El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), ingeniero agrónomo Gabriel Capurro, aseguró a EL TELEGRAFO que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, “está convencido que las cosas están funcionando bien y no lo vemos con la apertura mental para analizar otras visiones”, al referirse a la solicitud efectuada por las gremiales rurales de buscar una solución a los ajustes salariales.
El titular de la institución manifestó que al ministro “se le ha planteado la evolución de los distintos sectores y las dificultades que enfrentan las empresas. Incluso se le dejó información con la variación del producto bruto del sector, el incremento real de los salarios, y cómo aumentaron esos salarios en kilos de productos de distintos sectores, para que vea como es la situación del sector”.
Y agregó que “nos dijo tres veces que los únicos culpables que no hubiera negociación éramos nosotros, y no entendía que le estábamos planteando que queremos un mejor ámbito para que funcionen mejor los consejos de salarios y no afecten ni al empleo ni a las empresas”.
Manifestó que “después de estar más de una hora y media hablando”, Murro “insiste que los únicos culpables somos nosotros; vimos que no había posibilidades de generar esos ámbitos, y con esa posición inflexible optamos por retirarnos”.
Recordó que “nosotros le manifestamos al ministro que no estamos contra los consejos de salarios, pero sí queremos consejos de salarios mejores, más modernos, y que contribuyan al empleo del país. Queremos vivir en un país en donde los trabajadores ganen bien, y no un país que compita en base a salarios bajos. Que compita en base a eficiencia y haciendo cosas bien hechas”.
Sostuvo que “le pedimos un ámbito en donde conversar todos estos temas, y el ministro considera que está todo funcionando bien, que los consejos de salarios funcionan bien y nosotros no tenemos la misma visión”.
Capurro expresó que de alguna manera, “la evolución que ha tenido el empleo en Uruguay durante los últimos 4 años, durante todo este período de gobierno, ha sido al aumento del desempleo”.
Subrayó que “no estamos planteando un problema con los trabajadores rurales ni con el salario, sino que estamos muy conformes con el crecimiento del salario y que los trabajadores rurales estén en las mejores condiciones posibles”.
Entiende que para que eso suceda, “a las empresas les debe ir bien, sino no es posible. De ahí que nuestra mayor discrepancia está con el funcionamiento de los consejos de salarios, que le están haciendo daño al país y al empleo”.
Lo que más les preocupa a las gremiales del agro, “es lo que está sucediendo en las agroindustrias”, y citó Gabriel Capurro el caso de Conaprole, “con un sindicato muy fuerte que negocia condiciones muy ventajosas. Eso va a las ramas de actividades, y cuando se traslada a empresas en el interior del país, con menos escala y mayores dificultades por la localización geográfica que tienen, lo primero que hacen para poder absorber ese incremento de salarios, es bajarle el precio a los productores, y después entran las dificultades, como ya ocurrió con Ecolat, Schreiber Foods y PILI en Paysandú”.
Sostiene el dirigente que “las negociaciones por rama de actividad no se pueden trasladar a todas las empresas de cada sector, tras las condiciones que negocian los sindicatos de las empresas más fuertes, porque termina en monopolios”, dijo, asegurando que “esto está demostrado a nivel mundial”.
REUNIÓN DE LAS FARM
Las asociaciones rurales del Mercosur se reunirán mañana en el marco de la Exposición Rural de Paraguay que se desarrolla como es tradicional en el predio “Mariano Roque Alonso” de Asunción, para analizar entre otros temas, el acuerdo Unión Europea y el Mercosur, la decisión de dejar de vacunar en una parte del Brasil y la mosca de la bichera.
Por otra parte, Brasil y Paraguay anunciaron en Asunción que reforzarán la vigilancia sanitaria en la frontera común para proteger la ganadería y los cultivos de soja, que generan las mayores fuentes de divisas de ambos países.
Las medidas fueron anunciadas tras una reunión del ministro paraguayo de Agricultura, Denis Lichi, con su par brasileña, Tereza Cristina Correa, quien visitó oficialmente Asunción junto al gobernador de Matto Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja y otras autoridades de ese estado fronterizo.
El acuerdo, pendiente de revisión jurídica y que se firmaría este mismo mes, contempla, dentro del Plan Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa, la creación de “unidades zonales de vigilancia de cada lado de la frontera”, además de una interconexión de los responsables de estas áreas de control.
También se plantea un registro de productores y de la población bovina en un radio de 15 kilómetros a ambos lados de la frontera, así como de un control integrado del movimiento de ganado que deberá ser actualizado cada cuatro meses. Son todas buenas noticias para la región, pues la triple frontera, hace más de 17 años, generó serios problemas sanitarios. Fue por donde se reintrodujo la fiebre aftosa que complicó a Sudamérica e incluso demandó varias misiones de cooperación técnica para controlar la enfermedad. Esas misiones fueron coordinadas e impulsadas por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Panaftosa) y permitió un férreo avance sanitario.
Durante esta reciente visita a Paraguay, la ministra brasileña explicó que su país también promueve un banco de vacunas contra la fiebre aftosa pero con cepas exóticas para la región, que está en proceso de creación y de ámbito de aplicación aún en estudio, “en el que todos los países puedan participar”.
Tereza Cristina dijo que el mecanismo puede funcionar de forma cohesionada con el (Panaftosa) o dentro de este organismo, para responder a la demanda de los países “en forma rápida y precisa”, en caso que esos virus exóticos para la región hayan ingresado y se precise combatirlos.
Las autoridades de ambos países también se han puesto de acuerdo para celebrar encuentros bilaterales cada cuatro meses para repasar las medidas de vigilancia, que en el caso de los vegetales prevé la firma de un acuerdo en agosto próximo sobre “intercambio de acciones sobre registros de plaguicidas”.
