América del Sur tiene una creciente dependencia de los acuíferos ya que de ellos procede entre el 40% y 60% del agua que se consume, por lo que la calidad y protección de estos recursos es una necesidad impostergable.
No obstante, diferentes cuestiones –como las necesidades y servicios básicos de la población y el desarrollo de modelos de desarrollo basados en la explotación de materia prima– seguramente aumentarán las presiones sobre los acuíferos adquiriendo especial importancia e interés todo lo atinente a los recursos de este tipo compartido por diferentes países.
Según una resolución de 2008 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos, se recomienda a los estados que los comparten que desarrollen “arreglos bilaterales o regionales” para su adecuada gestión. Se trata de algo de suma importancia si tenemos en cuenta que, según la Unesco, uno de cada cinco acuíferos es sobreexplotado en el mundo.
Aunque es un dato que muchas veces pasa desapercibido al ciudadano común, especialmente porque la disponibilidad del recurso no es motivo de mayor preocupación respecto al abastecimiento, los uruguayos vivimos en una región de mucha agua subterránea, al punto tal que en todo el territorio nacional se puede perforar y encontrarla con relativa facilidad.
Más abajo de la napa freática de nuestro territorio se encuentran grandes reservas de agua y de estos acuíferos los más importantes por su tamaño son el Acuífero Guaraní y el Acuífero Mercedes y en tercer lugar el de Raigón.
El Sistema Acuífero Guaraní (SAG) es una reserva de agua dulce subterránea de más de 40.000 kilómetros cúbicos que compartimos con Argentina, Brasil y Paraguay y es la mayor de las reservas de agua de las que dispone Uruguay, presentando la característica de ser casi aflorante en algunos lugares mientras que en otros se encuentra a más de 1.000 metros de profundidad. Allí donde es aflorante existe el mayor riesgo de contaminación ya sea por actividades agrícolas intensivas o por efluentes de aguas residuales no tratadas.
Dada la extensión de este acuífero en la región, lo que se haga de en cada país puede –o no– afectar de distintas maneras las posibilidades del uso del recurso en los demás.
Es por eso que desde hace tiempo –y casi sin éxito hasta el momento– se pretende instrumentar proyectos de gestión conjunta de este importante reservorio de agua dulce. Estos esfuerzos llevaron en 2010 a la firma del Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, ratificado por Uruguay y Argentina en 2012, Brasil en 2017 y Paraguay el año pasado (aunque hasta junio pasado este país no había depositado el instrumento de ratificación necesario para que el acuerdo entre en vigor).
Si bien el referido tratado reconoce la soberanía de cada país sobre los recursos naturales de su territorio, introduce el tema de los recursos transfronterizos obligando a que se tomen “todas las medidas necesarias para evitar que se causen perjuicios sensibles a las otras partes o al medioambiente” e impone el deber de informar a todas las partes en caso de actividades que puedan tener efectos en el acuífero más allá de las fronteras nacionales, lo cual es muy difícil de determinar si no hay controles y registros permanentes así como un concienzudo análisis de autorización y seguimiento de todas las actividades con potencial de afectar el recurso.
En este contexto es que en marzo pasado representantes de los cuatro países se reunieron en Montevideo para comenzar a elaborar un proyecto que será cofinanciado junto con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para recomponer el trabajo detenido en la década de 1990, cuando finalizó el último proyecto conjunto sobre el tema. La iniciativa, apoyada por el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) tiene un costo de 8 millones de dólares –de los cuales 2 millones de dólares provienen del fondo internacional– e implica el monitoreo de los pozos del Acuífero Guaraní y la conformación de un sistema de traspaso de información entre los países, para avanzar en la capacidad técnica de monitoreo del acuífero.
En este sentido, el gobierno nacional acaba de anunciar que comenzará a realizar un registro continuo de niveles, caudales, conductividad y temperatura del acuífero y el uso que permite, como insumos para los modelos matemáticos actuales y futuros. Esto implica un seguimiento de sus características y condiciones y retoma un proyecto de protección acordado por los cuatro países en cuyo subsuelo se encuentra el acuífero.
A tales efectos, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente acaba de firmar un acuerdo con OSE para instalar en sus perforaciones una serie de sensores de estudios del agua de la parte uruguaya del Acuífero Guaraní.
De acuerdo a lo informado por la ministra Eneida de León, la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) aportará los sensores y los bienes necesarios para el monitoreo, realizará su instalación y mantenimiento, y ofrecerá asistencia técnica.
En tanto, el subsecretario, Jorge Rucks, informó que la generación de una red nacional de monitoreo en cada país para realizar un seguimiento de sus aguas fue una de las primeras acciones que se plantearon dentro un plan estratégico de estudio del acuífero en el marco de estudios que se vienen realizando en la región desde hace más de una década.
Agregó que hace unos seis meses se presentó un nuevo proyecto conjunto ante el Fondo de Medio Ambiente Mundial, para solicitar una nueva financiación y continuar con los trabajos articulados sobre el acuífero, lo que permitiría realizar un estudio más profundo y extenso.
Son buenas noticias dado que los estados poseen una clara responsabilidad en cuanto a la conservación de los recursos naturales y, en el caso del agua subterránea, esto implica que en el presente deben tomarse medidas concretas que aseguren su disponibilidad para futuras generaciones.
Se trata de un asunto complejo pero a la vez impostergable en un contexto de agudización de la explotación de las fuentes de agua y el aumento de las tensiones entre los imperativos del desarrollo económico y la necesidad de conservación ambiental de un recurso invaluable para la vida humana. A esa complejidad se agrega la gestión de recursos transfronterizos desde la posición de un país pequeño en medio de gigantes y eventuales intereses de organismos internacionales en cuanto a moldear legislaciones nacionales que involucran, como en este caso, un recurso estratégico para un mundo con problemas actuales y futuros de acceso al agua dulce.
