Un conocido empresario sanducero –quien también estuvo fuertemente vinculado al deporte local– fue condenado por la Justicia con 16 meses de prisión, que se cumplirán con medidas cautelares, tras comprobarse su responsabilidad en varios delitos de estafa.
O.D.B.R., carente de antecedentes penales, era propietario de una casa de repuestos ubicada sobre avenida República Argentina. Titulares de empresas –en su mayoría de Montevideo– lo habían denunciado en 2017, al pretender cobrar unos cheques emitidos (por diferentes conceptos y montos) y encontrarse con que no tenían fondos.
173 CHEQUES INVOLUCRADOS
Consultado por EL TELEGRAFO, el fiscal adscripto de Tercer Turno, Joaquín Suárez, indicó que las denuncias comenzaron a tomarse a “principios de 2017 y 2018 en todo el país”. “Se trataron, a fin de cuentas, de 20 denuncias que presentaron distintos acreedores en varias partes del país. Tenían como denominador común ser cheques que habían sido rechazados por falta de fondos o haber sido emitidos contra cuentas clausuradas en la explotación comercial que se llevaba en La Esquina del Repuesto”, precisó el fiscal. Fiscalía Departamental determinó que todas las denuncias fueran tratadas por Tercer Turno y se comenzó con la investigación. “Las 20 denuncias que tomamos tenían involucrados 173 cheques, tanto en pesos uruguayos como en dólares. Si tomamos la cotización a la fecha de emisión de cada cheque, (la maniobra) sería por poco más de 10 millones de pesos uruguayos”, dijo Suárez.
Con las pruebas reunidas, luego de un arduo trabajo de investigación, Fiscalía presentó el caso a la órbita penal. “A juicio de la Fiscalía se solicitó una pena de 24 meses de prisión por reiterados delitos de estafa en concurrencia fuera de la reiteración, con continuados delitos de emisión de cheques sin fondo y continuados delitos de emisión contra cuentas clausuradas. Donde la estafa, a nuestro entender, estaba dada en la emisión de cheques con carácter diferido. Debido a la cantidad de acreedores, se creaba la ilusión de que esos cheques iban a poder ser cobrados”.
En virtud del trabajo realizado, se pudo determinar que “desde el momento de la emisión ya no era posible responder por esos cheques”. “Por tanto estimamos como adecuado una retribución de 24 meses de prisión que, como arribamos a un acuerdo de proceso abreviado, dado que el denunciado tiene carácter de primario, la pena a solicitar fue de 16 meses de prisión mediante medidas sustitutivas”, dijo el fiscal.
“El Juez dispuso el arresto domiciliario total por 4 meses, otros 4 meses de arresto domiciliario en horas nocturnas, y los restantes 8 meses la sustitutiva de presentarse en la comisaría de su jurisdicción. Quedó como condena, es decir que la persona ya no revista la calidad de primario”, explicó Suárez. El nuevo sistema penal acusatorio admite la posibilidad de llegar a un acuerdo material para los damnificados. “En casos económicos como es este, el imputado arriba a un acuerdo con las distintas víctimas. Se tentó esa vía pero, por lo menos a Fiscalía, nunca se le comunicó de haber llegado a algún acuerdo material. Muchas de las víctimas –que se presentaron a la audiencia de la víspera–, manifestaron su voluntad de arribar a un acuerdo material, pero esto no pudo concretarse”, explicó el fiscal a cargo del caso.
