El precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, deberá enfrentar en su campaña los cuestionamientos a la inseguridad ciudadana que hacen foco en el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien ha resultado interpelado un número récord de veces y, a pesar de las críticas desde la interna de su fuerza política, siempre salió indemne.
En la noche empresarial del intendente de izquierda en el Hotel Enjoy a U$S 1.000 por tique y entre jamón crudo, filet de lomo y champagne, el actual jefe comunal capitalino reconoció que el sistema político debe ponerse “de acuerdo” en la educación para el desarrollo de la innovación, la necesidad de reconvertir empleos en un futuro cercano y poner énfasis en los sectores “menos formados”. Dice el precandidato que “parte del trabajo va a depender del conocimiento”, al tiempo que fijó “mucha esperanza” en las resoluciones adoptadas por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad. Martínez sostiene que la seguridad debe tener un “abordaje transversal y global” con “la presencia del Estado” para “atacar el problema esencial de la seguridad”.
Mientras el viernes a la noche ocurría esto en Punta del Este, un poco más allá de Montevideo, un ferretero de Toledo se preparaba para cerrar una jornada como cualquier otra. Sin embargo, no pudo hacerlo porque cuatro delincuentes que participaron en un intento de rapiña, balearon al hombre de 48 años que unas semanas antes había optado por el “emprendedurismo”. Tan destacado por Martínez en el Enjoy.
La justicia hizo su labor, pero la Policía no pudo llegar al lugar con la premura del caso porque no contaban con patrulleros. Ahora los vecinos de la zona retomaron esa tarea que debe hacer con más “presencia” el Estado, pero que –cansados ya de robos en las casas y rapiñas a quienes transitan por las calles– resolvieron llevar a la práctica principalmente en las noches. No llevan armas, sino el coraje y un spray de gas pimienta, distribuidos en puestos fijos y otros móviles, en sus propios vehículos.
Ocurre que no faltaba nada para que la delincuencia se corriera hacia las primeras localidades en el límite con Canelones, porque en Montevideo es donde se encuentran instaladas las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior. Otra de las “estrategias” sobre las cuales Martínez dijo que tiene “mucha esperanza”.
Al domingo siguiente, un grupo de vecinos del mismo lugar –Toledo– encontró el cuerpo de un vecino que había salido a caminar el 8 de enero. La costumbre era marchar por una hora y retornar a su casa, pero ese día no lo hizo y tras varias idas y venidas entre la seccional policial de la zona e Interpol, que busca a las personas desaparecidas, pasaron los días y nadie se ocupó. A excepción de los vecinos que armaron grupos de búsqueda y se organizaron por varios días hasta que lo hallaron el domingo pasado, boca abajo y tirado en una zanja. Dos días después del discurso en el Enjoy. Por esos dos casos ocurridos en 48 horas es que los vecinos protagonizaron una manifestación callejera ayer y más de 300 personas se convocaron el lunes, frente a la ferretería como un punto simbólico, para solicitar una reunión con autoridades ministeriales. Los residentes en esa zona y en otras cercanas consideran que en las localidades de la periferia necesitan un mayor patrullaje, al tiempo que hasta el momento la respuesta es un “largo y prolongado silencio”, al decir del presidente Tabaré Vázquez, cuyo destino por estos días es desconocido.
Paralelamente, se observa un reclamo reiterado sobre las fallas en la gestión y la dolorosa burocracia, porque en el caso del hombre desaparecido y hallado muerto varios días después cerca de una comisaría, los vecinos supieron que los efectivos de esa seccional no estaban enterados del caso. Así, colmada la paciencia, contribuyentes que pagan sus impuestos para recibir la protección del Estado, resolvieron disponer de recursos propios para enfrentar a una delincuencia entrenada y bien armada. Y estos son solo dos casos porque también se pueden mencionar los hechos ocurridos con escasa diferencia de días en el Hospital Pasteur o en un cajero automático ubicado en un shopping.
La tendencia se mantiene al comienzo de este año porque el 2018 cerró con un incremento del 35% con respecto al 2017, con una tasa de criminalidad de 11,2 cada 100.000 habitantes en todo el país y de 15,4 en Montevideo. La capital es el lugar más violento del país con 201 homicidios registrados el año pasado, frente a 181 cometidos en el Interior.
Es frustrante que, tras 15 años de gestión de una fuerza política y más de 8 de un ministro, se reconozca que no pueden bajar las rapiñas y los homicidios porque si bajan los hurtos simples, es que se incrementa la violencia con la que actúan los delincuentes. A pesar de la “sensación térmica” estimada por los fanáticos. El director nacional de Policía, Mario Layera, asegura que una de las medidas que mitigaría el problema sería “poner más policías en la calle” y recordó el ingreso de un contingente de 500 policías nuevos a la Guardia Republicana en marzo, que se destinarán al norte del país pero reforzarán el área metropolitana.
La pregunta –la gran pregunta– es si el grupo de efectivos tendrá el apoyo logístico necesario para concurrir con premura ante el llamado ciudadano y que no ocurra como en Toledo, donde los vecinos relatan una vez sí y otra también, que un efectivo concurrió a la ferretería en su automóvil particular porque no había un patrullero disponible.
Habrá quienes se molestarán –y mucho– cada vez que volvamos con insistencia sobre las cifras que ubican al país en un cuadro de epidemia de asesinatos, según las estadísticas que maneja la Organización Mundial de la Salud. Y porque los asesinados son personas jóvenes que se encontraban en la plenitud de su faceta productiva, y porque los homicidas son personas jóvenes, varios de ellos primarios y algunos bajo la definición del nuevo código que contempla a quienes tiene menos de 21 años.
Lo cierto es que la mitad de estos asesinatos no se resuelven y no se puede atribuir todo el tiempo a “conflicto entre criminales” o “ajustes de cuentas”. Que la impunidad no se defina por un fenómeno ajeno e inevitable y que los resultados no sean igual a un comentario en Facebook, cuando alguien suelta que hay “un pichi menos”.
