El Congreso de Intendentes realizó en la víspera la cuadragésimo tercera sesión plenaria, que tuvo carácter extraordinario –la ordinaria se realizará el venidero jueves 21 de febrero– y escasa difusión previa. Incluso la oficina de prensa del Congreso no informó de su realización y en la página web oficial tampoco hay ninguna mención. De hecho la última publicación allí corresponde al 30 de enero.
En el Orden del Día estaba la aprobación del acta de la cuadragésima segunda sesión plenaria, la consideración del Informe sobre el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Descentralización y Asuntos Varios.
La reunión transcurrió como sesión general, por lo que la prensa tuvo prohibido el acceso a la sala de la herradura en el piso 2 de la Intendencia de Montevideo, donde tiene su sede el Congreso de Intendentes. Eso dejó en evidencia que el tema que más urgencia tenía en ser considerado era el de los descuentos no autorizados por el convenio del Sucive en Patente de Rodados en la Categoría B (Camiones).
Tal como fuera publicado en la víspera por EL TELEGRAFO el asunto impacta en cinco intendencias: Lavalleja, Colonia, Florida, Flores y Durazno. Consultando varias fuentes, EL TELEGRAFO pudo establecer que hubo algunos cruces encendidos entre los intendentes presentes. El de Paysandú, Guillermo Caraballo, estaba presente pero declinó realizar declaraciones porque “se eligió un vocero y a él corresponde informar sobre lo considerado y resuelto”.
Adriana Peña, de Lavalleja, aseguró sentirse “muy apenada” e informó que ordenó una investigación administrativa interna.
Durante la sesión, los descuentos no autorizados tuvieron varios calificativos, según coinciden varias fuentes: “irregularidad”, “errores”, “desaciertos”. Hasta que se concluyó que lo mejor era “establecer una investigación de qué ocurrió realmente, de la magnitud de las maniobras en esas intendencias; esta investigación debe realizarse en un par de semanas, tiene que ser muy rápida”.
Una fuente que tiene extensa experiencia en el Congreso dijo a EL TELEGRAFO que “sin dudas se va a investigar, pero también es muy probable que todo termine con pedidos de renuncia de varios jerarcas; no creo que se vaya más allá”.
Empero, EL TELEGRAFO recordó que el exintendente de Colonia Walter Zimmer fue procesado con prisión en 2014 por abuso de funciones y falsificación de documento público, con irregularidades constatadas en Patente de Rodados. “Sí, pero eso fue una investigación de la Justicia; esta será en el ámbito del Congreso”, respondió con picardía el informante.
El Congreso nombró como vocero al intendente de Canelones y presidente de la comisión del Sucive Yamandú Orsi, pero este se retiró sin hacer declaraciones. Tampoco respondió a las llamadas de EL TELEGRAFO ni lo hizo su jefe de Prensa.
Próxima presidenta
Hay un tema que sobrevoló el Congreso y del que aún poco se habla. Adriana Peña, intendenta de Lavalleja, será la primera Presidenta del Congreso de Intendentes, en el período marzo-julio, tal como fuera acordado el año pasado.
Marne Osorio, intendente de Rivera, permanecerá en la Presidencia hasta fines de febrero y tendrá a su cargo la sesión del jueves 21. Todo se coordina para que Peña asuma el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha cargada de simbolismo.
Pero ahora al descubrirse esta situación en su Intendencia -que es cuidadosamente calificada evitando claramente la palabra “maniobra”-, y al iniciarse la investigación, se ha instalado cierta incertidumbre. La mayoría de quienes aceptaron expresarse bajo el categórico “No me nombres”, piensan que no tendrá consecuencias y Peña asumirá sin inconvenientes.