La protección ambiental, más aún en un país de escaso territorio como el nuestro, es un imperativo para garantizar la calidad de vida actual y, fundamentalmente la de nuestras próximas generaciones.
Son muchos los desafíos y presiones ambientales existentes. Con el crecimiento del sector agropecuario y la incorporación de nuevos sistemas y paquetes tecnológicos aumentó la presión sobre los ecosistemas naturales, lo que obliga a acentuar los controles y desarrollar herramientas para asegurar un desarrollo productivo sostenible.
Uno de los principales aspectos ambientales vinculados a las actividades agrícolas es el uso de productos químicos para el control de plagas. El crecimiento de este sector productivo durante los últimos 20 años, ha aumentado la presión sobre los recursos naturales.
Se trata de un área de actividad clave en la economía nacional pero también de alto impacto contaminante que al igual que otros sectores, como el industrial, pueden generar afectación al territorio y sus diferentes usos más allá del espacio específico donde se realizan las actividades. Un claro ejemplo de esto es la contaminación de cursos de agua, con impacto en las actividades del sector pero también las turísticas y hasta en la salud humana.
La contaminación del suelo, de las aguas superficiales y de la flora nativa son perjuicios reales, igual que la muerte de colmenares enteros y de peces en cursos. A esto hay que agregar el riesgo que su uso supone para la salud tanto de trabajadores como otras personas que puedan sufrir el efecto de aplicaciones descuidadas o irresponsables.
Se vuelve imprescindible avanzar en la utilización de buenas prácticas de manejo y mejora destino final de los mismos para evitar que los agricultores reutilicen recipientes vacíos de plaguicidas o fertilizantes o que los mismos queden tirados en los campos, con potenciales y perjudiciales efectos para la salud y el medioambiente.
En este sentido, se están desarrollando desde hace un tiempo una serie de medidas que apuntan a disminuir potenciales riesgos y afectaciones, como la creación de puntos de acopio de envases de agroquímicos, planes de uso de suelo y planes de manejo lecheros, registro de plaguicidas, control a los fertilizantes, entre otros.
Somos un país productivo y debemos seguir siéndolo, pero de una manera más sostenible, con una mirada que incorpore el análisis del riesgo ambiental y a la salud humana, con programas de vigilancia más efectivos que puedan prevenir en lugar de actuar sólo sobre las consecuencias. Es importante tener presente que la reglamentación de la gestión ambiental adecuada de los residuos derivados del uso de productos químicos o biológicos en la actividad agropecuaria, hortifrutícola y forestal es una obligación e involucra a todos los actores del sector vinculado a la producción animal y vegetal promoviendo el cuidado del medio ambiente. Además, brinda beneficios adicionales: para los importadores o fabricantes representa un instrumento para mejorar la competitividad del sector productivo al ofrecer un plan de gestión de residuos y facilitar los procesos de certificación para ingresar a mercados exportadores más exigentes. Para el productor, es una alternativa accesible que beneficia la salud y el medioambiente en el cual vive y trabaja.
Evidentemente, la actividad agropecuaria no es el único riesgo ambiental ni la única fuente de contaminación existente, sino que también existen otros espacios que requieren que se atiendan aspectos de disminución de impactos, tales como los referidos a residuos urbanos o la contaminación por plásticos.
Contar con una política nacional de gestión de residuos urbanos es un debe que se arrastra desde mucho tiempo atrás y un tema que el gobierno del expresidente José Mujica quiso poner en la agenda, sin resultado. Se trata de un asunto complejo en la medida que implica acuerdos entre diferentes organismos y las intendencias a partir de una situación compleja y heterogénea de sistemas de recolección y disposición final en un contexto donde la mayoría de los departamentos trabajan con vertederos a cielo abierto.
La incorporación más reciente a la normativa vinculada a la prevención ambiental se enfoca en un problema cotidiano como es el uso de bolsas plásticas, habiéndose firmado a principios de enero el decreto reglamentario que regula la ley referida al uso sustentable de las mismas.
Como es sabido, de acuerdo a dicha norma quedan prohibidas aquellas de un solo uso que no estén certificadas ni tengan constancia de cumplimiento. En consecuencia, a partir del 1° de marzo próximo solo podrán fabricarse o importarse las bolsas permitidas según la ley, que entre sus condiciones está la de ser biodegradables o compostables.
La iniciativa apunta a prevenir y mitigar el impacto ambiental derivado de la utilización de las bolsas plásticas como la conocida “bolsa camiseta” y como señaló el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, se está apostando a un cambio cultural de las prácticas de los ciudadanos a favor del medioambiente.
Como es sabido, los cambios culturales cuestan. Sin embargo, pagar por bolsas plásticas hace que muchos consideren volver a la “chismosa”. En este sentido, de acuerdo a datos oficiales, en algunas localidades del interior del país que han sido monitoreadas, ya se está registrando una disminución del 50% en el uso de las mismas.
Considerando que los uruguayos utilizamos 360 bolsas por persona al año, el anterior es un dato auspicioso para un problema que no sólo representa un costo extra para la gestión municipal de los residuos sino que también genera afectaciones claras al ambiente, contaminando cauces de agua y poniendo en riesgo la vida de animales y, principalmente, especies marinas.
En definitiva, cuando se habla de la necesidad de prevenir y reducir la contaminación de una manera u otra estamos involucrados todos: quienes producen, los que industrializan y los consumidores. Todos podemos hacer mucho o nada. Algunos claramente están –cada vez más– obligados a cumplir con normativa ambiental y son pasibles de diferente tipo de sanciones. Todos tenemos una responsabilidad concreta: disminuir nuestra huella ambiental. Es en ese sentido que incorporar la dimensión ambiental a las prácticas cotidianas en los diferentes sectores de actividad resulta una necesidad impostergable.