La salud de las pymes

El 60% del empleo de América Latina es generado por las pequeñas y medianas empresas. Lo mismo pasa en Uruguay, donde es harto conocida por todos la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas como agentes dinamizadores e impulsores del desarrollo económico y social del país.
Uruguay cuenta con más de 170.000 empresas y según la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) el 99,5% de ellas son consideradas Mipyme y son responsables de la generación del 65% del empleo. De ese total, casi el 85% son microempresas. Por otra parte, las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras representan 55% de las empresas locales que comercializan en el exterior, tratándose de un porcentaje que marca el peso que las empresas más pequeñas tiene en las ventas al exterior.
Sin embargo el sector ha sufrido históricamente una serie de barreras, entre ellas el acceso al crédito. En este sentido, solo el 8% de las microempresas tienen acceso pleno al mismo y pudieron acceder a un préstamo sin dificultad. El 19% accedió pero con dificultad, el 20% –unas 30 mil– se encuentran “excluidas” o autoexcluidas del crédito y el 53% de las Mipyme no son usuarias.
Por otra parte, sólo el 2,8% de las pequeñas empresas acceden a préstamos de inversión, y un porcentaje igual accede a préstamos de capital de giro, según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (MiemDinapyme).
El gobierno ha desplegado algunos instrumentos para el sector, por ejemplo a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), una de cuyas líneas de trabajo es el acceso de las PYME a servicios financieros y el desarrollo de alianzas con diversos actores públicos y privados que están comprometidos con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional.
En ocasión del Día Nacional de las Mipyme, conmemorado en agosto, se informó oficialmente que estas empresas serán beneficiarias de una serie de medidas tendientes a la profesionalización de la gestión, subsidios para el acceso al crédito, estímulos al patentamiento con financiamiento del 80% de los costos, mejoras en el acceso de mercados locales e internacionales con el Fondo de Diversificación de Mercados y el fortalecimiento de las PYME como instrumento de inclusión social, con perspectiva de género.
“El gobierno está desarrollando diversas iniciativas como el subsidio de tasas a los créditos, distintos programas de compras públicas para el desarrollo, instrumentos de asociatividad e incentivo a proveedores, como forma de que el desarrollo local se transforme en una herramienta de inclusión que fomente la inclusión de las PYME, con el objetivo de superar dificultades estructurales, afirmó el director nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), Pablo Villar.
Casi en paralelo, dirigentes de los centros comerciales del Interior en el marco de la reunión mensual que realizó en Paysandú la Confederación Empresarial de Uruguay (CEDU) advirtieron que los costos que se siguen agregando a las micro y pequeñas empresas, con un volumen de ventas en retracción, condiciona severamente el desenvolvimiento de los pequeños emprendimientos, sobre todo el Interior, y ello se traduce en creciente desempleo, menos horas trabajadas, continuo incremento del informalismo y menos reciclaje de recursos.
En los últimos años la dinámica del comercio cambió notoriamente, a la par de los hábitos de consumo y las obligaciones introducidas por la ley de inclusión financiera, lo cual representa un gran desafío con el cual las PYME conviven en su actividad cotidiana.
En seis años, las operaciones con tarjeta de débito pasaron de menos de 1 millón a 70 millones y las transferencias interbancarias, de menos de 100.000 a 4 millones. Además, se generó un millón de nuevos instrumentos de dinero electrónico y 850.000 tarjetas de débito.
Los comerciantes nucleados en CEDU advirtieron en la referida reunión realizada en Paysandú que “cada vez le estamos poniendo más costos a nuestras empresas, debido a nuevas maneras de vender y todo lo demás que está haciendo que nuestras empresas sean cada vez menos viables”. Se referían a la facturación electrónica, los aranceles de las tarjetas, la necesidad de contratar y mantener sistemas informáticos y otras cuestiones de ese tipo que inexorablemente, inciden en la rentabilidad.
El reclamo viene ya de larga data y recién ahora, un acuerdo entre el Ministerio de Economía y las gremiales comerciales reduce a un día el plazo máximo de pago en operaciones con tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico (pago “contado”), elimina los costos administrativos, simplifica el control de pagos y lleva de 1,5 a 1,3% los aranceles cobrado por los emisores.
El entendimiento establece, entre otros puntos, una reducción del arancel máximo cobrado por los emisores de las tarjetas de débito, crédito e instrumentos de dinero electrónico a los comercios más reducidos, que pasará de 1,5 % a 1,3%.
También se disminuirá la dispersión máxima de los aranceles para acortar la diferencia del costo de aceptación de los medios de pago electrónico entre los pequeños comercios y los establecimientos de mayor tamaño. Asimismo, el nuevo plazo máximo de pago que regirá será de un día, hábil o no, en las operaciones con débito e instrumentos de dinero electrónico. De manera adicional, se eliminará todo costo administrativo para los comerciantes.
Se trata de innovaciones que alivian un poco la situación relacionada con el uso de tarjetas y dinero electrónico pero que por sí solas no representan una solución integral a la compleja realidad de un sector clave de la economía nacional que está advirtiendo sobre el inicio de cortes en la cadena de pagos. Hay que estar atentos, dimensionar la situación en su justa medida e instrumentar las medidas necesarias porque en la salud de las pymes reside buena parte del bienestar económico y social de toda la población.