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La embajada uruguaya en Argentina elabora un informe sobre el impacto del cepo cambiario resuelto por el gobierno de Mauricio Macri, para que el Ministerio de Turismo analice la situación. La ministra Liliam Kechichian anunció reuniones con supermercadistas, shoppings, emisores de tarjetas de crédito y la Cámara de Turismo. “Todo lo que habíamos pensado hasta ahora tiene un cambio radical con algo que, de verdad, no esperábamos”, sostuvo Kechichian.
La ministra recordó la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo que hasta abril devuelve el IVA a las compras turísticas realizadas con tarjetas. Dijo tener “la sensación de que solo con eso no nos va a alcanzar” y reconoció que “el resultado puede ser muy parecido” a las medidas dispuestas en su momento por el gobierno de Cristina Fernández. Una vez que se consulte con el sector privado, el Ministerio de Turismo comunicará medidas para la temporada.
Por su parte, el expresidente del Banco Central, Julio de Brun, dijo que las medidas adoptadas en Argentina generarán problemas de precios relativos que repercutirán sobre todo en el turismo. El flujo de capitales desde Argentina a Uruguay en busca de resguardo no es lo que era antes. Ahora, los agentes perciben otras modalidades y crece la gestión del portafolio de negocios de argentinos en el exterior.
De Brun estimó que el dólar en Uruguay acompañará la devaluación de las monedas de la región estimando el valor a 40 pesos en los próximos meses.
INTERROGARÁN A HERMANO DE SANGUINETTI
(EFE)
Dos fiscales que investigan el caso Lava Jato en Perú interrogarán este martes a Andrés Sanguinetti, el hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, quien tuvo a su cargo la cuenta bancaria donde la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a funcionarios peruanos. El interrogatorio estará a cargo de los fiscales José Domingo Pérez y Geovana Mori en la sede del Juzgado Letrado de la Ciudad de Costa, según anunció la Fiscalía peruana.
Según las investigaciones preliminares, Sanguinetti llevaba la cuenta de Odebrecht en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y además fue supuestamente el encargado de abrir en el mismo banco las cuentas de destino de los sobornos, que estaban a nombre de altos funcionarios durante el segundo mandato del expresidente Alan García. Asimismo, mantenía presuntamente contacto directo con el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la oficina de la constructora encargada de ejecutar los millonarios sobornos a cambio de conseguir grandes contratos de obra pública. Así ocurrió aparentemente con los sobornos pagados por Odebrecht para la construcción del segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.
En los interrogatorios en Uruguay también participará la abogada Gisel Andía, como representante de la Procuraduría ad hoc (Abogacía del Estado) para el caso Lava Jato.
IMPUTADO POR COCAÍNA CON ANTECEDENTES
El empresario imputado por el cargamento de cuatro toneladas y media de cocaína tiene otras cinco empresas en Uruguay y cuentas en el exterior, pese a estar embargado. El hombre de 32 años fue imputado por un delito de asistencia de actividades ilícitas del narcotráfico. Por ahora la fiscal especializada en Estupefacientes, Mónica Ferrero, tiene claro que por lo menos ayudó en la maniobra, y busca indicios para determinar si el cargamento era suyo. En ese caso, lo imputaría por exportación de la droga.
La investigación confirmó que el empresario es el “real propietario” de la empresa CSA, que cargó en el buque tres contenedores con soja a granel. En esa empresa figuraban otras personas como director y accionista, pero son “titulares ficticios” dijo la fiscal, porque el empresario está embargado “por mantener deudas con todos los bancos de plaza”. Pese a ello, pudo constatar que tiene otras cinco empresas en Uruguay y cuentas bancarias en España y Estados Unidos.
Dos de los contenedores de soja se cargaron en Los Cerrillos pero el restante, donde finalmente iban cuatro toneladas y media de cocaína, se cargó en un silo de Libertad, en San José. Estuvo varios días en un depósito logístico del puerto y al ser embarcado en el buque Grande Benin de la naviera Grimaldi, el 14 de junio, quedó colocado entre los otros dos de tal forma que ya no se podía abrir porque sus puertas quedaban trancadas. Según la fiscal, “la operativa llevada a cabo devela ciertas inconsistencias, así como irregularidades que no se explican si no es en el marco del encubrimiento de una maniobra ilícita”. Los 221 bolsos deportivos que contenían 4 toneladas y media de cocaína habían sido colocados encima de la soja, casi tocando el techo del contenedor. La droga fue detectada en Hamburgo pero debía seguir viaje hasta a Amberes y luego a Milán, su destino final. El empresario uruguayo es el primer imputado por ese cargamento y, además de ser el dueño de la empresa que preparó y embarcó el contendor, ha tenido actividades en varios rubros.
En 2011 instaló una empresa de transporte internacional de productos congelados. Más adelante fue asesor de una empresa productora de yerba con cannabis y en 2005 fue procesado por un delito de falsificación de documentos con un delito de estafa. Ahora está en prisión preventiva por 120 días, a la espera del juicio.
La fiscal dispuso que el despachante de aduanas que intervino en el caso de los contenedores no pueda salir del país por un plazo de 60 días.
