Como una discriminación hacia quienes tienen un pensamiento distinto calificó el edil nacionalista Dr. Marcelo Tortorella la decisión de la Intendencia Departamental de no permitir que la organización Un Solo Uruguay (USU) pueda instalarse en el predio ferial para juntar firmas en apoyo a iniciativas para promover plebiscitos.
En tal sentido el curul expresó a EL TELEGRAFO que “un gobierno que sólo beneficia a quienes son funcionales a sus ideas, es como un padre que no alimenta a sus hijos a menos que hagan lo que él quiera. Esto es a propósito de la negativa del intendente Guillermo Caraballo de negar a la organización social Un Solo Uruguay la posibilidad de acceder al predio ferial de la Semana de la Cerveza, con el propósito de juntar firmas para apoyar los plebiscitos que promueven otras organizaciones sociales como la Cámara Regional de Empresas y Comercios del Este (Crece) contra la bancarización obligatoria y de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que impulsa la reforma del Art. 67 de la Constitución, para que las pasividades no puedan estar gravadas por ningún tributo a nivel nacional o departamental”.
Sostuvo Tortorella que “esta proscripción impuesta por el intendente del Frente Amplio Guillermo Caraballo, se da de bruces con la decisión del pasado año del mismo Comité Organizador de la Semana de la Cerveza, de autorizar legítimamente al Pit Cnt a disponer de un espacio físico dentro del predio ferial, para que esa organización juntase firmas contra la Ley de Riego”.
Puntualizó que “este peligroso chantaje del gobierno departamental pone en riesgo la convivencia y el sentir democrático y republicano que tiene el espíritu de tolerancia y de respeto que se merecen los sanduceros. Si el intendente Caraballo mandata a sus funcionarios a decirle eso a Un Solo Uruguay y a las organizaciones sociales que organizan estas convocatorias, debería explicarnos él mismo la razón de tal intolerante decisión. Porque esto se interpreta como una discriminación hacia quienes tienen un pensamiento distinto, y se les condena por eso a ser excluidos y atropellados en el principio de igualdad, que deben regir todas las decisiones de gobierno”. A su juicio el “apartheid frenteamplista le aprieta la soga a quien disiente y se manifiesta en tal sentido, lo cual constituye una forma de vulnerar el ejercicio de un derecho humano fundamental del pueblo de organizarse para impugnar mediante plesbiscitos los actos de gobierno, que afectan a la ciudadanía”.
Consideró además que esta decisión “afecta la institucionalidad democrática, existiendo un patrón de represalias instalado, hacia quienes se manifiestan o asumen públicamente posiciones de disenso con el Gobierno. Pretendiendo ejercer tras tal decisión, una política excluyente que discrimina la libre expresión hacia estos movimientos sociales por parte de una administración que utiliza inescrupulosamente las decisiones de gobierno, solo favorables a las preferencias del Frente Amplio, y favorece sólo a quienes son sus delfines”.
“Estos mismos gobernantes frenteamplistas, usufructuarios transitorios del poder, que en el pasado, se rasgaban las vestiduras por los atropellos dictatoriales, se olvidan hoy a conveniencia, que los derechos fundamentales son obligaciones insoslayables de todo gobierno, cuyo goce no puede estar sujeto a decisiones oportunistas, parcialidad ideológica o discriminación de especie alguna, pues lo que se está afectando aquí es la igualdad del trato, que constituye no solo un derecho para los ciudadanos, sino también un principio general de la actuación de cualquier gobierno, siendo además una de las bases fundamentales y valor supremo del ordenamiento jurídico republicano”, reflexionó Tortorella.
