En un sistema democrático siempre resulta saludable la aparición de nuevas propuestas, de nuevos candidatos, de jóvenes que quieran transitar el camino político para brindarle al país un frescor que las figuras ya establecidas no pueden sostener. Por un momento, eso pareció representar la figura de Juan Sartori, el empresario devenido en político que peleó por la candidatura del Partido Nacional en las recientes elecciones internas.
Sin embargo, su papel ha sido en detrimento de los valores de la democracia, esa que tanto cuidan los uruguayos, con un andar alejado del juego limpio y de evidente confrontación con sus rivales, actuando como enemigo incluso con sus supuestos correligionarios. Y ahora se suma un ataque a la libertad de prensa y a los derechos laborales, que vuelve a poner sobre el tapete al millonario de la sonrisa eterna.
El jueves pasado se supo que Sartori, que ahora buscará un lugar en el Senado y que también es propietario del portal Ecos, decidió que ese medio abandonará el periodismo y pasará a formar parte de su aparato de propaganda, y así se lo comunicó el martes a los periodistas que lo integran (una editora, un subeditor y cuatro periodistas). “Se acabó el pluralismo. Ecos va a pasar a ser un órgano oficial de Juan Sartori”, les aseguró el director de campaña de Sartori, Oscar Costa.
La editora del sitio web, Magdalena Herrera, se enteró que había sido despedida por un comunicado de prensa de la campaña de Sartori –así lo comentó en su cuenta de Twitter– y señaló que los periodistas que “no estuvieran de acuerdo, tenían que presentar la renuncia” y que no les correspondía el despido. Interpretado como un despido indirecto, los trabajadores solicitaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –asesorados por un abogado laboralista– que “intime” al empresario a notificar por escrito las modificaciones de las condiciones de trabajo.
Sartori puede hacer del medio que es de su propiedad, lo que mejor le parezca. Sí resulta inadmisible, desde el punto de vista ético y laboral, presionar a los periodistas para que se avengan a hacer campaña política y proselitismo en contra de su voluntad, amenazándolos con un despido o renuncia obligada sin pagarle lo que les corresponde por ese hecho. Quien prometía 100 mil puestos de trabajo, sin nunca decir cómo lo iba a llevar a cabo, asume ahora una posición contraria al empleo con manejos alejados de las buenas prácticas.
Estos acontecimientos provocaron en las últimas horas un resquebrajamiento en la interna de la campaña de Sartori, lo que también demuestra la poca base sólida de este proyecto. Por lo pronto, desde su sector de comunicación se deslindaron de esta movida. La asesora de prensa del millonario, Noelia Franco, se desmarcó ayer de la decisión de Oscar Costa, de convertir el portal Ecos en un órgano de propaganda: “En el comando de prensa existe gran malestar por no ser consultados ni informados de la situación y comunicaron que no aceptarán un cambio de relacionamiento con el portal”. También dijo que durante la campaña no se tuvo un órgano oficial porque “se entiende que no es necesario tenerlo”.
En realidad, todo este teje y maneje no sorprende, más allá de que los involucrados siempre se han hecho las víctimas negándolo todo, al tiempo que Sartori, en cada acto y lugar que iba, esbozaba su sonrisa pintada como si nada le afectara.
Con el tiempo se supo y se confirmó, que el precandidato contrató los servicios del asesor venezolano Juan José Rendón, conocido como el “mago de la propaganda negra” por su experiencia en el armado de campañas sucias. Pero ahora él, y Avidel Villareal y Víctor Maldonado, los ejecutores de esa estrategia, serán otros que no seguirán trabajando para Sartori.
Con ellos, la campaña de Sartori apuntó duro contra los rivales en la interna del Partido Nacional, y se les atribuye la difusión de noticias falsas a través de Facebook administrados desde México –los medios capitalinos fueron muy duchos para develar estas artimañas–, mensajes enviados por WhatsApp y llamadas de supuestos encuestadores que apuntaban contra Lacalle Pou y Larrañaga.
Esa campaña sucia llevó a que el Directorio del Partido Nacional formalizara el 20 de junio una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación para que se investigaran esos hechos que han afectado a algunos de sus precandidatos, informó El Observador.
Los intentos por socavar la libertad de expresión de los propios periodistas de Ecos, comenzaron antes de las elecciones internas que tuvieron lugar el pasado domingo 30 de junio.
Los cronistas fueron presionados para que publicaran más información en contra de los contrincantes de Sartori, a lo que los profesionales de la comunicación se negaron, firmes en la idea de seguir escribiendo con pluralidad y dándole espacio a todos sin importar el color político o sector.
El outsider de la política uruguaya terminó siendo un elemento absolutamente negativo para el país y su democracia. Un tipo que apenas conoce nuestras costumbres –no basta aparecer con mate y termo en brazo, y jugando al fútbol–, no ha respetado las mínimas condiciones de convivencia política, pensando que con dinero todo es posible. Y, por suerte, no todo es comprable.