A inicios de los años ochenta del siglo pasado, el dúo musical “Los Zucará” logró merecidos niveles de popularidad con una obra musical que se transformó en un símbolo del denominado canto popular uruguayo. La pieza musical, titulada “Maldición de Malinche” hace referencia a Malinalli, una joven indígena que según la publicación National Geographic “acompañó a Hernán Cortés a lo largo de la conquista del Imperio azteca y desempeñó a su servicio una función clave: la de intérprete con las poblaciones indias”. La imagen que Malinche dejó en las poblaciones latinoamericanas es tan fuerte que, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española la palabra se utiliza para definir a una “persona, movimiento, institución, etc., que comete traición”. Esta mujer azteca, cuyo nombre original era Malinalli pero que luego pasó a ser llamada “Malinche”, cumplió un rol fundamental para la derrota de las poblaciones indígenas ya que no sólo permitió el avance de Hernán Cortés gracias a sus valiosas y oportunas traducciones, sino porque le permitió a éste conocer la situación de los distintos grupos que poblaban el territorio que ese conquistador pretendía sojuzgar. Si bien no se conoce la fecha ni las causas de la muerte de Malinche, su nombre identifica a aquellos que, traicionando y despreciando sus orígenes y su pueblo, se deslumbran y se arrodillan ante los extranjeros para ponerse a su servicio. Muchos integrantes del actual gobierno nacional siguen recorriendo el triste y humillante camino de Malinche, olvidándose de los pequeños empresarios (a quienes dejan librados a su suerte, sin importar que ese emprendimiento sea el sustento de una o varias familias) mientras se le coloca alfombra roja a todas y cualesquiera de las inversiones que vengan de afuera. A esos gobernantes, se le aplica sin dudas las estrofas del poeta Gabino Palomares que fueran musicalizadas por el dúo “Los Zucará”: “Tu, hipócrita que te muestras / Humilde ante el extranjero / Pero te vuelves soberbio / Con tus hermanos del pueblo.”
Un ejemplo de ese proceso puede ser apreciado en el ámbito agropecuario. En el pasado mes de diciembre el Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gabriel Capurro, alertó que “en los últimos 18 años, unos 8 millones de hectáreas (más de la mitad del territorio productivo), cambiaron de manos. Entre el 35 y 40% del territorio productivo del Uruguay está hoy en manos extranjeras.” De la mano de las grandes empresas forestales y de fondos de inversión provenientes del exterior, la extranjerización de la tierra ha sido un proceso firme e ininterrumpido de los últimos años, que se traduce muchas veces en el uso especulativo de tierras que poseen un alto potencial para producir, pero que en todos los casos expulsa a familias enteras del campo, “vaciando” desde el punto de vista demográfico los campos nacionales, uno de los puntales de nuestra economía. Coincidente con la opinión de Capurro, el entonces diputado del Partido Socialista por el departamento de Cerro Largo, Yerú Pardiñas, entrevistado en el año 2010 para un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a cargo del consultor Diego Piñeiro, destacó que en esta materia “la concentración se asocia a empresas muy fuertes que en la competencia por mano de obra tienen más capacidad para contratar que el pequeño y mediano productor: “…su problema …es competir con mano de obra más que competir por área de tierra…porque un tractorista en lugar de ir a un tambo va a ir a una empresa forestal o agrícola…”. Pardiñas apuntó asimismo “a los perjuicios que sufre el pequeño o mediano productor arrendatario que “teniendo contratos históricos con los propietarios de pronto ve que no le renuevan el contrato porque se prefiere arrendar a empresas más grandes”. Lamentablemente, las autoridades nacionales dejaron caer la opinión de este dirigente socialista en saco roto y la extranjerización de la tierra se ha profundizado desde entonces.
Lo que las autoridades nacionales parecen negarse a reconocer, a pesar de que la realidad rompe los ojos, es que en nuestro país las grandes empresas con cientos de empleados son la excepción y no la regla. Según Rosana Fernández, Gerente Comercial en República Microfinanzas, las micro, medianas y pequeñas empresas son el 99% de las empresas del país, incluyen rubros tan diversos como venta minorista, ferias, kioscos, servicios en general, albañiles, sanitarios y electricista entre otros y en ellas trabaja casi la mitad de la población de nuestro país. A pesar de la importancia que poseen estas empresas (muchas de ellas emprendimientos familiares en los cuales los hijos o nietos del fundador encuentran una fuente de sustento), el Gobierno Nacional tiene concentrados todos sus esfuerzos en las empresas de gran porte y especialmente en la segunda planta de UPM, que se ha transformado en una especie de “panacea progresista” con la cual el Frente Amplio pretende ganar las elecciones del próximo mes de noviembre.
Los microempresarios uruguayos, mientras tanto, sólo pueden ver al Presidente Tabaré Vázquez a través de la televisión. A estos esforzados emprendedores no se los recibe en las oficinas de la Torre Ejecutiva ni se le ofrecen la construcción de vías férreas, así como tampoco se firman con ellos pactos secretos con compromisos económicos que tendremos que pagar todos los uruguayos por varias generaciones. Tampoco existe para ellos la posibilidad de que el Gobierno Nacional (junto a su fuerza de choque, el PIT–CNT) le garanticen una “paz sindical” sin paros, ocupaciones ni interrupciones de ninguna clase. Como dice el viejo refrán “favor con favor se paga” y el pacto implícito entre el Frente Amplio, la central sindical y el Gobierno Nacional viene dando sus frutos desde el año 2005, creando beneficios y prebendas en un entramado cuyo verdadero alcance y contenido se guarda “bajo siete llaves” pero que siempre tiene al PIT–CNT defendiendo al gobierno (aún a costa de los intereses de los trabajadores) y atacando a la oposición en forma constante para acallar cualquier opinión que contradiga “la verdad oficial” de las cadenas oficiales y de las teatrales e inoperantes reuniones del Consejo de Ministros en el interior.
A pesar de todo, los micro, pequeños y medianos empresarios no están solos: sufren el azote constante de un enjambre de inspectores de diversos organismos públicos (Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Aduanas, entre otros), cuya finalidad es únicamente recaudar, sin tener en cuenta el esfuerzo que las personas que llevan adelante ese emprendimiento deben hacer. Un día sí y otro también se le exigen a esos emprendimientos nuevos y más complicados requisitos para poder ejercer su actividad, la cual además es monitoreada “peso a peso” por la llamada “Ley de Inclusión Financiera”. Todos esos mecanismos de control administrativo y financiero contra los micro, pequeños y medianos empresarios funcionan a la perfección y cumplen su objetivo de ahogar a todo aquel que quiera progresar aún cuando para ello deba poner en riesgo su patrimonio personal y trabajar varias horas por día codo a codo con su pareja o con los “gurises”. Para ellos, el Gobierno Nacional no tiene piedad. Parafraseando al ex presidente José Mujica “son burgueses apurados” y su legítimo deseo de progresar debe ser aplastado porque así lo ordena “el credo progresista” que predican nuestras autoridades nacionales, el cual se traduce en una obsesión de “igualar para abajo”. Lo paradójico es que esas mismas autoridades que buscan nuevas formas para ahogar a esas familias que quieren progresar, se inclinan genuflexos ante los poderosos que vienen del exterior. Un trato claramente injusto y desigual que sólo se explica por la “maldición de Malinche” que aqueja al gobierno nacional.
