Los bolsillos profundos del Kirchnerismo

La República Argentina transita una de las etapas más asombrosas y removedoras de su historia como país independiente, mientras la opinión pública presencia cómo diversas figuras del kirchnerismo (incluyendo a Cristina Férnandez, la expresidente de ese país y viuda del también expresidente Néstor Kirchner) son condenadas o indagadas por diversos actos de corrupción ocurridos durante los años 2003 a 2016.
Una breve lectura a cualquier libro de historia universal permite concluir que la corrupción es un fenómeno tan antiguo como extendido, que atraviesa razas, religiones, filosofías e ideologías políticas. Al tratarse de un flagelo enraizado en la conducta humana, no existen garantías que permitan asegurar que un gobierno, un partido político e incluso una persona o institución pueda ser considerada inmune al mismo. Eso es lo que indica el estudio de episodios de corrupción que tuvieron lugar hace miles de años en Egipto, Grecia, Roma o la Mesopotamia y que a los cuales hace referencia el escritor italiano Carlo Alberto Brioschi, en su libro “Breve historia de la corrupción”. A pesar de que Raúl Sendic sostuvo que “si es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda”, la realidad ha demostrado que los autores de delitos de corrupción a nivel internacional han sido liberales, socialdemócratas, comunistas o conservadores, por citar algunos casos. En nuestro país, los casos de corrupción han involucrado a políticos blancos, colorados y frenteamplistas, mal que le pese al mesiánico exvicepresidente y otrora autotitulado Licenciado en Genética Humana.
La realidad ha demostrado que existe una relación directamente proporcional entre poder y corrupción. Cuanto mayor poder detentan las autoridades públicas y menos libertades existen en materia política y económica, mayores son las posibilidades de que existan episodios de corrupción. La existencia de monopolios estatales (como sucede en Uruguay en el caso de la energía eléctrica, la telefonía, el agua y la refinación de combustibles, entre otros) constituyen tierra fértil para que los gobernantes de turno tengan la oportunidad perfecta para engrosar sus arcas personales y las de sus partidos políticos. A esto se suma un Parlamento controlado por una mayoría afín al Poder Ejecutivo que utiliza sus votos para impedir cualquier tipo de investigación o pedido de informes, al tiempo que rechaza iniciativas legislativas que impulsan la transparencia en asuntos públicos. A partir de una mayoría parlamentaria legítima obtenida en forma democrática e incuestionable en las elecciones del año 2004, el Frente Amplio ha utilizado el Estado para perpetuarse en el poder y acrecentar su control sobre los actores sociales, políticos y económicos de nuestro país. Tal concentración de poder desmedido siempre conlleva riesgos como los que han quedado al descubierto con la pésima gestión de Raúl Sendic en Ancap, los gastos injustificados de Leonardo De León con dineros públicos o las maniobras fraudulentas en ASSE. Al fin y al cabo, la Historia ha demostrado que los gobiernos del Frente Amplio no han logrado escapar al enunciado del historiador y político inglés Lord Acton, quien sostuvo que “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. En un artículo de los investigadores Cheryl W. Gray y Daniel Kaufmann publicado por el Banco Mundial los autores señalan diversos aspectos que resultan aplicables tanto a la actualidad argentina como uruguaya, al afirmar que “Las rentas procedentes de monopolios pueden ser muy altas en economías muy reglamentadas y, como ya se ha señalado, la corrupción genera la necesidad de más reglamentación. (…) El poder discrecional de muchos funcionarios públicos también es muy amplio en los países en desarrollo y en transición, deficiencia sistémica que se ve agravada por normas y reglamentaciones mal definidas, continuamente cambiantes y mal difundidas. En general, la rendición de cuentas deja mucho que desear. La competencia política y las libertades cívicas suelen estar restringidas. Las leyes y los principios de la ética en el gobierno están poco desarrolladas, si existen, y las instituciones encargadas de velar por su aplicación están mal preparadas para esta compleja tarea. Las instituciones de vigilancia que ofrecen la información en que se basan la detección y la aplicación de la ley, como los investigadores, los contadores y la prensa, también son deficientes”. Un ejemplo claro de organismos a los cuales se les mantiene en funciones sin dotarlos de recursos para funcionar correctamente es la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) cuyo Presidente, Ricardo Gil Iribarne ha señalado, en relación con la derogación del delito de funciones que “la Jutep no fue consultada, vale la pena mencionarlo, a veces parece que estamos pintados”, destacando que el organismo que preside no había sido consultado en los trece proyectos de ley sobre corrupción que el Parlamento estaba estudiando al inicio del presente año.
A fuerza de ser justos, es necesario mencionar que los políticos kirchneristas y sus poco sofisticados mecanismos de corrupción no están solos. En Uruguay, por ejemplo, el Frente Amplio ha defendido con entusiasmo una y otra vez las gestiones de Néstor Kirchner y de su esposa Cristina. Sin lugar a dudas ha sido la senadora frenteamplista Constanza Moreira quien mejor ha resumido (y asumido) esa defensa frenteamplista al señalar que “Los gobiernos ‘K’ en Argentina han sido probablemente los mejores de los últimos 30 o 40 años”. Una muestra de esa “defensa compañera” es la negativa del Frente Amplio de apoyar la propuesta del senador Pedro Bordaberry para una comisión investigadora sobre la corrupción en Uruguay, a partir de los casos que involucraron a altos funcionarios de los gobiernos kirchneristas en Argentina y del Partido de los Trabajadores en Brasil, sectores políticos afines a la dirigencia frenteamplista. La solidaridad del Frente Amplio con Lula, Maduro y los Kirchner no se queda en una simple retórica “compañera” y para ello sigue fielmente el esquema de ataques a la sociedad civil y a cualquier persona o institución que no comparta la verdad oficial que se emite desde la Torre Libertad. Otro de los elementos que facilita la creación y funcionamiento de esquemas de corrupción política es una prensa maniatada y atacada en forma permanente por las autoridades públicas, tal como sucedió en Argentina con diario “Clarín”. A todo ello debe sumarse el permanente ataque que los gobernantes corruptos realizan al Poder Judicial con el objetivo de poner de rodillas a otro de los poderes del Estado que podría juzgar sus acciones y eventualmente condenarlos. Ambas acciones han sido aprendidas y realizadas por los seguidores frenteamplistas del credo kirchnerista y por ello han atacado en forma constante al Poder Judicial y a la prensa, acusándolos de constituir un partido político que desarrolla acciones contra el Frente Amplio en particular y contra la democracia uruguaya en general. Las declaraciones del exsenador José Mujica o del actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, son una muestra de que cualquier desvío del pensamiento oficial y centralizado del partido de gobierno (aún cuando se deba a criterios exclusivamente técnicos como en el caso de una sentencia judicial) no será permitido.
La realidad argentina ha demostrado que los bolsillos del kirchnerismo eran grandes y profundos y que si bien tal vez no hayan sido tan generosos como los del chavismo, la cercanía geográfica permitió una integración mal entendida a base de vuelos clandestinos de “valijeros” sin carga ni pasajeros declarados ante las autoridades uruguayas. Lo más sorprendente no es la burda operativa empleada por esos corruptos ni las cifras millonarias involucradas; lo que realmente llama la atención es que una fuerza política que contó entre sus principales figuras a personas tan alejadas de esas prácticas como Líber Seregni, Juan Pablo Terra, Zelmar Michelini o Emilio Frugoni defienda la delincuencia kirchnerista contra capa y espada.