Es suficiente una rápida recorrida por el centro de la ciudad, delimitado por las cuatro avenidas, para contener una visión general de la dinámica de su circuito comercial, el tiempo transcurrido entre la desocupación de un local y la reinstalación de uno nuevo, para diagramar un panorama complejo que se repite en el último año en Paysandú. Y, por ende, avizorar lo que le espera al movimiento laboral en 2019 con una perspectiva escasamente halagüeña.
El viernes informábamos de una caída entre 15 y 20 por ciento de las ventas de Navidad y Año Nuevo, como un claro reflejo del estancamiento de la actividad económica a nivel departamental. El análisis multifactorial permite hacer referencia al trasiego de mercaderías desde la vecina orilla, con un cierre del 2018 bastante deprimido, con señales que comenzaron a profundizarse en el segundo semestre. La falta de inversiones en obras públicas generan un fuerte impacto en el empleo e imprimen un giro en la realidad del desempleo que, al menos en Paysandú, se ubica en torno al 12% de acuerdo a las cifras que maneja el Instituto Cuesta Duarte. A esto deberá sumarse la estadística de informalidad que hace dos años el Ministerio de Trabajo establecía en torno al 37% en el norte del país y, particularmente el escenario sanducero presentaba casi 30 por ciento de trabajadores no registrados.
El panorama seguramente se agravará en los próximos meses, cuando se sumen nuevos envíos al seguro de desempleo en el sector comercio y servicios que contiene el 22% de los puestos de trabajo en el departamento, porque la mirada al Paysandú industrial ya es cosa del pasado. Con el cierre de PILI se confirma una tendencia que comenzó hace más de una década, donde los altos costos de producción para la industria nacional -–fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas– tornan imposible su supervivencia. Entonces el empleo engrosa otros ámbitos de la producción nacional, como los nombrados en el caso sanducero, donde el perfil salarial es bajo y la seguridad es endeble.
Desde hace años que esta zona del país está complicada, y sin embargo se observan pocas reacciones. La inacción ha ganado terreno junto al discurso demagógico, mientras el “Estado controlador” se va otras áreas del territorio nacional.
También informábamos el sábado sobre la realidad que atraviesan los comerciantes dedicados a la panificación, donde el incremento de los costos los obligó a aumentar los precios un 10 por ciento desde enero. Aquí también se aguardaba mejorar la situación con las ventas para las fiestas tradicionales, pero se incrementaron las ventas de productos traídos masivamente desde Argentina, con ventas por Facebook incluidas o en puestos ubicados en la ciudad, sin controles bromatológicos, sin la exigencia de cursos de manipulación de alimentos ni carné de salud, aportes a la seguridad o salarios pautados por consejos. Es decir, todo lo que se le exige al comercio legalmente instalado.
La reiterada argumentación de la falta de personal o de cuerpos inspectivos dedicados al contralor, conspira contra el normal desarrollo de la principal fuente de trabajo en Paysandú y vuelve difícil el día a día porque se incrementan los valores de los insumos, mientras los precios se mantienen para poder competir. Y la competencia desleal, que trabaja en la informalidad, maneja otros costos porque la producción se establece a escala familiar. Con todo, también se deberá contemplar que hay realidades familiares que atraviesan por situaciones económicas complejas y optan por una salida laboral “casera”, pero no es imposible pensar en las consecuencias si estas “soluciones” se generalizaran en otros rubros.
En el caso de las panaderías, aumentan los envíos al seguro o la prescindencia de trabajadores que conformaban la plantilla, por las mismas causas que en otros rubros. Tampoco es difícil hacer una recorrida los fines de semana en el área céntrica para comprobar que los comercios cierran porque es caro mantener una puerta abierta.
En este diálogo de sordos se han reclamado subsidios e incentivos para producir y vender, además de una rebaja en las tarifas públicas que, anunciadas en el año electoral, se ubicarán en torno al 20 por ciento. Cuando ya es tarde para revertir la situación de algunas industrias, entonces recién allí se comprende que el reclamo no era excesivo ni antojadizo. El propio Estado reconoce que no tiene herramientas para controlar en determinados nichos de la actividad, sin embargo, ha engordado el ingreso de funcionarios en otras áreas.
No es necesaria tanta suspicacia para comprender que el problema del desempleo impactará en la población más joven, con un sostenido deterioro en las condiciones de acceso y la falta de oportunidades. Estas variables no son nuevas y presentan desafíos que no se resuelven con análisis y diagnósticos que ya llenan varias bibliotecas. Sin embargo, se profundizan las brechas. Esas que tanto han servido en las últimas campañas electorales, porque ahora -–al igual que antes– permanecen y no igualan, sino todo lo contrario.
Pero, como dijo la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, “ignorantes hubo siempre”. La diferencia es que los “ignorantes” tienen patente para serlo y demostralo, porque hasta ahora solo han presentado cifras maquilladas de un mundo paralelo que no condice con la realidad de este departamento que siempre se jactó de contener a los mejores emprendedores de todas las épocas y a una clase media “laburante” que, con su salario, movilizaba todo lo demás y hacía que Paysandú fuera pujante y tuviera movimiento en cualquier momento del año. Ahora solo nos queda esperar por las zafras. Ya pasó Navidad, Año Nuevo y Reyes. Veremos que sucede en Semana de Turismo y después nos tocará esperar a que pase el invierno. Todo eso en medio de una campaña electoral, donde los mismos de siempre vendrán a decirnos todo lo que ya sabemos. → Leer más
