Atados al régimen

El mundo se pregunta por qué Uruguay, de larga y firme tradición democrática, se empeña en apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Es muy difícil de explicar a un extranjero la tenaz defensa del gobierno de Tabaré Vázquez, y de los grupos mayoritarios del Frente Amplio –cabe añadir, el Pit Cnt, que es el brazo sindical de la coalición de izquierdas–, a una realidad que rompe los ojos y en la que no caben dos lecturas: en la república bolivariana hay una dictadura, en medio de una grave crisis social, política y económica. Y al mismo tiempo, el pueblo venezolano en su gran mayoría reclama su remoción y el llamado a elecciones libres.
La idea de abrir un diálogo entre Maduro y su opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, planteada por Uruguay y México, ha sido bien asumida por el líder del socialismo del siglo XXI: es una buena manera de ganar tiempo, de estirar la resolución de fondo, para luego seguir todo igual. Incluso, aduciendo que se avinieron a escuchar y a sentarse con los opositores. Para la tribuna.
Cuando los seguidores chavistas –entre ellos sus seguidores uruguayos– escuchan decir que Maduro es un dictador, enseguida argumentan que fue electo en las urnas. Y acá hay que repasar lo que ha sido el gobierno de este señor desde que asumió la Presidencia tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013. En esas elecciones, Maduro ganó por apenas un 1,5% de diferencia cuando el chavismo venía ganando comicios por mayores diferencias.
En momentos en el que ya se utilizaba el voto electrónico, Maduro señaló que conocía los nombres de los 900 mil electores que se habían pasado a la oposición.
Las acusaciones de fraude comenzaban, al tiempo que la crisis, la pobreza y la violencia se expandían. A fines de 2015, se celebraron elecciones legislativas donde la oposición logró al fin quedarse con la mayoría de sus escaños en la Asamblea Nacional. En ese contexto, Maduro inició el definitivo resquebrajamiento del sistema democrático de Venezuela, que ya venía hecho jirones desde los tiempos de Chávez.
En 2016 anunció que se harían elecciones para una Asamblea Constituyente con el objetivo de acelerar los pasos hacia el socialismo aunque, se sabe, era una vil maniobra para aventar a los opositores y restarle poder a la Asamblea Nacional. Sucedió que este órgano había logrado los dos tercios de su cuerpo legislativo aprobara la destitución de Maduro y llamara a un revocatorio.
Con el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo desde hace muchos años, proscribiendo a los principales líderes de la oposición, con acusaciones del gobierno y condenas de la Justicia –también chavista desde hace rato–, y exigiendo más requisitos para los partidos todo se facilitó.
En esa consulta electoral por la Asamblea Constituyente, realizada a mediados de 2017, apenas acudió a sufragar el 41,5% de los habilitados; y para cerrar la castración de la Asamblea Nacional, Maduro decidió luego que ese órgano legislativo debía ser disuelto y sus funciones repartidas entre los constituyentes y la Presidencia. En tanto, la Corte Suprema de Justicia –también chavista, por supuesto, desde los tiempos de Chávez–, aprobó el movimiento de Maduro quien en mayo del año pasado fue reelecto.
Esas fueron unas elecciones viciadas de nulidad, con maniobras de proscripción, presiones a los empleados públicos y corrupción en el proceso del voto electrónico, como lo confirmó la firma Smartmatic, la empresa contratada por el gobierno venezolano para ese cometido. Esta empresa no dudó en decir que hubo fraude. Mientras tanto, el régimen de Maduro asesinaba a cientos de manifestantes que marcharon por las calles, y durante todo ese proceso, aniquiló la libertad de prensa, y a los medios.
Con toda esta evidencia, en el gobierno uruguayo y en el Frente Amplio se insiste con apoyar a un tipo como este en la Presidencia. Es una vergüenza. Pero comprendamos que la afinidad es estrecha y los negocios extendidos entre una y otra parte.
Desde 2005 cuando la izquierda asumió los mandos del país por primera vez en la historia el vínculo siempre resultó ser muy cercano, con Vázquez y Chávez haciendo buenas migas, algo que luego se acrecentó con Mujica. Venezuela salvó a la cooperativa Cofac de la quiebra y en su lugar puso el Bandes; hubo petróleo financiado sin interés; también apoyo para impulsar ALUR así como planes sociales; dinero para las empresas autogestionadas por los trabajadores –ya en la época de Mujica–, iniciativa que ha sido un fracaso; el tablero electrónico del Estadio Centenario luego de perder el anterior por el temporal de agosto de 2005; y Mujica hizo todo lo posible para que Venezuela ingresara al Mercosur.
Muchos negocios generaron pérdidas millonarias por la dificultad para cobrarlos y por las sospechas de corrupción –todavía sabemos poco sobre esto y aquí se encuentra buena parte de la explicación al cerril apoyo hacia Maduro–, como aquella empresa uruguaya que hizo miles de viviendas de maderas para familias pobres venezolanas y al final se armaron sólo unas pocas en esa nación.
Mientras tanto, el Frente Amplio hizo valer su mayoría en la Cámara de Diputados para frenar una investigación parlamentaria. Claro, no les conviene. Y ahora hablan de golpe de Estado por la autoproclamación de Juan Guaidó, cuando lo de Maduro no tiene legitimidad alguna, al tiempo que reprime a los opositores, oprime al pueblo al que además condena al hambre y el destierro y llevó a Venezuela a la peor crisis de su historia.