Sobre el fin de su mandato, la Administración Vázquez a través de su ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori anunció una serie de medidas para capear el temporal en materia económica, con la perspectiva –según indicó el secretario de Estado– de propiciar inversiones y la recuperación de determinados sectores que a su juicio están atravesando dificultades puntuales.
Si bien en campaña electoral suelen distorsionarse hechos que rompen los ojos, para edulcorar la píldora que impida la fuga de votos y en lo posible captar adherentes, no escapa a nadie que más o menos siga de cerca la realidad del país que no se trata solo de medidas que llegan tarde, sino que son apenas una aspirina frente a cuadros de gravedad, y en el mejor de los casos –lo que está por verse– para escenarios coyunturales.
Pierde de vista el ministro –el mismo que ha estado en los tres períodos de gobierno en que ha gobernado el Frente Amplio, y por lo tanto protagonista directo de este desenlace– que más allá de supuestas medidas beneficiosas y de estímulo para la inversión, el gran problema del Uruguay, para su crecimiento y desarrollo, pero más que nada para que muchas empresas puedan subsistir, es el costo país, de índole estructural. Ello a causa de que en estos quince años de gobierno no se adoptaron en tiempo y forma los correctivos que hubieran hecho posible que sectores seriamente afectados tengan una competitividad de la que hoy carecen.
En suma, los anuncios se encuadran netamente en los ingredientes que lamentablemente se vuelcan en nuestro país en períodos electorales, para despertar expectativas que generalmente no se satisfacen, y en este caso ni siquiera expectativas, porque tan pronto se rasque la cáscara de la situación, no hace falta ser un erudito en economía para inferir que la problemática a resolver es mucho más compleja que alguna medida puntual de dudoso resultado.
Es que los ciudadanos, el aparato productivo, empresarios de todos los sectores, se enfrentan a costos exacerbados que tienen su origen en gran medida en los costos que aplica el Estado, en su necesidad de recaudar más y más para solventar sus gastos por encima de los ingresos y de las posibilidades del país.
Es decir, cuando el Uruguay padece de un déficit fiscal de casi el 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), los anuncios deberían centrarse en cómo se hará en lo que queda de este gobierno para abatir el gasto y reducir este déficit, de forma de no legar a quien asuma el gobierno el 1º de marzo de 2020 el fardo de una economía estancada y con semejante déficit, con una tendencia negativa que se mantiene. Para peor, con una economía mundial que presenta mercados complicados, en una región en la que los dos grandes vecinos nos transmiten más problemas.
Paradójicamente, este panorama es consecuencia de que no se hizo lo que se tenía hacer tras una década de ingresos excepcionales por la bonanza, y en cambio se aumentó irresponsablemente el gasto estatal que tenemos que pagar hoy con menos ingresos y en desaceleración.
Estas son las incongruencias que nunca ha explicado este gobierno, que solo ha dado vueltas a la noria argumentando que se ha “invertido” en políticas sociales, cuando todos sabemos que pese a los recursos que se volcaron no se ha generado sustentabilidad en los sectores supuestamente beneficiados, que siguen bajo la línea de pobreza tan pronto se corta la asistencia estatal con subsidios que paga toda la sociedad.
Y ya que hablamos de subsidios y sobrecostos que aplica el Estado, aparece en escena otro elemento que por cierto ya pinta como una nueva carga adicional para los contribuyentes, que es la absorción de la empresa Montevideo Gas por Ancap, luego que el concesionario Petrobras abandonara la plaza por pérdidas sistemáticas, en buena medida porque el sindicato no le permitía al inversor privado una reestructura inevitable para adaptarse a las circunstancias, porque el objetivo del gremio es el de pasar a ser funcionarios públicos.
Igualmente, el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, confirmó que el 30 de este mes Ancap se hará cargo de Montevideo Gas, y que mientras –sin plazo– se buscará un inversor privado para que se haga cargo de la empresa, lo que seguramente se trasladará a la decisión del próximo gobierno.
Tenemos en principio que el personal será absorbido por el ente, a la espera de que el inversor siga funcionando en la esfera del derecho privado, por lo que se va a operar con fuertes pérdidas que financiaremos todos los uruguayos. Estas pérdidas se agregan al “pozo” que ha dejado el proyecto de la regasificadora de Sayago. Según el diputado nacionalista Pablo Abdala, obedecen por un lado a la estructura burocrática y además al precio del insumo principal, que es la importación del gas natural como consecuencia del fracaso del proyecto de la planta regasificadora.
Pero en economía todo está relacionado, no hay compartimientos estancos y la acumulación de pérdidas por Montevideo Gas, como otras empresas, tiene que ver con los sobrecostos de insumos y con un mercado que se ha ido deprimiendo por problemas de ingresos de los clientes, ante el enfriamiento de la economía.
El punto es que acumular costos que aplica el Estado es precisamente lo contrario a lo que se necesita para revertir los problemas estructrurales a que nos referíamos, esos que soslaya el ministro Astori cuando intenta convencer a los uruguayos de que con algunos retoques por aquí y otros por allá el barco podrá enderezar el rumbo que se ha torcido.
De nada sirve llorar sobre la leche derramada, sobre las oportunidades que se dejó pasar, por motivos ideológicos, para sanear la economía y contar con una infraestructura más o menos sólida para afrontar los desafíos que se presentan a un país que al amparo de la exportación de commodities tuvo crecimiento pero no desarrollo, y mucho menos se ha logrado incorporar cadenas de valor en la producción.
Tenemos problemas asociados a la pérdida de competitividad, que deberían atacarse por un lado por un abatimiento de costos, que lamentablemente son de gran rigidez porque provienen del Estado que ha engordado este gobierno, en tanto tampoco se ha buscado hacer un esfuerzo por el lado de la mayor productividad, un concepto que es desterrado desde los sindicatos, sobre todo desde los del Estado.
Y esta realidad, cuando se busca inversión, indica que los estímulos anunciados –y los posibles– son apenas una gota en el mar del bajo o nulo atractivo que tiene encarar un negocio en nuestro país, donde ya sostenerse en pie adquiere ribetes de hazaña.
