Cuando este jueves 10 de enero se realice la polémica ceremonia de asunción del mando por el presidente-dictador venezolano Nicolás Maduro por un nuevo período, Uruguay tendrá el “honor” de ser junto a Bolivia, el único país de la región que comparecerá con un embajador para legitimar este acto en el escenario internacional, y por lo tanto es uno de los contados gobiernos “amigos” que serán solidarios con el tiránico régimen de socialismo boliviariano tras una puesta en escena de elecciones cuestionadas urbi et orbi.
A pesar de la presión internacional, este jueves Nicolás Maduro asumirá un nuevo mandato hasta el 2025, mientras países como Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea y el Grupo de Lima, a excepción de México, marcaron de forma tajante su oposición, al entender que las elecciones de mayo fueron ilegítimas y no contaron con las mínimas garantías democráticas.
El Grupo de Lima –integrado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía– anunció que no reconocerá al nuevo gobierno, pero Uruguay y Bolivia, que no lo integran, sí lo harán.
En cambio, el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez instruyó al encargado de negocios y número uno de la embajada en el país caribeño, José Luis Remedi, para que asista a la toma de mando de Maduro. No sólo el Grupo de Lima estará ausente, sino que los pequeños países caribeños también se ausentarán en la ceremonia, en solidaridad con Guyana, luego de que la Armada de Venezuela interceptara semanas atrás un barco de prospección de hidrocarburos en la zona económica exclusiva, tensionando aún más el conflicto territorial entre ambos países.
Las alternativas que rodean esta toma de mando dan la pauta de la ilegalidad de las acciones del gobierno de Caracas. Maduro debería tomar juramento ante la Asamblea Nacional (parlamento unicameral venezolano), pero todas las decisiones de la cámara son consideradas nulas por el Tribunal Supremo de Justicia, que la declaró en desacato en 2016. La Asamblea Constituyente, en la práctica, ha asumido las funciones legislativas.
A su vez el dirigente chavista Diosdado Cabello, lugarteniente de Maduro y presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país, dijo que “la Asamblea Nacional carece de legitimidad por estar en desacato. Por esto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se juramenta ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
Paralelamente, la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición y que tiene como nuevo presidente desde este sábado a Juan Guaidó, advirtió que considerará a Maduro un “usurpador” una vez asuma su segundo mandato.
Como todo tirano, Maduro dice que lo tiene sin cuidado el reconocimiento de la oposición o de países que podrían romper o bajar el nivel de las relaciones diplomáticas, y/o cercarlo financieramente, como plantea el Grupo de Lima.
“Me acusan de dictador para justificar cualquier cosa”, sostuvo, y aseguró que su reelección fue “democrática” y que sus adversarios están desintegrados, no por culpa suya, sino por su “dependencia” de Estados Unidos.
Pero mientras la crisis política lo atenaza desde el punto de vista institucional, pese a las “sacadas de pecho”, Venezuela hace ya tiempo que es un caos, signado por la violencia, la hiperinflación, el hambre y la emigración masiva hacia sus vecinos e incluso hacia países más lejanos, como Argentina y Uruguay.
La semana anterior el Grupo de Lima, creado en 2017 e integrado por la mayoría de los países sudamericanos (no por Uruguay, que tristemente apoya la dictadura), emitió una declaración en la que instó a Maduro a no asumir la presidencia y a transferirle de manera provisoria el Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.
El grupo considera que las elecciones en las que fue reelecto Maduro no tuvieron legitimidad. El nuevo gobierno izquierdista mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador en cambio no acompañó la declaración y dijo, a través de su subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, que se abstendrá de pronunciarse sobre la legitimidad del gobierno de Maduro.
Como suele ocurrir, la solidaridad con Maduro proviene de los pocos gobiernos de izquierda que quedan en la región, porque al decir del expresidente José Mujica –frase que hizo célebre al hacer entrar por la ventana a Venezuela al Mercosur, y suspender a Paraguay–, lo político está por encima de lo jurídico, y en este caso justifican la tiranía si quien ejerce el poder ilegítimamente es de izquierda, mientras se le cuestiona ácidamente cuando el régimen autoritario es de otra ideología.
Es la actitud que ha adoptado la cancillería uruguaya durante los gobiernos del Frente Amplio, con alineamiento manifiesto sobre todo cuando la encabezara Reinaldo Gargano, y con cierta moderación a través del actual canciller Rodolfo Nin Novoa, cuestionado sin embargo desde la interna de la coalición de izquierdas por los grupos más radicales cuando no se ha abrazado directamente a los gobiernos “compañeros”.
Pero para no pisar callos hacia adentro, al gobierno uruguayo parece no importarle la soledad en la que ha quedado por su actitud ante el régimen de Maduro, acompañado solo por Evo Morales, quien ha intentado perpetuarse en el poder con una reforma constitucional rechazada por su pueblo, pero dando la pauta de que su inclinación democrática es relativa, y más bien una fachada antes que una vocación.
Así, en la Cancillería uruguaya sigue reinando el silencio respecto a la situación en Venezuela, pero sí en cambio cuestionó que el pueblo brasileño hubiera elegido al presidente Jair Bolsonaro en elecciones democráticas, simplemente porque no es del mismo palo ideológico. A la vez ha soslayado la corrupción galopante del Partido de los Trabajadores que encabeza el expresidente Lula, a cuyo partido el propio pueblo brasileño le dio la espalda en la convocatoria a las urnas.
Sin embargo, en pocos días Uruguay no podrá eludir algún tipo de pronunciamiento. La Organización de Estados Americanos (OEA), en la que sí está presente, realizará una reunión extraordinaria para analizar el tema Venezuela el mismo día en que Maduro asumirá un nuevo mandato. La pidieron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú.
Es que la postura de parte del oficialismo, de los sindicatos y una relación entre bambalinas que tuvo durante mucho tiempo Venezuela con el gobierno de José Mujica, que el Frente Amplio ha rechazado investigar desde el Parlamento, no puede dejarse atrás en un abrir y cerrar de ojos; da para pensar que ante tanta defensa de lo indefendible, existan cierto temor por lo que pueda pasar en nuestro país en caso de que Maduro y el chavismo pierdan el poder, especialmente cuando hubo –y hay– tanta afinidad entre las partes así como negocios en juego, que nunca fueron del todo trasparentes.
Habrá que ver si nuevamente la Cancillería no se hace la distraída ante la contundencia de los hechos, pese a que cueste cada vez más intentar justificar lo injustificable.
Aunque no puede descartarse alguna “voltereta” cantinflesca, que diga que sí pero que no, al mismo tiempo, pretendiendo quedar bien con Dios y con el diablo.