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El 6 de agosto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) elevó a la Suprema Corte de Justicia la demanda presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (Cndav), la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) y Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, que reclaman la anulación por inconstitucional de la Ley de Riego y sus decretos reglamentarios, según informó la Cndav en un comunicado.
“Esta resolución del TCA indica que los argumentos presentados en la denuncia son ‘de recibo’ y merecen ser estudiados a nivel superior. Como luchadores por un derecho humano esencial para la vida, es una señal muy importante, estamos en el camino correcto”, señala. La Cndav, con Ffose y Redes, fueron impulsoras del plebiscito nacional de 2004 que incluyó en el Artículo 47 la disposición de que el acceso al agua y al saneamiento son derechos humanos fundamentales. En 2017, tras la sanción de una nueva Ley de Riego, las entidades lanzaron una campaña de recolección de firmas para anular algunos artículos de esa ley que consideran violatorios del Artículo 47.
Las organizaciones denunciaron a la Ley de Riego por fomentar actividades que amenazan el acceso al agua potable, excluir la participación de la sociedad civil y de los usuarios y generar un mercado lucrativo del agua en manos privadas. La campaña reunió unas 300.000 firmas, que no alcanzaron para la convocatoria a un referéndum, pero ahora apelan a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley.
El 5 de noviembre de 2018, el Poder Ejecutivo aprobó los decretos 366 y 368 de 2018 que reglamentan la Ley de Riego. En tiempo y forma, las organizaciones presentaron un recurso contra dichos decretos en base a la inconstitucionalidad de la ley. El Poder Ejecutivo denegó la recusación y las entidades presentaron en abril la acción de nulidad ante el TCA.
