“Hay momentos en que se siente una combinación de frustración e impotencia; porque por más esfuerzos que hacemos hay fuerzas que se oponen al legítimo ejercicio de nuestra función”, dijo la edila departamental Gabriela Gómez. De inmediato dijo que tres pedidos de informes que fueran reiterados por la Junta Departamental pero nunca respondidos, fueron ingresados por lo que establece la ley 18.381 de Acceso a la Información Pública. Las solicitudes de información pública fueron ingresadas el 1º de noviembre, por lo que la intendencia -en este caso- “tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta”.
La ley establece asimismo que ese plazo “podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales”.
Las consultas de Gómez se refieren a las obras realizadas durante esta Administración, la contratación de empresas privadas para la realización de obras y el acuerdo con ALUR para la reubicación de la Dirección de Vialidad.
El primer pedido por la ley de Acceso a la Información Pública se refiere a las obras realizadas por la intendencia hasta el 31 de agosto de este año y en veinte preguntas solicita que se le brinden detalles, entre otros aspectos, de todas las obras realizadas con su memoria descriptiva y tiempo de ejecución de cada una; si fue realizada con mano de obra y recursos municipales o si tercerizada; en el caso de obras realizadas por empresas se solicita el monto del contrato, la identificación de las empresas; y dejar en claro qué obras están incluidas en el fideicomiso Paysandú Uno.
El segundo pedido tiene relación con las empresas constructoras que trabajan con la intendencia. Gómez demanda información sobre cuáles están en esa condición, nómina de los responsables de las empresas y de los responsables de habilitar las obras; cuál es el criterio que se utiliza para seleccionar las calles a reparar; y explicar cuáles de las obras fueron realizadas por el Departamento de Obras.
La tercera demanda de información se relaciona con el acuerdo celebrado entre la intendencia y ALUR para la reubicación de la Dirección de Vialidad. Se solicita el cronograma, la inversión necesaria y la inversión realizada; copia del inventario de maquinarias y camiones de la Dirección de Vialidad y de los comprobantes de haber sido inspeccionados por el Sucta; si este organismo ha aplicado multas a la intendencia; detalle de todas las compras realizadas para ese departamento, desde el 1 de enero de 2016; y qué ocurrirá con la Dirección de Alumbrado Público, si será reubicada o no.
Gómez dijo a EL TELEGRAFO que “la definición esencial de nuestros pedidos de información es determinar adónde y cómo se invierte el dinero de los sanduceros”.
“Porque no se hacen buenas obras solo diciéndolo. Pongo un solo ejemplo, la cuadra de Silván Fernández entre Tacuarembó y Salto. Fue reconstruida hace un año o menos. Y el pavimento está ya en muy mal estado. Sí, pasan camiones, pero eso debió preverse al realizar la obra. Esas no son obras de calidad. Pero probablemente cuesten tanto como las que sí son de calidad”, agregó.
“Hemos seguido el procedimiento al pie de la letra, pero simplemente nos han ignorado. Ahora vamos por la ley respectiva. Queremos información. Soy edil departamental y esa es parte de mi tarea. No creo que el intendente desconozca la tarea que realizamos los ediles porque, salvo que se haya olvidado, él fue uno”, concluyó Gabriela Gómez.
