Hace pocas horas el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, definió la relación durante 2018 con el gobierno que encabeza el presidente Dr. Tabaré Vázquez como “diálogo de sordos”, lo que debería ser un llamado de atención si tenemos en cuenta que el Uruguay es un país esencialmente de base agropecuaria, y que el grueso de las exportaciones, de la actividad del país y de las divisas que ingresan, provienen del agro. En suma, aunque sea por instinto de supervivencia, desde el Poder Ejecutivo se debería contemplar en todo lo que sea posible a la gallina de los huevos de oro.
Pero desde el gobierno hay una visión ideológica que distorsiona esta percepción, como lamentablemente lo han confirmado en más de una oportunidad jerarcas de gobierno y sobre todo de sectores radicalizados, cuando encuadran a los productores como “oligarcas de 4X4”, y hasta desde el Pit Cnt, caso del sindicato de Conaprole, consideran a los productores como “comebosta”, cuando se trata nada menos de quienes proveen sacrificadamente día a día la materia prima. Es decir, los que vuelcan día a día su esfuerzo, sin libres ni licencias, desde la madrugada, para que los funcionarios puedan tener los muy buenos sueldos y condiciones de trabajo en que se desenvuelven, muy distantes por supuesto de la de los propios productores que reciben menos ingresos y ponen todo el riesgo. Y generan las divisas que mueven la economía del país, para que el comercio pueda funcionar y pagar sueldos, para que trabajen los talleres, los supermercados, el importador –que no produce nada y se lleva su buena ganancia—, el publicista, el constructor, el minorista en general, y por qué no el sindicalista, que viven gracias a que la economía recibe dinero fresco de las exportaciones, que en mayor medida provienen del campo.
Recientemente la Federación Rural publicó una carta abierta al mandatario y en la que al efectuar un balance del año 2018 plantea entre los mayores desafíos del sector la sequía sufrida a principios de año, la falta de competitividad, la carga arancelaria, la producción a gran escala y la necesidad de aumentar las exportaciones.
Al ampliar estos conceptos, Sanguinetti dijo a Radio Carve que 2018 en la relación con el gobierno ha sido “un diálogo de sordos”, y explicó que después de la convocatoria del 23 de enero (por el movimiento Un solo Uruguay), “el Poder Ejecutivo salió muy apresurado a tratar de apagar el incendio y hacer reuniones, que como consecuencia, resultaron medidas muy mínimas. Pero siempre esquivando los temas de fondo”.
Señaló asimismo que en la última reunión que mantuvieron todas las gremiales con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, el ministro se puso “muy nervioso” y “ese nerviosismo es porque ven imposible esos cambios”.
A su juicio “estamos frente a un gobierno que ha demostrado una y otra vez que no le interesa el sector agropecuario”, en tanto evaluó que la proximidad de un año electoral “eso nos levanta el ánimo a todos pensando en que pueden haber cambios en algún sentido” y consideró que “lo importante es hacer comprender al sistema político que hay una bruta oportunidad que puede ayudar a muchos uruguayos y al próximo gobierno y hoy se está perdiendo”.
Ocurre que el escenario no es nuevo, porque cuando inició su gestión el actual gobierno, a través de un comunicado los productores agrupados en la Federación Rural formularon al Poder Ejecutivo un planteo cuyo eje central apuntaba a que se trabajara desde el vamos en la generación de condiciones para mejorar su competitividad, comprometida en el agro, como en otros sectores del quehacer nacional, por altos costos internos y una caída en los precios internacionales de las materias primas.
En esa oportunidad, fundamentalmente la Federación Rural exhortó a las autoridades de Ancap y UTE a que revieran el precio de las tarifas porque deterioraban la competitividad del sector, aludiendo a que “ante la persistente baja del petróleo”, en plena tarea en el agro, “se exhorta a quienes tienen la responsabilidad de fijar los precios del gasoil, a rebajar nuevamente el precio del mismo, pero en cifras que reflejen la realidad del mercado internacional”.
Los productores consideraron que “en un año en que los precios de los productos agropecuarios han sufrido un fuerte deterioro, una rebaja en el precio del gasoil significativo ayudaría mucho a recuperar algo de competitividad y mantener la actividad del sector. Asimismo, se exhorta a que se rebajen las tarifas de UTE, transfiriendo a la población aunque sea parte del ahorro que ha habido en la generación de energía en el último ejercicio”.
El planteo, que data de hace casi cuatro años, mantiene plena actualidad, lamentablemente, porque indica que este tiempo ha transcurrido sin respuestas, y más aún, la brecha se ha ensanchado. La inquietud de los productores rurales se mantiene vigente en todos sus aspectos, porque los altos costos de la energía, entre otros insumos, la inflación y la carga tributaria, han ido erosionando la competitividad, que más o menos se disimulaba por los elevados precios de los commodities.
A la vez los precios internos han continuado aumentando, en tanto en el sector de la producción primaria, los combustibles son clave en el esquema de costos, y seguimos con los valores más altos de la región, por lejos. En cuanto a la energía eléctrica, el escenario no es muy diferente, y pese a la instalación de los parques eólicos de gran porte en el país, no importa que haya sequía o inundaciones, o ninguno de estos extremos, suba o baje el petróleo, la constante es que siempre hay “argumentos” para que la energía siga siendo la más cara de la región en el Uruguay. Y así, los productores y la población, los clientes cautivos de los entes monopólicos, siempre están en las verdes y nunca les tocan las maduras.
El “diálogo de sordos”, que menciona el presidente de la Federación Rural por supuesto no es algo que ocurre solo en el año recientemente finalizado, porque las empresas estatales siguen funcionando como agentes de recaudación para sostener el funcionamiento del Estado, el que impone costos fijos en burocracia y otras demandas de funcionamiento de las dependencias estatales que no pueden disimularse con el argumento manido de la austeridad. Pero esto nunca se da en los hechos, porque ha seguido incólume el gasto estatal y quien lo sostiene es el sector productivo, el capital y el trabajo asociados, que son los que crean riqueza, mientras el Estado es el (mal) administrador de estos recursos, de los que devuelve solo una pequeña parte a la sociedad y retiene la mayor parte en su propio beneficio, a despecho del interés general.
Y en suma, cuando no se es precavido y se apuesta a que los años buenos durarán para siempre, se generan estos lodos y además se agrega el factor ideológico, incluyendo la dicotomía campo-ciudad fogoneada desde sectores del gobierno y los sindicatos.
Nos encontramos así ante un parate y un gobierno en piloto automático, sin respuestas, y lo que es peor, con los mismos vicios de gestión y vulnerabilidades de siempre, por la instrumentación de políticas expansivas del gasto público y consumir los ingresos adicionales que generó la coyuntura positiva.
