El abigeato es un delito común en Uruguay aunque se encuentra subdenunciado, por lo tanto no se puede calcular su real incidencia en el sector agropecuario y, además, es histórico porque ocurre desde que estos lares eran conocidos como la Banda Oriental.
A comienzos de noviembre del año pasado, las gremiales agropecuarias reclamaron una mayor presencia policial en el ámbito rural e informaron al ministro de Ganadería, Enzo Benech, que había unos 25.000 casos al año. El secretario de Estado reconoció la existencia de “organizaciones” –así las definió– dedicadas al comercio de productos derivados del robo de ganado. De hecho reconocía en esos días que “en el interior se ven cantidad de lugares que no están habilitados y venden chorizos, milanesas y hamburguesas. Hay un negocio atrás de esto y es muy difícil de controlar”. Raro para un país pequeño donde se identifica claramente la presencia de puestos de venta de chacinados y otros derivados, pero no controla por “dificultades” que escasamente se definen, incluso hasta el reconocimiento de “organizaciones” orientadas a este negocio ilegal.
Las alertas estaban prendidas desde hacía tiempo ante una agudización de los casos y la identificación del problema a raíz del cierre de varios destacamentos policiales o retiro de efectivos del medio rural. Benech respondió en ese entonces que con las modificaciones de las leyes, se preveían penas más duras para el abigeato, pero el control en el interior depende de las intendencias y en Montevideo por los controles bromatológicos del Instituto Nacional de Carnes.
Las gremiales agropecuarias reclamaban mayores controles de la marca de propiedad o trazabilidad de la carne para disminuir los casos de robo que van de pocos animales a grandes cantidades. Ahora, luego de la investigación que involucró a trece empresarios en el robo de 300 vacas preñadas en Rocha, el ministro dice que las capacidades del sistema de trazabilidad detecta a tiempo este delito que es “más viejo que andar a pie” y descarta vinculaciones políticas en el caso.
Sin embargo, hay varios atizando el fuego porque en estos tiempos “cualquier monedita sirve” para el escándalo político y el achaque de responsabilidades de un bando hacia otro, mientras se pierde el foco de una cuestión no resuelta.
En realidad, los implicados serán liberados de cualquier responsabilidad penal y no tendrán antecedentes en sus legados porque firmaron acuerdos reparatorios con la Fiscalía y los denunciantes. Con la publicación de los nombres de las personas formalizadas, no demoraron en aparecer los cuestionamientos políticos, ante la pertenencia de algunos a distintos sectores. Sin dudas que esto habla mucho más del nivel de enchastre que tendrá la campaña electoral en 2019, que la necesidad de aclarar nuevos casos o acabar con las organizaciones delictivas que existen más allá de Rocha.
La jugarreta política desdibuja el problema no resuelto y, a estas alturas, resulta más entrador que se divulgue el cruce de acusaciones para ver quien se lleva el crédito de la agresión más calificada, antes que instrumentar medidas tendientes a mitigar un problema “más viejo que andar a pie”, tal como lo definió el ministro.
Pero no. Es mejor y rinde más, antes de cualquier movilización o campaña electoral, el enchastre dialéctico para que todos tomen parte, tengan pruebas o no.
También deberá recordarse que cuando se estudiaba un endurecimiento de las penas para el delito del abigeato, a través de una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, la propuesta encontró mayores resistencias en filas del Frente Amplio, mientras que la oposición se mostró favorable. Incluso en la interna de la fuerza política, fue conocido el cruce importante entre dos legisladores que manifestaron posiciones antagónicas.
Sin embargo, el nuevo Código de Proceso Penal vigente desde fines de 2017 –votado por todos los partidos políticos– permite pagar para evitar la condena y con el acuerdo reparatorio y la suspensión del proceso, los culpables quedan sin antecedentes, con la excepción del escarnio público y bromas de todo tipo a los que fueron sometidos en las redes sociales.
La tormenta política, generada y fogoneada por quienes les sirve mantener a la opinión pública con la cabeza fuera del foco del problema, generó reacciones, desmentidos y acusaciones de toda índole. Por su lado, el abogado de la empresa denunciante reconoció que está “absolutamente conforme” con los acuerdos alcanzados porque la prioridad es “recuperar lo perdido” y resaltó la herramienta que brinda el nuevo código.
Es decir que, mientras la sociedad en general pide penas mayores y reclama a los medios de comunicación que publiquemos con nombre y apellido a cada uno de los involucrados, otros directamente involucrados dirimen sus cuestiones bajo códigos diferentes. O como dice el fiscal Carlos Negro en su cuenta de Twitter, cuando explica las ventajas de la nueva normativa que permite que “el autor del delito le pague a usted los daños ocasionados a cambio de que le suspenda el juicio” a “que se imponga prisión al autor, aunque ello implique perder el dinero”. Y todos contentos porque las empresas se ahorran años en juicios civiles. Este caso tan aclamado en tiempos de campañas política va a pasar, como todo pasa. Sin embargo, el sector rural quedará indefenso, sobre todo aquellos productores más pequeños que no tienen alcance mediático para denunciar su caso ni lograr una solución efectiva que, como a la empresa de Rocha, le permita la recuperación del ganado perdido en un mes.
Este hecho permite develar un gran desamparo y desigualdad, porque es notorio que solo es importante el coqueteo y posterior streaptease político antes que ponerse a investigar y a desarticular a las organizaciones o no, que aún se dedican al abigeato como una forma de vida. Es desmoralizador y vergonzante todo lo que se ha creado a partir de este caso en particular porque queda en evidencia lo que verdaderamente les importa. Pero esas reacciones también son “más viejas que andar a pie”.