)
El diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, pidió al Banco República un informe sobre el régimen de licencias del directorio, que en cinco años acumuló 524 días no gozados. Tras conocerse el informe de los gastos hechos con las tarjetas corporativas del BROU por parte de ex directores blancos y colorados entre 2000 y 2005, Núñez solicitó una copia del pedido de informes hecho por el exdiputado Luis Rosadilla, acerca de la liquidación de licencia no gozada realizada a los miembros de ese directorio.
De acuerdo al informe, el ex presidente del BROU, Daniel Cairo, cobró 103 días, Milka Barbato 127, Gustavo Michelín 70, Pablo García Pintos 113 y Carlos Rodríguez Labruna 111. Según se informó a Subrayado, el régimen actual de licencias en el Banco es igual que para el resto de los funcionarios, de 20 días por año.
FISCALES AL PARLAMENTO
(TELENOCHE)
La comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados recibió a la Asociación de Fiscales del Uruguay (AFU) para escuchar de primera mano las denuncias que realiza el gremio tras la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal. Los fiscales plantearon las dificultades que enfrentan ante los últimos traslados, algunos no explicitados, “de acuerdo a lo que exige la normativa vigente”, dijo la presidenta de la Asociación de Fiscales, Brenda Puppo.
Puppo dijo también que espera que en la próxima Rendición de Cuentas se incremente el presupuesto del Ministerio Público para resolver los problemas que tienen de recursos humanos. Por otra parte, el diputado colorado, Ope Pasquet, reconoció que el sistema “tiene dificultades” y que “hay un enorme compromiso de los fiscales del país por trabajar lo que sea necesario para que las cosas mejoren”. “Está el compromiso de todos los legisladores para introducir las modificaciones legislativas que sean necesarias para que esto funcione mejor, porque algunos seguimos convencidos de que el nuevo código es un enorme progreso respecto al antiguo”, agregó. El diputado blanco, Pablo Abdala, señaló la necesidad de “buscar mecanismos para corregir esta situación”. “Aparece en el horizonte la instancia presupuestal del mes de junio que será fundamental para poder reforzar los servicios de la Fiscalía de Corte”, señaló. En la misma línea, el diputado del Frente Amplio, José Carlos Mahía, precisó que “el Poder Ejecutivo va a tener que atender esta demanda porque son servicios vinculados a la Justicia”. La Asociación de Fiscales realizó un paro simbólico en reclamo de los problemas de la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, con una medida de alcance nacional y duró únicamente de dos horas, aunque los fiscales de turno trabajaron de forma normal.