El Poder Ejecutivo promulgó ley que crea subsidios para aumentar empleo y estimula capacitación en empresas

(PRESIDENCIA)
El Poder Ejecutivo promulgó la ley que contienen incentivos para la creación de puestos laborales, como subsidios para salarios de nuevas fuentes de trabajo para jóvenes y mayores de 45 años. También en este texto legal, que entrará en vigor el 1º de enero, se estimula la formación de empresas y los emprendimientos juveniles. La norma establece modificaciones a la Ley de Empleo Juvenil para incentivar la contratación de jóvenes y subsidios para prácticas laborales y formativas en las empresas.
Además, dispone que los empleadores que contraten nuevos trabajadores gozarán de un subsidio equivalente al 25 % de las retribuciones mensuales de jóvenes sujetas a montepío o del 40 % en caso de trabajadores mayores a 45 de edad. El monto máximo de la subvención será del 25 % de 1,5 salario mínimo nacional (SMN) y se otorgará por un plazo de 18 meses. El subsidio se aplicará únicamente sobre nuevos empleos que tengan un sueldo máximo equivalente a 2,5 SMN.
El costo del Programa Temporal de Subsidio al Empleo establecido en la ley no podrá exceder los 480 millones de pesos. También se busca apuntalar emprendimientos juveniles con apoyos a mujeres jóvenes, jóvenes con vulnerabilidad socioeconómica o con discapacidad. El presupuesto asignado para subvenciones a la promoción de empresas será de 150 millones de pesos.

MIEMBRO DE “LOS CUINIS” SERÁ EXTRADITADO

Privado de libertad desde el año 2016, el integrante del cártel mexicano “Los Cuinis”, Gerardo González Valencia, recibió en días pasados la noticia de que se confirmó su extradición a Estados Unidos.
Según informó el programa Todo Pasa esta mañana, el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno confirmó la extradición el pasado 2 de octubre, aunque la notificación llegó recién el 26. Ahora, la defensa del narcotraficante, a cargo de las abogadas Gabriela Gómez y Ana Audifred, tiene tiempo hasta el 8 de noviembre para recurrir a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la última instancia prevista para evitar que sea entregado a la Justicia estadounidense. El cártel que integra González Valencia es considerado por la DEA como “la organización de tráfico de drogas más rica del mundo”, más poderosa que el Cártel de Sinaloa.
El narco vivía en Uruguay desde 2011 en una mansión de Punta del Este y a principios de 2016, en el marco de la investigación sobre Los Papeles de Panamá, su nombre fue divulgado por el semanario Búsqueda.
En ese momento, empezó a preparar su salida del país. Cuando comentó sus intenciones en una conversación telefónica, fue escuchado por la Policía, que ya tenía intervenida la vía de comunicación. En abril fue detenido a la salida de un colegio en Carrasco. Al ver que iba a ser capturado, sacó de su bolsillo un celular y lo destruyó.
La jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, lo procesó por lavado de activos e inmediatamente comenzó el proceso para extraditarlo a Estados Unidos. El narcotraficante fue recluido inicialmente en el Comcar, sin embargo, poco tiempo después se descubrió que había logrado ingresar condimentos a su celda. Al ser interrogado por el hecho, denunció que los efectivos que hallaron los condimentos lo “torturaron” y lo “tuvieron desnudo con temperaturas bajo cero”. “Si el ministro del Interior, Bonomi, sigue mandando sus guardias a torturarme, que busque el puente más alto del Uruguay donde lo voy a colgar”, dijo a los policías y firmó su declaración. A los pocos días fue trasladado a una dependencia de la Guardia Republicana con especiales medidas de seguridad. Según informó Todo Pasa, el narcotraficante se encuentra solo y hay que atravesar tres puertas para acceder a él.

DÉFICIT FISCAL EN 3,9%

(EL OBSERVADOR)
El déficit fiscal se ubicó en 3,9% del Producto Bruto Interno (PBI) en los 12 meses cerrados a setiembre, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas. El dato se mantiene alejado de la meta fijada por las autoridades para este año, en tanto la Rendición de Cuentas prevé cerrar el 2018 con un déficit fiscal equivalente a 3,3% del PBI, para bajar a 2,8% en 2019.
Los ingresos del sector público no financiero se ubicaron en 30,1% del PBI, reduciéndose cerca de 0,1% del PBI con respecto al mes anterior, principalmente por un leve deterioro del resultado primario corriente de las empresas públicas. Por su parte, los egresos primarios del sector público no financiero se redujeron 0,1% del PBI y se ubicaron en 30,4% del PBI. Esta reducción se asocia principalmente a menores inversiones del sector público por menor acumulación de existencias de crudo por parte de Ancap.
En tanto, el BSE, las intendencias y el BCU mantuvieron su resultado fiscal incambiado, por lo que el resultado primario del sector público mostró una mejora de 0,1% del PBI respecto a lo observado en agosto, según dice el reporte del MEF. Por último, el pago de intereses aumentó 0,1% del PBI, explicado por un mayor pago de servicio de deuda por parte del BCU.

INVIERTEN U$S 30 MILLONES EN COMPRA DE TIERRAS

(PRESIDENCIA)
El Correo Uruguayo presentó en la Torre Ejecutiva un sello conmemorativo de los 70 años del Instituto Nacional de Colonización (INC), que dispone de 600.000 hectáreas y 3.000 unidades productivas. La presidenta de esa entidad, Jaqueline Gómez, dijo que se destinan 30 millones de dólares anuales a la compra de tierras. “Es una política de redistribución de riqueza y la definición es avanzar en esa línea”, añadió.
En la actualidad, dispone de una cartera conformada por 600.000 hectáreas, 130.000 de las cuales fueron incorporadas desde 2005, en las que residen 5.000 familias de productores y asalariados rurales, quienes trabajan unas 3.000 unidades productivas en todo Uruguay.
El INC realiza por año más de 200 llamados abiertos, que benefician a unas 1.500 familias. Este año se adjudicaron 12.000 hectáreas a través de más de 50 llamados. Las próximas 12 convocatorias están previstas para noviembre y diciembre. Entre 24 y 30 millones de dólares anuales son destinados de manera exclusiva a la adquisición de tierras. “Esos recursos provienen de un impuesto generado a través de las ventas de campos, es decir, que los recursos que vienen del agro vuelven al agro. No hay ninguna duda de que es una política de redistribución de riqueza y la definición política es avanzar en esta línea”, destacó Gómez.