Un indicativo inequívoco de la degradación de la salud de las empresas en el Uruguay está dado por el registro promedial de diez emprendimientos formales por mes que se presentan a concurso de acreedores, en lo que constituye además apenas la punta del iceberg del escenario nacional, ante una tendencia que se agudiza y que tiene su mayor gravedad en el Interior.
Este aspecto precisamente es el que permite que en mayor o menor medida el gobierno pueda seguir barriendo bajo la alfombra las señales de esta situación y los síntomas sobre su real entidad, por coincide además con año preelectoral, que es un factor de distorsión por excelencia.
Ocurre que este deterioro se extiende por el Interior, e históricamente el gobierno recién asume la crisis cuando ésta se expande por Montevideo, en sus barbas, tornándose imposible de ignorar, y por consecuencia las respuestas suelen accionarse tarde, porque en su momento se prefirió dejar las medidas correctivas para más adelante.
Una señal clara de esta situación está dada por el deterioro del mercado de trabajo y la caída de la actividad que atraviesan varios sectores productivos, en cuyo contexto algunas cámaras empresariales están desafiando los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo para la actual ronda de Consejos de Salarios.
Según da cuenta El Observador, hubo delegaciones que se retiraron de las mesas de negociación, otras que pretenden no pagar los correctivos por inflación que vienen del convenio anterior y algunas hasta plantean no ubicarse en ninguno de los tres grupos (dinámico, medio y en problemas) previstos para el diálogo tripartito.
Las pautas para esta ronda señalan que los ajustes salariales serán nominales, no atados a la inflación y con diferentes porcentajes según la categoría donde se coloquen los sectores de actividad. Además, prevé correctivos por inflación a los 18 meses y a la finalización del acuerdo.
En el sector empresarial la primera reacción proviene de los empresarios rurales. La semana pasada decidieron retirarse de la mesa de negociación colectiva, según comunicado firmado por la Asociación Rural, la Federación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche y las Cooperativas Agrarias Federadas.
Por un lado, marcaron su desacuerdo con la fijación del Poder Ejecutivo de un correctivo en forma no ajustada al decreto del 29 de diciembre de 2016 (donde se había establecido el pago correspondiente), y por otro, refirieron al conflicto en Conaprole en particular y de “la industria láctea en general, que afecta a toda la producción nacional y en particular a los productores lecheros”. Aclararon que hasta tanto esas situaciones no fueran resueltas, las cámaras no volverían a presentarse en los Consejos de Salarios para discutir sobre los nuevos ajustes salariales.
Un hecho similar ocurrió en el grupo del sector bancario, y en este sentido uno de los integrantes del sector de banca privada de AEBU, José Iglesias, dijo al portal del sindicato que las redes de pago y las casas de cambio se niegan a pagar los correctivos. El gremio agregó que esa situación “anómala” no se da solamente en el grupo de negociación bancario.
Otra reacción similar, aunque no vinculada a los correctivos, se verificó dentro del sector del comercio en el grupo de los supermercados. Cuando se evalúa el escenario global, tenemos que las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de las fuentes de empleo en el Uruguay, son las que están en peor situación.
No es porque sí, entonces, que desde enero de 2017 hasta los primeros días de agosto del año en curso, 176 firmas se hayan presentado a concurso, lo que da un promedio de diez por mes.
Según los datos aportados por la Liga de Defensa Comercial (Lideco) a El País, en lo que va de 2018 hasta el 10 de agosto se han contabilizado 59 pedidos de concurso por empresas, de los cuales 42 en carácter voluntario y 17 solicitados por acreedores ante la imposibilidad de cobro.
Entre las firmas en esta situación hay varias agroindustrias, como las del sector lácteo, otras que venden insumos al agro y también otras netamente agrícolas, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti.
A su vez el año pasado se presentaron a concurso 117 empresas, entre las cuales agencias de viajes, constructoras, bodegas, viñedos, importadoras, firmas de venta de celulares, insumos informáticos y empresas del rubro agroindustrial como los molinos Dolores, Florida y Cosechas del Uruguay, en tanto los últimos datos que divulgó el Banco Central del Uruguay dan cuenta de que el agro tiene el mayor endeudamiento con relación a lo que produce, con un ratio crédito-producto bruto cercano al 80 por ciento y por encima del último trimestre de 2017.
Más allá de elementos puntuales, como señalábamos, los problemas se están manifestando desde hace tiempo en el Interior, y la respuesta del gobierno nacional, ante planteos que le han hecho llegar desde diversas gremiales al respecto, ha intentado dar respuestas en algún sector en particular, con medidas paliativas que son de muy relativa eficacia, siendo benignos. Pero el problema es mucho más global, porque las dificultades de las firmas agrícolas repercuten en toda actividad en el interior y se multiplican a lo largo de toda la cadena.
Lo resume bien el presidente de la Federación Rural, cuando reflexiona que cuando al campo le va mal, le empieza a ir mal primero a los pueblos del Interior, después a las ciudades cuya economía depende del campo y al final le va mal a Montevideo (es decir al país, según la particular óptica centralista de nuestros gobernantes).
No es porque sí, que tal como lo manifestara recientemente en Paysandú el expresidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) Washington Corallo, la mitad de la industria nacional se encuentra en dificultades –aunque en diferente grado–, por encima de la media histórica del país, con el común denominador de falta de rentabilidad, caída de actividad y pérdida de fuentes de empleo.
El punto es que la rentabilidad es consecuencia de la ecuación costos-ingresos, como en cualquier familia, y los costos más gravosos, lamentablemente, se dan a través del Estado, en impuestos, costos de servicios, cargas sociales y energía, y por este lado precisamente deben venir las respuestas. Es justamente lo que el gobierno se resiste a hacer, porque se ha encerrado por sus propios errores en la desmesura del gasto estatal, el que genera el desmadrado déficit fiscal y que no solo hace que se apliquen más impuestos, sino que se inflen las tarifas para obtener recursos extra con destino a Rentas Generales.
Todo lo demás que se argumente con mayor o menor fundamento, forma parte del collar de accesorios que refuerzan la causa-fuerza por excelencia, que es la soga del gasto público que no afloja alrededor de nuestro cuello.
Empresas del Interior con la soga al cuello
