Hace dos años estuvo en Uruguay el director general de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Guy Ryder, y aseguró que el organismo no tiene una “lista negra”, sino que es una manera que tienen los medios de comunicación de titular con “fines políticos”.
En aquella oportunidad, el referente internacional llegaba al país a raíz de las quejas presentadas por el sector empresarial, en 2009, contra la Ley de Negociación Colectiva y el decreto que permite las ocupaciones de los lugares de trabajo. Entonces, Ryder era optimista por el avance en el diálogo, dadas las características del país.
Hace unas horas, el presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, publicó en su cuenta de Facebook que esa lista “es un invento de la posverdad” y negó su existencia. “¿A dónde es que colocaron a Uruguay entonces?”, cuestiona el dirigente. En realidad, el caso uruguayo pasará a ser analizado por una Comisión de aplicación de normas del organismo internacional, porque tampoco la OIT tiene capacidad sancionatoria.
Sin embargo, un alto porcentaje del sindicalismo uruguayo sostiene que dicha resolución respondió a las presiones de organizaciones empresariales.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se encuentra en Ginebra donde la OIT realiza la 108ª Conferencia Internacional y en un video colgado en la web ministerial, el secretario de Estado nunca refiere a una “lista negra”, sino a una lista de países –incluido Uruguay– cuyos casos analizará el organismo internacional.
De igual manera, más allá del mensaje de tranquilidad, relativizó las críticas sobre la negociación colectiva que tiene 76 años de antigüedad, con mejoras salariales y anunció que esto será una “oportunidad” para defender las políticas sociales en el tema.
Pero el ministro dirigió su mensaje a las entidades empresariales, a las que responsabilizó por rechazar las propuestas del gobierno desde julio de 2017 con respecto a las ocupaciones de los lugares de trabajo “y por eso no hemos podido avanzar”, dijo. Murro puso como ejemplo el cierre de la última ronda con el acuerdo de 231 negociaciones colectivas y achacó a las organizaciones empresariales –uruguayos incluidos– a las presiones para eliminar o reducir las negociaciones colectivas.
No obstante, el gran tema es que la resolución de la OIT hiere las sensibilidades del sindicalismo y el Poder Ejecutivo, en tanto ubicaba al país como pionero en materia de legislación laboral y obtención de derechos que por cierto no comenzaron en los últimos períodos de gobierno, sino que se arrastran desde hace un siglo.
En Uruguay, hemos visto a un gobierno medir con varas diferentes al nivel de conflictividad, porque así como ha negado la actuación directa en las ocupaciones de empresas privadas, recurre a un decreto del expresidente José Mujica, del 2 de diciembre de 2010, donde aclara que “ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública”, “se procederá por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo de dicha dependencia al Ministerio de Trabajo”. En el caso de las oficinas del Estado el ministerio “procederá en forma perentoria a tentar una conciliación sujeta a condición de que los ocupantes depongan su medida en forma inmediata”. Si incluso así no lo hace, deberán pedir al Ministerio del Interior “el desalojo inmediato de los trabajadores”. El decreto de Mujica dice inmediata y si no existe la conciliación, entonces recurrirá a la fuerza pública. Ninguna empresa privada tiene tanta protección como un organismo estatal, ahora si un empresario resuelve por sí algunos de los mecanismos establecidos en la normativa, pueden generarse consecuencias impredecibles, dadas las características de las últimas medidas adoptadas por sindicatos privados y a la escasa o nula reacción del Poder Ejecutivo. Porque, en este caso, el nivel de libertad para actuar en los lugares de trabajo es prácticamente incuestionable, así como también lo es la libertad del otro que quiera ingresar a su lugar de tareas y no puede hacerlo por una medida. Y porque ya se sabe que los sindicatos continuarán con este mecanismo como protesta, si las autoridades no adoptan acciones para impedirlo. Es claro que no lo harán por el lazo “casi” de cosanguinidad existente entre el sindicalismo uruguayo y la fuerza política en el gobierno.
Además, no hay que olvidarse del interesante artificio utilizado por la actual administración de declarar la esencialidad de un servicio, cuando no ya no pueden con la vida de los sindicalistas.
Por otra parte, los sindicatos en Uruguay son impunes. No importa el daño que generen con sus medidas de fuerza, si tienen o no razón, si la medida está o no sobredimensionada, el sindicato nunca se hará cargo ni será responsabilizado por las consecuencias. Incluso puede provocar el quiebre de una empresa por capricho con total impunidad.
Y en relación al video difundido en las últimas horas, no existe una relación estricta entre el nivel de acuerdo en los consejos de salarios, con la repetición por seis veces de la frase “negociación colectiva”, con el estudio del caso uruguayo que remite a las ocupaciones de lugares de trabajo y en algún caso con control obrero a pesar del dictamen de la justicia. Y el propio ministro Murro muestra la extorsión que somete a las empresas en cada “negociación”, donde el Estado y los sindicatos, que son en realidad la fuerza de choque del partido de gobierno, deciden la suerte de las empresas uruguayas. No es casualidad que cuando el Frente Amplio se juega la continuidad en las elecciones, las “negociaciones” se cierren sin conflictividad alguna –tal como lo destaca el propio ministro Murro–, excepto alguna escaramuza que inmediatamente pierde fuerza apenas interviene el representante del Estado; por ejemplo, el recientemente solucionado conflicto de las envasadoras de gas. “Hemos hecho en estos años muchas propuestas (…) que hablaban de modificaciones a la ley de negociación colectiva (…) y también que encaraban la situación de las ocupaciones y los piquetes. Lamentablemente esas propuestas que hicimos desde el gobierno han sido rechazadas por el sector empresarial”, expresa el ministro con total desparpajo. Cuando claramente no hay nada que negociar: las ocupaciones no son una extensión de la huelga, y así se entiende desde la OIT, como en todo el mundo donde las relaciones laborales no están torcidas. La extorsión es del propio ministerio hacia las empresas, a las que pretende obligar a aceptar ciertas modificaciones en la negociación colectiva so pena de mantener las ocupaciones, que son ilegales. También está el derecho de los demás trabajadores a trabajar, aún cuando el sindicato –muchas veces muy minoritario–adopte una medida de fuerza extrema. Y eso no se contempla actualmente, configurando una dictadura sindical.
La OIT es un organismo independiente que no debe ser tomado en cuenta sólo cuando sus enunciados sirven a la ideología. Ayer quedó demostrado que la realidad es muy distinta a la que los sindicalistas y el partido de gobierno nos mostraba. Y si denunciar los atropellos es ser “antipatrióticos”, debemos recordar que el propio “antipatriótico” Pit Cnt denunció a Uruguay ante la OIT en 1989 por vulnerar “sistemáticamente las normas de la Organización sobre protección de la libertad sindical (Convenio núm. 87) y fomento de la negociación colectiva (Convenio núm. 98), en aras de imponer su política económica en lo que atañe a los salarios de los trabajadores públicos y privados”, según exponían en la oportunidad. Poco les importó la imagen del país en aquél momento.
No son dueños de la verdad, y claramente en las negociaciones el ministerio de Trabajo tampoco ha sido todo lo neutral que debe ser. Sería bueno que en vez de buscar conspiraciones, hicieran un mea culpa y corrigieran estas distorsiones que tan mal le hacen a las relaciones laborales en el país.
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