En Uruguay, dos de cada tres robos se realizan con armas de fuego al tiempo que cada vez más empresas entrenan a sus funcionarios con cursos sobre seguridad que son dictados por el gobierno. En todo caso, un gobierno fallido con un Estado ausente busca la solución por el lado de la capacitación para enfrentar a la delincuencia cuando es una obligación constitucional el hecho de velar por la vida y seguridad de sus ciudadanos.
Es algo así como “cuidate vos, porque nadie más puede hacerlo” y se presentan las herramientas que en realidad son un reflejo de la realidad que atraviesan trabajadores y comerciantes. De acuerdo a la información presentada en los últimos días, a raíz de rapiñas ocurridas a comercios, el curso que brinda el Ministerio del Interior es el más solicitado y ya se anunció que este año lo harán la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, dos cadenas de grandes superficies y una cadena de farmacias que, además, reiteran la experiencia.
El punto en cuestión es que los lugares asaltados, en su mayoría, recibieron la presencia de delincuentes en otras ocasiones y con la misma violencia. Aunque cueste creerlo, hay lugares donde naturalizan la presencia de rapiñeros y se han acostumbrado a vivir con miedo.
Los datos oficiales solo cuentan las rapiñas hasta el primer semestre del 2018 e indican un crecimiento del 50% (de 9.282 a 14.459), mientras que durante el mismo período murieron 20 personas en medio de estos hechos. La violencia con la que se registran los robos, hace imposible cualquier análisis y estériles las soluciones.
Pero la necesidad de respuestas no proviene únicamente del sector privado, en tanto los funcionarios de las oficinas de El Correo en todo el país recibieron capacitaciones, luego de un robo ocurrido en una de sus dependencias en Montevideo.
A pesar de los cuestionamientos políticos dirigidos a las capacitaciones para enfrentar a los delincuentes, debemos comprender que nos preparamos para que nos lesionen menos o, en el peor de los casos, que nos maten menos. Y eso atraviesa cualquier polémica porque es la consecuencia de haber sido displicentes con el tiempo transcurrido y perdido en desmentir que lo que ocurría en las calles era fruto de la “manija” de los medios de comunicación junto a la oposición política, que intentó desestabilizar la tranquilidad ciudadana. Cuando los casos comenzaron a proliferar, las rapiñas se corrían de barrio en primer lugar y seguidamente pasaron a extenderse fuera de los límites del área metropolitana. Pero a esas alturas, el fenómeno se había expandido y ya dejaba de ser “una sensación térmica” para conformarse en crueles estadísticas, y lo que era un fenómeno de barrios complicados o zonas rojas, donde había dificultades de ingreso para repartidores, fleteros o ambulancias, incluía en los números fatales a comerciantes que se enfrentaban a cualquier hora del día, con una delincuencia que tiene en su haber una alta potencia de fuego.
Mientras se perdía el tiempo, las encuestas –que son una foto del momento, según insiste nuestra dirigencia– indican de manera continua que la seguridad ciudadana es el asunto que preocupa en mayor medida a los uruguayos y seguramente se integre a los debates en el presente año electoral.
De hecho, Equipos revela que siete de cada diez uruguayos consideran prioritario este tema, al tiempo que critican al nuevo Código de Proceso Penal, ante las penas alternativas, los criterios blandos o salidas negociadas, bajo cuestiones que vuelve más impune a la delincuencia. Porque así se sienten y así se muestran a la sociedad, con mil maneras de “zafar”.
Sin embargo, la resignación es notoria. Ahora, las autoridades estudian la posibilidad de permitir el uso de celulares dentro de los recintos carcelarios porque, de última, su uso es una realidad como el consumo de drogas o el uso de armas. Aunque conocemos la situación explosiva que existe en las cárceles uruguayas, en vez de abogar por soluciones reales, prefieren blanquear ese descontrol que describen sus propias jerarquías y otorgarle un poder mayor.
En la mañana de ayer, asesinaron de siete balazos a una mujer en Ciudad del Plata para robarle su Red Pagos, justamente en momentos en que se disponía a abrir su comercio en un día de cobro de jubilaciones. Dos hijos adolescentes quedarán marcados por el resto de sus vidas, mientras el gobierno se preocupa porque los delincuentes obtengan celulares porque, de acuerdo a sus argumentos, la corrupción intracarcelaria “no se puede combatir ni aquí, ni en ningún lugar del mundo”. Tampoco pueden controlar el Whatssapp porque está encriptado y aún no reconocieron el fracaso de El Guardián. La pregunta es si solo falta ver la autorización del ingreso de drogas o de armas a los penales, porque en cualquier caso, eso también es una situación constatada.
Entonces sabremos que el ejercicio de la filosofía de la claudicación ante un enemigo que no pueden vencer es el común denominador en sus decisiones. Y, de paso, habría que averiguar las connotaciones que llevaron a los delincuentes a elegir esa Red Pagos, cuya dueña era una mujer, y esperar sentado por las reacciones de los colectivos feministas que un día sí y otro también se disponen a ver el problema desde uno de los tantos puntos de vista.
La fuerza política en el gobierno que aspira a un cuarto mandato ayer cumplió 48 años de su fundación. Seguramente habrá novedades en este 2019, con la instrumentación en los próximos meses de una nueva sede para la Guardia Republicana, con asiento en Salto, y 500 nuevos policías para reforzar la seguridad en el norte del país.
Una medida que llega luego de mucho porfiar y de ver enemigos donde no había. No obstante, para algunos llega a tiempo y para otros, ya es demasiado tarde.
