(ECOS)
Los opositores a las obras del ferrocarril vinculadas a la eventual inversión de la empresa UPM y que el gobierno pretende iniciar en breve, anunciaron sus futuras acciones. “Tenemos derechos y los defendemos”, afirmaron los integrantes del colectivo “Por el costado de la vía” que mañana martes se concentrarán ante las puertas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
“¿La Dinama es del Estado o es de UPM?”, será la pregunta, y a la vez la consigna, que presidirá la convocatoria ante el organismo del que depende la autorización para que las obras vinculadas al ferrocarril tengan luz verde. Yanina Borloz, integrante del colectivo, remarcó que son varias las acciones que se vienen desarrollando para “proteger y conservar el medio ambiente, los derechos humanos y laborales y la legalidad en torno a la insistencia por instalar la segunda planta de UPM en Uruguay”.
La ilegalidad señalada está referida, afirma, a los procedimientos efectuados por la empresaria y funcionarios del gobierno “que pretenden imponer la instalación de la planta, su puerto y su tren”. Borloz señaló que, en San Gregorio de Polanco, la población expresó su rechazo a que “se manipule el caudal del Río Negro por demanda de UPM”. Se refería al plan de UTE para elevar el embalse de la Represa de Rincón del Bonete, que el ente asegura tiene la intención de mejorar la calidad del suministro eléctrico. Pero los opositores a UPM afirman que será para cumplir con las exigencias de la empresa de asegurarse el flujo hidráulico suficiente para diluir sus efluentes en el río. El plan, que el gobierno dice está suspendido, provocará según los opositores la anegación de la zona cercana y la desaparición de la playa de San Gregorio de Polanco.
Las acciones también están dirigidas, recordó Borloz, para evitar la instalación del ferrocarril por el que la multinacional iría a sacar su producción hacia el Puerto de Montevideo. “Quieren atravesar el territorio con ácido sulfúrico, soda cáustica, celulosa y combustibles a escasos metros de nuestras casas, afectando la circulación de este a oeste e impidiendo el libre acceso a servicios fundamentales”, apuntó.
Los cuestionamientos pasan por el anuncio del gobierno de que la obra comenzará en febrero, “sin respetar el derecho a la información y a la participación de la población, sin cumplir con los procedimientos de autorización ambiental y sin estudios ambientales y sociales serios e independientes de los intereses de la empresa”. Con respecto a esta obra, hubo novedades este fin de semana en dos de las localidades que serán afectadas. Una es que un centenar de habitantes de la ciudad floridense de Sarandí Grande se manifestaron en la vieja terminal ante los planes vinculados al nuevo ferrocarril.
El proyecto, afirman, partirá en dos al pueblo como un “nuevo Muro de Berlín”. Los vecinos de la ciudad, de 7300 habitantes, llevan recolectadas 1400 firmas que se pronunciaron en contra del “tren de UPM”. A todo esto el alcalde de Las Piedras, Gustavo González, mantuvo en las últimas horas un encuentro con los comerciantes de la Feria Permanente, ubicada en la estación de trenes de esa ciudad. Allí les transmitió que la empresa encargada de las obras previstas por AFE y el Ministerio de Transporte solicitaron que 52 puestos de venta instalados sobre calle Francisco Espínola desocupen el lugar. Según el alcalde, el Municipio aún no tiene un punto definido para realojar a los feriantes.
El Proyecto Ferroviario de UPM, sostuvo, de desarrollarse, va a impedir contar con trenes de pasajeros y de carga nacional porque durante 22 años será la empresa la que decida sobre el área ferroviaria.
RECLAMAN USAR FONDOS PARA LOS DAMNIFICADOS
(SINAE – EL OBSERVADOR)
Según el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), 4810 personas permanecen desplazadas de sus hogares y de ese total 4.105 son autoevacuadas y 705 son evacuadas. Los departamentos más afectados son Salto y Paysandú, al tiempo que en Durazno sigue el operativo retorno y restan regresar a su casa 12 personas que estaba evacuadas. A raíz de esta situación, legisladores del Movimiento Alianza Nacional, que lidera el Senador Jorge Larrañaga, y del Movimiento Nacional Por La Patria, liderado por el Diputado Jorge Gandini emitieron un comunicado que aclara que en varias ocasiones se propuso “la creación de un Fondo con recursos disponibles” para enfrentar emergencias que surjan de evento climáticos. “Incluso un Fondo Salto Grande para el desarrollo financiado con partes de las utilidades de la represa” para palear estos inclemencias en los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú.
Además en la declaración se afirma que en el año 2017 una de las propuestas fue la creación de un Fondo Nacional para Emergencias Climáticas “utilizando US$ 45 millones de los 170 millones acumulados en el Fondo de Estabilización Energética”.
Los excedentes de este fondo, según los nacionalistas, fue destinado en su mayoría para las obras de AFE y las expropiaciones vinculadas al para UPM. El comunicado finaliza diciendo que el gobierno nacional debe “destinar recursos” para todos aquellos ciudadanos que atraviesan por esta situación. De esta forma, los dos movimientos que firman el comunicado afirman que se debe destinar parte del dinero que destinado “a las obras cuyo único destinatario será la multinacional UPM, postergando o enlenteciendo su ejecución si fuera necesario”.