La mochila cargada del delito
La multicausalidad del incremento del delito ha sido explicada hasta el paroxismo. En el debate han intervenido académicos, políticos, técnicos, asesores legales, intelectuales y antropólogos. Lo cierto es que las cifras mandan y aunque las explicaciones no sean simples, el problema es real y fue el caballito de batalla en la última campaña electoral.
Discutiendo el cambio en el perfil delictivo que obligó a la adopción de nuevas estrategias para su combate que, en ocasiones llegaron tarde y de atrás, hasta el balance penitenciario deficiente porque no rehabilita, ha pasado el efecto “Noviembre”. Las consecuencias sobre la aplicación del Nuevo Código de Proceso Penal, votado por todos los partidos y reclamado por todas las asociaciones que conforman los diversos operadores judiciales, tuvieron su cuota de protagonismo en el discurso oficialista.
Uruguay debió construir más cárceles porque ahora tiene más presos y los que ya estaban, vivían en condiciones deplorables de hacinamiento. Por eso, la mirada progresista, en este aspecto, cae por su propio peso. Porque los paradigmas trazados por esta ideología no se cumplieron y los derechos humanos, son una materia de referencia exclusiva al denominado “pasado reciente”.
Y porque el incremento de mayores efectivos, recursos tecnológicos, transformaciones internas y nuevas gestiones no alcanzaron.
Los delitos sexuales se incrementaron tremendamente. Montevideo lidera con el 18,8% de los casos, seguido por Canelones con 12,4%, Rivera con 10,9% y Paysandú con 8,9%. Todos los días se registran nuevas denuncias, con situaciones cada vez más complejas en su resolución. Las pericias psicológicas resultan lentas, ante la constatación de situaciones ocurridas en el ámbito familiar. Y las penas para los abusadores y violadores merecen un capítulo aparte. Solo diremos que la pena mínima para un abusador es de 8 meses y por violación de 2 a 12 años. Cuando ocurre una rapiña, se aplican penas de 4 a 16 años y los homicidios agravados de 10 a 30 años. Las penas por estos delitos son bajas, en tanto los efectos de los abusos sexuales pesarán sobre la víctima por el resto de su vida.
Pero el incremento se observa en todos los delitos, según el último balance presentado por el Fiscal de Corte, Jorge Díaz. En promedio, se denuncian unos 25.000 delitos por mes y hay 11.700 personas privadas de libertad. Hace algo más de 20 años, en 1997, había 4.117. Es decir que, el aumento es del 170%. Los datos oficiales eran conocidos en marzo pasado, con un 53,8% de crecimiento en las rapiñas y un 45,8% en los homicidios. La corrección vino unos meses después, en agosto, con la frase de un “aumento menor” de los delitos, en comparación con el año pasado. Las explicaciones corrían como reguero de pólvora porque a mayor explicación, se notaba un mayor enojo de la población. Y en esto no iba la “manija” de los medios de comunicación.
Después conocimos que en la región existía el poderoso e influyente Primer Comando Capital, que pasaba por encima de los sistemas de seguridad carcelarios y tendía redes del narcotráfico en cualquier punto del país.
Para cuando comenzó a actuar la justicia, ya había reclutado a 84 narcos, todos ellos con actuaciones en violentas rapiñas. Surgido en Carandiru hace cerca de treinta años, el comando actúa en la región y extiende sus tentáculos, desde los lugares que mejor conocen. Nacen dentro de las cárceles y las bandas desde afuera reclutan integrantes dedicados a obtener dinero para lo que sea. Secuestran personas, compran drogas y armas bajo el mejor sistema mafioso de la extorsión.
Calculan que en la región hay unos 40.000 delincuentes reclutados y en Brasil son los responsables de los grandes atracos y controlan el narcotráfico. Generan motines carcelarios que se extienden por varios días con asesinatos y ataques con explosivos que han llevado a la destrucción casi completa de los penales. Se especializan en tender puentes para el narcotráfico con rutas a África y Europa.
El referente de la banda en Uruguay tiene 10 antecedentes penales, entre los que se destacan homicidios, rapiñas y narcotráfico. Sin embargo con tamaño prontuario estaba libre al momento de consumar un atraco a un supermercado.
El nombre de Fernando Fabrasil comenzó a aparecer a comienzos de la década de 1990 con la muerte de un empresario de free shops y con el homicidio de un soldado durante un asalto a un local de pagos.
Ahora su nombre figura en la Agencia Brasileña de Inteligencia o ABIN y a través de escuchas telefónicas, la fiscalía pudo constatar que reclutaba nuevos integrantes, valorando especialmente sus antecedentes penales.
No es para asombrarse tanto porque Uruguay hace rato que se encuentra en el mapa de ruta del narcotráfico. Sin embargo, una vez constatada la salida de varias toneladas de cocaína por el puerto de Montevideo o por el aeropuerto de Carrasco, recién allí las autoridades resolvieron reforzar los controles. Solo la presión internacional y los grandes titulares para el mundo, nos ubicaron en la realidad.
A partir de allí, adoptaron un plan nacional de combate al tráfico de estupefacientes y al crimen en las fronteras, con trabajos de Inteligencia para mejorar los controles y la compra de un nuevo escáner.
La idea es mejorar la imagen del país, cuando ese bien en sí mismo debió ser el modus operandi de toda la estructura del país. Aunque sabían de la porosidad de nuestras fronteras, no se preocuparon. Y con esa displicencia, pasó lo que no debía pasar.
Era más o menos obvio que esa vulnerabilidad sería explotada por las redes y los cárteles latinoamericanos, en un continente signado por este flagelo. Con esta mochila comenzarán a cargar a partir del 1° de marzo, el equipo que encabezará Jorge Larrañaga, acompañado por Guillermo Maciel y Álvaro Garcé.
Aun si todo sale bien, los resultados no se verán en poco tiempo y quizás haga falta más de un quinquenio para poner la casa en orden y volver a creer que alguna vez fuimos un paraíso. → Leer más
