La política vigente de conservación de suelos ha recibido críticas por diferentes vías. Entre ellas se incluye la reciente circulación en redes sociales de un mensaje proveniente de un partido político en el que se reconoce la importancia de esta actividad, pero se considera que su control es inadecuado, a pesar de los resultados positivos de su fiscalización informados en conferencia de prensa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en junio de este año.
Por este motivo, desde esta cartera de Estado se estimó necesario volver a informar a la opinión pública sobre el origen político y la evolución de la normativa vigente, los procedimientos para su fiscalización y sus resultados.
Se señala que el principal instrumento de conservación de suelos en Uruguay son los Planes de Uso y Manejo Responsable, que cuentan con un nivel de declaración del 96%. De esta alta proporción de planes declarados, se identificó un 5,6% en infracción por apartamiento de lo incluido en el plan y se aplicaron las sanciones previstas.
En cuanto a los Planes de Lechería Sostenible en la Cuenca del Río Santa Lucía, una herramienta más reciente, se estima que han sido presentados por un 52% de los productores obligados y que el nivel de cumplimiento está asociado al tamaño de las empresas y su consiguiente capacidad económica y tecnológica. Quienes no han cumplido con esta obligación están siendo notificados de su incumplimiento y de la correspondiente apertura de expediente.
Consideran que desde el inicio, la respuesta de técnicos y productores a las exigencias de esta política fue muy positiva, lo que llevó a lograr un cumplimiento de cerca del 96% en la actualidad. Este nivel de aceptación se explica, al menos en parte, por el proceso de implementación gradual, que buscó sensibilizar e informar a los destinatarios, apoyarlos en la elaboración de los planes e identificar posibles problemas, tanto en la formulación de los planes como en las herramientas informáticas para su presentación.
La estrategia de monitoreo de esta política incluye la evaluación técnica de los planes presentados, la identificación de incumplimientos por no presentación de planes o por apartamiento del plan presentado, mediante la utilización de sensores satelitales remotos y con la correspondiente fiscalización a campo, y la evaluación a campo de la no realización de buenas prácticas que están en la normativa.
DECLARADOS A LA FECHA
A la fecha hay declarados 16.840 Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos, correspondientes a una superficie de 1.582.834 hectáreas. La Dirección General de Recursos Naturales del MGAP tiene nueve regionales distribuidas en el país, veinticuatro técnicos y diez vehículos para realizar el monitoreo y la fiscalización, junto con otras actividades que también son de su competencia. Las posibilidades reales de inspección determinan que el trabajo previo a cada salida sea muy importante para maximizar su efectividad.
Fueron evaluados los 485 técnicos acreditados que presentaron planes y, como consecuencia, a algunos les fue suspendida la acreditación por un año. Los productores asesorados por ellos fueron informados y sus planes debieron ser reformulados. Sin embargo, esta evaluación concluye que la gran mayoría de los técnicos que presentaron planes trabajó correctamente.
Las áreas agrícolas sin planes de uso aparentes o con aparentes incumplimientos en los planes presentados, son identificadas por el Sistema de Información Geográfica de la Dirección General de Recursos Naturales, que informa a la regional competente, encargada de completar el análisis y definir las inspecciones según el criterio de priorizar las prácticas que implican un mayor riesgo de erosión del suelo.
Por su parte, la fiscalización debe verificar la presencia de cobertura en invierno por vegetación viva o muerta, el efectivo cumplimiento de los planes de los sistemas de uso más intensivo con estimaciones de erosión muy cercanas al umbral de tolerancia, entre los que se destacan los planes que incluyen la realización de terrazas. En este sentido, fueron presentados 1.120 planes que incluyen la utilización de terrazas, de los cuales se seleccionaron y visitaron 435, entre los que se hallaron 128 casos en los que las terrazas no habían sido construidas. Es también foco de atención la efectiva implantación de pasturas en las explotaciones con planes que así lo declaran.
A su vez, ha sido corrido el modelo de estimación de erosión para la totalidad de los planes presentados, junto con la inclusión en ellos de las últimas actualizaciones de coeficientes técnicos. Esto ha permitido tener una visión general e identificar aquellos planes que están muy cercanos al umbral de tolerancia de erosión (4.935), sobre los que se hizo un análisis más detallado y de los que se seleccionaron 1.645 (10% del total aproximadamente) para ser fiscalizados en campo. En las visitas, se encontraron 941 casos (5,6%) en infracción, a los que se aplicaron las sanciones previstas por la normativa.
PLANES DE LECHERÍA
En el caso de los Planes de Lechería Sostenible en la Cuenca del Río Santa Lucía, la exigencia efectiva comenzó en 2015, luego de una etapa piloto en un área reducida iniciada en 2014. En 2018, había 652 PLS presentados, correspondientes al 52% de los productores obligados y al 58% del área obligada, en función de la estimación de los totales que surgen de la declaración de actividad lechera a Dicose.
Para lograr aumentar el cumplimiento de la normativa de los PLS, se está trabajando en los llamados a presentación de proyectos de financiación predial administrados por la Dirección General de Desarrollo Rural, incluyendo la asistencia técnica para elaborar los PLS como un prerrequisito para ser elegibles. En el caso de los productores de menor tamaño, se incorporó al Instituto Nacional de la Leche (Inale), que podría llegar a financiar la asistencia técnica necesaria en estos casos. Mientras tanto, se está notificando a los omisos de su incumplimiento y de la correspondiente apertura de expediente.
