El consejero de Primaria, Pablo Caggiani, dijo que este año es “bastante particular” y desea que “la educación pública no sea un botín de la campaña electoral”.
En el lanzamiento del programa educativo de verano hizo referencia a la disminución en la repetición y a la consolidación de otras ofertas educativas que se desarrollan junto a la educación técnica.
Sin embargo, la directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Irupé Buzzetti, aseguró que el “once por ciento de los escolares aún no sabe leer y se suman al 10,5 por ciento que repite el año y tampoco tiene buenos niveles de lectura”. O, como lo dijo aún más claro el consejero Héctor Floritt, deben enfrentar “el flagelo más importante que tiene la educación pública que son las faltas” porque, de acuerdo a distintos estudios realizados sobre la calidad de la enseñanza, la mitad de los niños uruguayos no alcanzan los logros esperados.
Ya lo ha dicho el jerarca que todos los días faltan a clase unos 50.000 alumnos, o el equivalente a 600.000 dólares que el Estado invierte y no se usa. Claro que las faltas se dan en los sectores de mayor pobreza, en las escuelas de tiempo simple y en los grupos de niños más pequeños. Es decir, quienes más necesitan la educación.
Los datos de Buzzetti se basan en el programa LEO, una evaluación orientada a estudiantes de segundo año de Primaria que se efectúa a mitad del año en cinco habilidades como lectura, oralidad y escritura. Las autoridades también cuestionan la edad de ingreso al primer año con el corte que se realiza el 30 de abril, y la identificación entre quienes cumplen en enero, febrero y marzo como más inmaduros para el nivel exigido y que complica su aprendizaje.
De acuerdo a las estadísticas, el 43% del total de los repetidores había comenzado el año lectivo sin cumplir seis años, sin embargo, el criterio plantea diferencias con los docentes. La edad cronológica no permanece estrictamente ligada al resultado de su desempeño, sino al estímulo e impulso del contexto en que se encuentra el estudiante. La situación económica es determinante y, aunque no se quiera reconocer, la educación pública revela las desigualdades e inequidades de todo tipo, tal como siempre lo hizo. Además, en el aprendizaje influye la formación docente y el tiempo pedagógico dedicado a cada uno.
Un niño con poco estímulo hacia el deporte, la lectura u otras habilidades, conspira contra el normal desarrollo de las capacidades y no generan la autoestima necesaria para continuar en los siguientes niveles educativos. Esas diferencias se profundizan y su trayectoria dependerá de su voluntad. Ahí se verá el rezago y posterior abandono porque un entorno ausente o desinteresado, es un entorno poco amigable para su desarrollo. En definitiva, cargar las tintas a la edad parece poco convincente porque el problema es multicausal y el compromiso es de dos partes.
Si se toma en cuenta que en Secundaria y UTU los profesores faltan 26 días y en Primaria, se ausentan 21, diremos entonces que dejan de ir uno de cada siete días o que uno de cada diez docentes cobró el presentismo completo. Es así como la educación pública uruguaya se reduce a 180 días y en el mejor de los casos.
De hecho, los directores de los centros educativos donde se efectuaron las últimas pruebas PISA respondieron que “el ausentismo docente es el primer factor que perjudica los aprendizajes de los estudiantes”. Y las causales son varias: desde las certificaciones por estrés, reuniones fijadas en horas de clases, lactancia o problemas de salud de familiares. Porque no olvidemos el elevado porcentaje de feminización de la profesión docente.
Todo esto enmarcado en una naturalización que no solamente proviene de los centros educativos, sino de los propios estudiantes que se acostumbran sin pestañear a que falten profesores a sus clases.
Pero, volviendo a la politización que seguramente tendrá el tema en la campaña electoral que comenzará en breve, parece difícil de asimilar que hablen con preocupación quienes envían a sus hijos a la educación privada, que –dicho sea de paso– tiene docentes formados en la educación pública.
O, tal como ocurre en los ministerios de Educación y Cultura, Transporte y Turismo que en total pagan 50 millones de pesos para asistir a sus funcionarios en el pago de la educación privada de sus hijos, en niveles de 3 meses a 5 años, lo que provocó la intervención del Tribunal de Cuentas.
Esto ocurrió porque en Montevideo hay 67 jardines de infantes y 14 escuelas de nivel 3 años que dependen de la educación pública, pero ninguno fue contemplado en este sentido y al llamado realizado, lo ganaron tres centros privados.
El ministerio de Transporte tenía una guardería desde 1984 que dejó de funcionar en 2013 por elevados costos de funcionamiento y optó por contratar los servicios de un colegio. La secretaría pagaba $4.000 por cada niño y sus padres aportaban $1.300. Bajo similares características, los restantes ministerios contrataron los servicios de la educación privada y a mayores costos, según los niveles.
En forma paralela, el Tribunal de Cuentas observó pagos irregulares efectuados por el Ministerio de Desarrollo Social a guarderías para personas que cumplían funciones allí, pero no eran funcionarios públicos. Ayer se abrió el programa Verano Educativo y su propuesta debería perfilarse en todos los niveles para evitar estas desigualdades.
Evitaría, además, que el discurso demagógico no continuara instalado en la educación como una rémora.
Este año, en relación al anterior, hubo más estudiantes inscriptos a participar en este programa y eso es un alto indicador de la situación de varias familias. No obstante, debería aprovecharse y extenderse como una opción pedagógica más, porque presenta otras variables que –éstas sí– son igualadoras con actividades acuáticas, campamentos o talleres de robótica, entre otras. Pero sería mucho pedir porque no estamos acostumbrados a las transformaciones ni mucho menos al trabajo intenso desde el “hacer”, en vez del “decir”. Como ocurre en todas las campañas.