La continuidad institucional, la rotación de partidos en el poder, ya sea en el gobierno nacional como en el departamental, determina que cada nuevo gobierno sea tomador de situaciones que se arrastran desde el período anterior, para bien o para mal. Por ejemplo, se inauguran obras correspondientes a proyectos iniciados en la administración anterior, y se heredan compromisos, déficit e infraestructura con problemas, entre otros aspectos que condicionan la gestión.
El intento refundacional o el más común de borrón y cuenta nueva, más allá de las propuestas y sesgo ideológico de cada gobernante, choca contra la realidad, con administrar lo que se tiene para ir sobrellevando el escenario que le ha tocado y contribuir a generar condiciones para que en el futuro las cosas vayan mejor, en muchos casos con la expectativa de acceder nuevamente al poder.
Pues, desde que subió el Frente Amplio al poder, uno de los aspectos salientes ha sido su carácter refundacional, el de pretender hacer creer que en el Uruguay no había nada antes de su llegada al mando, salvo los problemas de desigualdad que han intentado corregir, la pobreza extrema, la indigencia, y un sistema de salud supuestamente deficiente. Lamentablemente se ha arañado apenas la superficie y sobre todo implementado mecanismos para que ello sea reflejado en las estadísticas, en muchos casos con asistencia social mediante transferencia directa de dinero a los beneficiarios, pero sin darles herramientas para que la salida de la pobreza sea realmente sustentable.
Cuando estamos en el año previo a la campaña electoral, es pertinente analizar el escenario en que se desenvuelve el país y como encontrará el próximo gobierno los parámetros soecioeconómicos, al cabo de tres administraciones de izquierda, con un primer gobierno encabezado por el hoy también presidente Tabaré Vázquez, que anunció que haría “temblar las raíces de los árboles”. Sin embargo, por mantener la paz sindical y la presión de sectores radicales de su partido, se apeó de su categórico anuncio de que realizaría la “madre de todas las reformas” del Estado, y esta omisión ha sido un elemento agravante de las materias pendientes que se siguen postergando.
A este escenario precisamente se refiere el analista en economía Carlos Steneri, en el suplemento Economía y Mercado del diario El País, cuando indica que hay marcadas tres asignaturas pendientes que deberá resolver el próximo gobierno: seguridad, educación e inserción internacional. A ello debe agregarse un cuarto aspecto fundamental que es la transición hacia una macroeconomía sustentable.
Estos aspectos están interrelacionados y cuando desde el gobierno se disponen aumentos impositivos solapados, tarifas públicas elevadas e inversión pública insuficiente, nos encontramos con que se distorsiona la economía e inflan costos internos, mientras ha seguido creciendo el endeudamiento neto, lo que se hace insostenible en el tiempo.
A su vez, en el aspecto coyuntural, la rendición de cuentas en vías de aprobación es la continuación de esta línea de acción, desde que el gasto estatal sigue en aumento y los recursos para financiarlo merman en la medida en que se contrae el ciclo económico, cuando decae la actividad.
Pero no estamos ante un escenario nuevo y mucho menos imprevisto, sino que el gobierno ha pateado la pelota hacia adelante, soslayando la verdad irrefutable de las cifras del déficit fiscal con proyecciones basadas en supuestos optimistas, en particular la referida al crecimiento económico. A ello deben sumarse los problemas por el aumento del gasto, que se ha intentado justificar con la reforma del sistema de salud, la seguridad social, el aumento del empleo público y el deterioro de la situación regional.
La realidad indica que ante este déficit fiscal el próximo gobierno, del partido que sea, se encontrará ante otra “herencia maldita” –que tanto mencionó la izquierda cuando accedió al gobierno– y en este sentido Steneri indica que a esta altura es lícito preguntarse cuál sería el nivel de déficit fiscal para lograr la consolidación macroeconómica y los medios para lograrlo.
Apunta que para tener un orden de magnitud, las matemáticas de la macroeconomía dicen que la economía creciendo a su potencial del 3% puede sostener un déficit fiscal del 2,5% del PBI que estabiliza la relación deuda/producto y logra revertir su deterioro.
Aceptándolo como referencia, estamos hablando de achicar una brecha fiscal del 1,5% del PBI, equivalente a casi 1.000 millones de dólares anuales. La administración actual intentó inicialmente ese objetivo aplicando ajustes fiscales y tarifarios que fueron insuficientes para luego, forzado por los hechos, modificar metas y plazos que al final trasladaron el desafío hacia la mesa del equipo económico del nuevo gobierno.
No se trata pues de lo que dijo el expresidente José Mujica, de trasponer rubros de un lado a otro, cuando el déficit de Ancap, porque “solo son números”, sino que se trata de un realidad y esquemas estructurales que se han ido consolidando y que implican costos fijos que resultan muy difíciles de modificar sin pasar por situaciones traumáticas.
Y el déficit fiscal no es un tema de derecha o de izquierda, sino que es una cuestión de responsabilidad ineludible. Al respecto el economista reflexiona que “un quinquenio más con la misma tónica de deterioro fiscal conduce a vulnerabilidades que se deben evitar. Basta mirar al vecindario”.
Buena parte del aumento del gasto se explica por remuneraciones, seguridad social y transferencias que imponen correctivos que tienen su costo social y que se han querido evitar para no pagar el costo político, y así hacer que pague otro lo que se ha querido dejar para más adelante, para seguir tirando.
Mientras tanto, es insostenible para las empresas poder afrontar el nivel de impuestos a los que ha llegado el país, con tarifas exorbitantes y la cuota parte de sindicatos irresponsables, que solo se ocupan de la suerte de sus afiliados y se resisten a asumir que los trabajadores dependen de la salud de empresas que tienen en el mejor de los casos su rentabilidad reducida y hasta números en rojo, con su sobrevivencia muy comprometida.
Así, semana tras semana, mes a mes, van cayendo una a una grandes industrias y empresas que generaban mucha mano de obra, con el común denominador de empresarios que no quieren ni hablar de tomar más mano de obra –aunque la necesiten– ya que los costos y la rigidez de las leyes lo transformaría en un lastre, cuando las condiciones del mercado cambian.
Y el resultado ha sido que tenemos un país caro, en el que no solo se ha ralentizado la inversión, sino que las empresas están tratando de redimensionarse, tratando de restringir el gasto frente a un Estado que sigue llevándose la parte del león para financiar sus gastos desmesurados.
Mientras tanto, el oficialismo sigue con su discurso autocomplaciente, ignorando los problemas y ocupándose en el Parlamento de banalidades como incorporar a la redacción de las leyes “el lenguaje inclusivo”, o de pisotear la voluntad popular habilitando el voto desde el exterior, ya rechazado en plebiscito por la ciudadanía. Tal como el violinista tocando durante el hundimiento del Titanic.
Un legado de problemas sin resolver
