Unidad Popular presentó el proyecto de ley de Emergencia para la industria del cuero, en el marco de la amenaza de despido de trabajadores de la curtiembre Zenda, que envió a centenares al seguro de desempleo, y el cierre de dos de sus tres secciones. Esta situación agravó la crisis del sector curtidor que en Uruguay pasó de emplear a 10.000 operarios a unos 3.000 en la actualidad.
El diputado Eduardo Rubio, señaló a EL TELEGRAFO que “desde el ámbito político deben salir las definiciones que empiecen a cambiar la situación de brutal crisis que vive la industria del cuero y afectan el empleo de miles de trabajadores”.
La iniciativa –que comenzó a gestarse hace unos dos años– surgió del intercambio y aportes en la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento. “Los trabajadores de las curtiembres deberán ser los primeros en asistir cuando el proyecto se estudie en la comisión para que aporten sus puntos de vista”, precisó.
El proyecto de ley establece la suspensión de la exportación de cueros crudos hasta recuperar las cifras de procesamiento similares a los años 2007 y 2008, cuando se industrializaba en Uruguay un 65% más que en los últimos tiempos. Cuando alcance este volumen, habilitaría la exportación con un arancel de 20%, en tanto es una medida adoptada a nivel regional. En forma paralela, crea un fondo de compensaciones para los trabajadores con problemas laborales, a la vez de fomentar las industrias del calzado, marroquinería y vestimenta local a fin de impulsar la generación de nuevos puestos de trabajo.
EXONERACIONES
El legislador reconoció que distintos sectores de la producción, “como el agro, reclamaron igualdad de condiciones en las exoneraciones que reciben empresas como UPM. Creo que es un camino absolutamente equivocado. Estoy de acuerdo que la producción nacional debe exigir niveles de protección y estímulo que le permitan sobrevivir, pero no reclamar lo mismo que reciben los grandes monopolios que llegan a Uruguay”. Según Rubio, “no es una visión acorde con los intereses nacionales porque vienen a llevarse la mayor ganancia posible en el menor tiempo y el discurso es que, para que vengan los inversores, debemos dar facilidades”.
Reflexionó si “vale la pena que vengan para darle tantas facilidades. Debemos hacer la cuenta de lo que nos dejará UPM al final del proceso”. Explicó que se deben poner “todas las cartas sobre la mesa y calcular lo que nos cuesta en inversiones concretas, en exoneraciones fiscales, en daño ambiental y lo que nos dejará. A la larga no ganamos”.
En su opinión, la delimitación de zonas francas “no son una buena decisión para el desarrollo de un país. Que las pequeñas y medianas empresas nos reclamen zonas francas, es triste. Debemos darle condiciones para que trabajen y generen las riquezas necesarias”.
De acuerdo a Rubio, si el Poder Ejecutivo es “capaz de darle U$S 3.200 millones a UPM por las vías del tren, hay que tener capacidad para darle a las PYME y la industria nacional, las facilidades por encima de las que reciben ahora”.
Recordó que existe un desbalance en la protección de distintas industrias. “Nadie puede decir que cierra un tambo por día porque los tamberos son haraganes. Tienen a toda su familia allí y no quieren desprenderse masivamente, sino por el contrario. Pero si no sobreviven, tienen que irse. Nos faltan estímulos para esa producción porque le sobran a la otra. De ahí viene el desbalance con los modelos impuestos por el Fondo Monetario y el Banco Mundial”, resaltó.