(ECOS)
El último relevamiento del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) señala que permanecen 5208 personas desplazadas en todo el país debido a las inundaciones. La situación, compleja para los que tuvieron que abandonar sus hogares, tuvo sus derivaciones políticas en las últimas horas.
“Excelente actuación del Sinae y de los Comités Departamentales de Emergencia. Los ciudadanos necesitan ayudas y cuidados oportunos y no declaraciones oportunistas”, expresó el director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía.
El jerarca respondía a las declaraciones de la bancada de legisladores de Alianza Nacional, liderada por Jorge Larrañaga, que el domingo emitió un comunicado donde se pone a disposición para solucionar la “dramática situación que atraviesan familias, productores y el propio Estado nacional y departamental”, tras las intensas lluvias de este mes. De todas formas, acto seguido apuntó contra el gobierno, al reclamar la postergación de las obras “cuyo único destinatario será la multinacional UPM”, para “priorizar la atención a la emergencia que sufre parte del país y su población”. La referencia era al planteo, efectuado por el sector en la Rendición de Cuentas 2016, de destinar a esos efectos U$S 45 de los U$S 170 millones acumulados en el Fondo de Estabilización Energética que fueron derivados mediante ley a las obras y las expropiaciones vinculadas al Ferrocarril Central. Apezteguía rechazó que existan dificultades con los recursos que actualmente se destinan para paliar los efectos de las inundaciones. “UPM está de moda y solo se les ocurre eso”, ironizó.
La ley de Presupuesto tiene previstos U$S 102 millones en un fondo reservado por ley para casos “graves o imprevistos”, que Alianza Nacional ya había reclamado utilizar, sin éxito, para remediar los efectos del tornado en Dolores. Es un fondo que, según relató Apezteguía, no se usa: “nunca hemos llegado a una situación de catástrofe”, señaló. Consultado, afirmó que la situación actual de los inundados es manejable. “Están bajo techo, secos y alimentados”, puntualizó. Recordó en ese sentido que las intendencias tienen aún sin ejecutar $ 690 millones de pesos, correspondientes al Ejercicio 2018, de un total de $ 2600 millones que el Gobierno Central les transfirió para obras de infraestructura y mantenimiento de caminería. También destacó que las transferencias totales hacia las administraciones departamentales rompieron un nuevo récord el año pasado, al superar los $ 18 mil millones.
INFORMACIÓN FALSA EN REDES SOCIALES
(MTSS)
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó que, tal como ocurrió en diciembre de 2018, “en las últimas horas comenzó nuevamente a circular en redes sociales un mensaje con información falsa que asegura que ‘aquellos que trabajaron entre 1990 y 2018 tienen derecho a retirar $26.430 de MTSS Uruguay’”.
El ministerio solicitó desestimar el mensaje y recordó que dicha práctica, conocida como “phishing”, es utilizada habitualmente por ciberdelincuentes para recabar datos personales y contraseñas. “Por tanto, exhortamos no ingresar al link o enlace que acompaña al mensaje, ni brindar ningún tipo de información personal”, agregó.
CORREO PERDIÓ CONTRATO CON EL MGAP
(ECOS)
Por medidas sindicales, El Correo perdió el contrato que mantenía con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el conflicto llevó a que desde el 7 de diciembre el organismo no reparta caravanas de identificación de ganado a los productores.
En 2016, la secretaría de Estado había firmado un contrato por el que le adjudicó a la Administración Nacional de Correos el reparto, en todo el país, de las caravanas, con las que se identifica y certifica la trazabilidad del ganado. Ese contrato, que tuvo sucesivas prórrogas en estos tres años, llegará a su fin en breve. El pasado miércoles, 180 días antes de su finalización, el ministerio envió al organismo un telegrama colacionado en el que se comunicaba su voluntad de rescindir el contrato. Según la comunicación oficial, los motivos giran en torno al “incumplimiento” por parte del Correo de su parte del acuerdo ya que, desde el 7 de diciembre y por las medidas sindicales de sus trabajadores, las caravanas no se están repartiendo.
En su decisión el MGAP habla de “perjuicios causados al sistema de trazabilidad y al estatus sanitario del país”. Desde el ministerio se indicó a Ecos que, la falta de distribución de caravanas hace que el ganado no se pueda identificar, y por lo tanto, tampoco movilizar. Para el Correo, un organismo que debe ser asistido con más de 600 millones de pesos anuales por parte de Rentas Generales para subsistir, se trata de la pérdida de uno de sus contratos más importantes, que garantizaba además el trabajo de muchos funcionarios en el interior del país. De hecho, el MGAP bloqueó desde hace días el acceso del organismo al sistema informático correspondiente.
En diálogo con Ecos, el dirigente sindical Juan Acevedo lamentó la decisión del MGAP y enmarcó el tema de no repartir las caravanas en el conflicto sindical que se lleva adelante desde fines del año pasado. Las medidas, recordó, responden a los reclamos de los trabajadores sobre ingreso de más personal y regularización de las carreras funcionales.
Acevedo explicó que las caravanas fueron incluidas en lo que el sindicato define como “envíos atrasables”, que lejos estaban de constituir una prioridad. “Es algo que no afecta a los grandes sectores de la población, solo a los productores”, afirmó. Según expresó, cuando hubo que definir, se optó por priorizar el reparto de “los paquetes de la gente”. El viernes el Sindicato del Correo llevará a cabo un plenario para definir sus próximos pasos.
