De acuerdo con la legislación uruguaya, las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, cercadas y aisladas eficientemente, las que serán determinadas por el Poder Ejecutivo con el fin de que se desarrollen en ellas con las exenciones tributarias y demás beneficios que se detallan en esta ley, toda clase de actividades industriales, comerciales o de servicios. Las ventajas que ofrecen las zonas francas son promovidas no sólo desde el sector privado, sino también por el Ministerio de Economía y Finanzas y especialmente por su titular, el contador Danilo Astori. De acuerdo con la información disponible en la página web oficial de esa secretaría de Estado, “el régimen de Zonas Francas en el Uruguay ofrece inmensos beneficios fiscales y a su vez otorga a los empresarios un camino eficiente para instalar y administrar sus emprendimientos, evitando largas esperas, elevados costos iniciales y procedimientos burocráticos innecesarios”.
Los orígenes de las zonas francas uruguayas se remonta al año 1923, cuando las dos primeras (Colonia y Nueva Palmira) se instalaron durante el gobierno de Baltasar Brum y si bien el régimen jurídico ha sufrido diversas variaciones desde entonces, una de las más importantes fue la impulsada por el presidente Julio María Sanguinetti al remitir, el 30 de julio de 1986, un proyecto de ley que regulaba diversos aspectos de esta actividad y que fuera aprobado como Ley 15.921 el 17 de diciembre de 1987. La iniciativa de Sanguinetti fue duramente atacada por el Frente Amplio y el Pit Cnt, quienes se opusieron a que existieran este tipo de polos de desarrollo comercial, industrial y de servicios en nuestro país.
En efecto, el 23 de julio de 1987, en la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, el entonces representante del Pit Cnt y hoy diputado del Movimiento de participación Popular (MPP), Oscar Groba expresó lo siguiente: “Consideramos que la soberanía puede verse afectada por este tema de las zonas francas, así como las fuentes de trabajo, y el derecho a los aportes sociales. (…) Tenemos una visión muy crítica de este proyecto y no creemos que le haga muy bien al país”. Es más: durante el trámite parlamentario se realizaron paros en contra del proyecto de ley, como lo señaló Juan Raúl Ferreira (en ese momento senador del Partido Nacional) durante la sesión de ese cuerpo el 27 de octubre de 1987, al defender la iniciativa legislativa del gobierno colorado: “…en el día de hoy se efectuó un paro de transporte por el proyecto de ley de Zonas Francas; también se realizó un paro bancario por ese motivo. Y estoy seguro –aunque que quizás me equivoque– de que si se hubiera efectuado una encuesta, un relevamiento, se obtendría que el 95% de quienes votaron este paro no saben lo que es una Zona Franca”. El senador socialista Reynaldo Gargano votó contra la iniciativa afirmando que era “negativa para los intereses nacionales”, mientras que el hoy Ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori sostuvo, en declaraciones publicadas por el semanario “La Juventud” en su edición del 23 de agosto de 1987 que “con deuda externa y zonas francas se está entregando pedazos de país”. Incluso cuando la ley ya se encontraba vigente, la misma continuaba siendo objeto de ataques permanentes, como el formulado por el propio Astori en una charla para el sindicato de trabajadores de Funsa el 15 de diciembre de 1988 y en el cual alertó que con las zonas francas: “se dijo que iban a mejorar las fuentes de empleo en el país y yo diría que cuando uno mira las cifras no sólo se mejoraron poco las fuentes de empleo, luego voy a decir por qué, sino que se causaron profundos efectos negativos en el movimiento sindical entre otras cosas, por dividir geográficamente los trabajadores, por aislarlos, por llevar a un número importante de trabajadores a la Zona Franca y mantenerlos en esa situación de extraterritorialidad de la Zona Franca, que está localizada en un cierto aspecto y que no los integra a sus compañeros del resto del movimiento sindical (…) no sólo se liquidaría la industria nacional, sino que tendríamos gravísimos problemas de fuentes de trabajo y de empleo para los trabajadores uruguayos”. Adicionalmente, Astori formulaba otra crítica a la instalación de zonas francas alertando que en ellas “se conceden el conjunto de beneficios y yo diría si ustedes me permiten, de dádivas más grandes y más importantes que este país haya concedido en toda su historia a grupo económico alguno”, una frase que obviamente resulta irónica si pensamos en las concesiones que el propio Astori ha realizado a la empresa UPM para su segunda planta de celulosa en Uruguay. Afortunadamente para los trabajadores uruguayos y para el Uruguay todo, ninguna de las catástrofes anunciadas por el Frente Amplio y por el Pit Cnt –brazo sindical del partido– se cumplieron. En el Uruguay existen once zonas francas (muchas de ellas autorizadas, paradójicamente, por el propio Danilo Astori): Zonamerica, Zona Franca Colonia Suiza, Zona Franca Florida, Aguada Park, Zona Franca de Colonia, Zona Franca de Nueva Palmira, UPM Fray Bentos, Zona Franca Libertad, WTC Free Zone, Zona Franca Punta Pereira y Parque de las Ciencias. De las zonas francas mencionadas sólo tres de ellas (Zonamerica, Aguada Park y WTC Free Zone) se encuentran ubicadas en Montevideo, lo que deja en claro que muchas localidades del Interior fueron lo suficientemente inteligentes para apostar a esta forma de captar inversiones y generar trabajo decente con proyección internacional.
El pasado 18 de junio el diario “La República” anunciaba que las 11 zonas francas instaladas en el país emplearon a más de 14.000 personas, que representan un 0,81% de la población económicamente activa de Uruguay. Según la directora de la Dirección General de Comercio del MEF, Rosa Osimani, “Las exportaciones desde las zonas francas dos años atrás fueron de 4.302 millones de dólares, que representaron el 27% de las colocaciones externas totales de Uruguay. (…)
Esto se traduce como un incremento del 4,77% respecto a 2016. Si se consideran las compras de bienes a territorio no franco, que representan un 11% de las exportaciones, se llega a una contribución casi igual al índice global”.
La jerarca del MEF destacó, asimismo, que “la contribución al Producto Bruto Interno (PBI) por parte de las zonas francas también ha arrojado un crecimiento en los últimos años, representando en 2017 el 4,8% aproximadamente. Por otra parte, la evolución del empleo en zonas francas tuvo características diferentes a las de la economía en el último período. Mientras que en el mercado de trabajo los ocupados totales disminuyeron 0,64% entre 2014 y 2017, los ocupados en zonas francas crecieron 8,21% en igual período”.
Fueron necesarios más de cuarenta años para que las mentiras formuladas por el Frente Amplio y el Pit Cnt contra las zonas francas fueran descubiertas. Hoy ha quedado demostrado (y admitido por quienes en el pasado fueron sus principales detractores), que las zonas francas no solo generan una cantidad fundamental de fuentes de trabajo, sino que se trata de trabajo de calidad, formal, con buenos niveles salariales superiores a la media nacional y con respeto a los derechos de los trabajadores.
Durante cuatro décadas el país perdió la oportunidad de beneficiarse de un régimen que es utilizado en diversas partes del mundo , más allá de los regímenes políticos o ideologías de los gobernantes. Se trata, ni más ni menos, de tiempo perdido por tratar de obtener una mezquina ventaja electoral sin medir los daños que se le hicieron al país y a su gente.
