La preocupación por las mutaciones que está sufriendo el empleo en el mundo alcanza dimensiones globales, tanto es así que desde agosto de 2017 existe en la Organización Mundial del Trabajo, (OIT), una Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que en enero de este año, en el marco del centenario de la organización, presentó un informe titulado “Trabajar para un futuro más prometedor” en el que abordó profundamente la temática.
Se trata de un enfoque esencialmente optimista respecto a las transformaciones que se avecinan y que considera a su vez, inevitables. Y es optimista porque lo plantea como una oportunidad de realizar un nuevo contrato social. “Nos esperan innumerables oportunidades para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ampliar las opciones disponibles, cerrar la brecha de género, revertir los estragos causados por las desigualdades a nivel mundial y mucho más. Sin embargo, nada de ello ocurrirá por sí mismo. Sin esas medidas enérgicas, nos dirigiremos a un mundo en el que se ahondarán las desigualdades e incertidumbres existentes”, presenta el informe.
Pese a ello reconoce que en el proceso habrá sufrimiento, puesto que “los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización y la robótica– crearán nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición podrían ser los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades”. Además advierte que “las competencias de hoy no se ajustarán a los trabajos de mañana” y que para colmo de males “las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasadas rápidamente”.
Entre las posibilidades que el informe menciona en su estrategia para aprovechar favorablemente este cambio en el tablero laboral, indica que “la ecologización de nuestras economías creará millones de puestos de trabajo a medida que adoptemos prácticas sostenibles y tecnologías limpias; en cambio, otros puestos de trabajo desaparecerán cuando los países vayan reduciendo progresivamente sus industrias basadas en el carbón y en el uso intensivo de los recursos”. La comisión concluyó también que el aumento de la población juvenil en algunas regiones del mundo y el envejecimiento de la población en otras “pueden ejercer presión sobre los mercados de trabajo y los sistemas de la seguridad social”, lo que abrirá oportunidades en las áreas de los cuidados y la inclusión.
La propuesta de este equipo se resume en un programa que incluye tres recomendaciones generales, que desagrega en varios puntos más específicos. La primera de estas recomendaciones es “Aumentar la inversión en las capacidades de las personas” y en lo específico convoca a priorizar “el derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida que permita a las personas adquirir competencias, perfeccionarlas y reciclarse profesionalmente”; del mismo modo sugiere aumentar “las inversiones en las instituciones, las políticas y las estrategias que presten apoyo a las personas a lo largo de las transiciones que entraña el futuro del trabajo”, además de aplicar programas para la igualdad de género y proporcionar protección social universal “desde el nacimiento hasta la vejez”.
La segunda recomendación refiere al aumento de la inversión en las instituciones del trabajo y en ese sentido aboga por garantizar la representación colectiva de los trabajadores y los empleadores, a través del diálogo social como bien público, promovido activamente a través de políticas públicas, lo que en Uruguay conocemos como Consejos de Salarios, un instrumento que el gobierno entrante dijo tener intenciones de preservar, aunque es de esperar que haya transformaciones, en función de los anuncios. En el mismo apartado menciona también la necesidad de encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente, algo que explica en la recomendación que se adopte “un enfoque de la inteligencia artificial ‘bajo control humano’ que garantice que las decisiones definitivas que afectan al trabajo sean tomadas por personas”.
Finalmente la comisión recomendó “incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible”, mediante la creación de incentivos para promover inversiones en áreas clave, además de “remodelar las estructuras de incentivos empresariales en pro de estrategias de inversión a largo plazo, y explorar indicadores suplementarios de desarrollo humano y bienestar”.
Pero más allá de estas generalidades, de las que podría pensarse que aún estamos lejos, en Uruguay ya están pasando cosas. En abril de 2018 El País se hacía eco de un informe de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), que se centró en un análisis de 135 sectores de actividad en función de seis variables: peso del sector público, producción o no de bienes transables (que pueden exportarse o importarse), nivel de competencia, barreras de entrada, peso de la masa salarial en los costos de producción y rol de los sindicatos, que determinan si las condiciones aceleran o enlentecen la incorporación de tecnología.
Este estudio se basó en una metodología aplicada por la Universidad de Oxford años antes (en 2016), que reveló que el 54% de los puestos estaban en riesgo. La IEEM consultó además a 567 de sus egresados que ocupan puestos directivos en empresas, para tener su visión sobre cada uno de los factores.
El informe reveló que un 57% de los empleos analizados “tienen alta probabilidad de ser sustituidos por tecnología” y señaló que además “existen estímulos a nivel local para que eso se concrete”. Según sus estimaciones, los comprendidos en esta situación eran entonces 915.000 trabajadores.
Según el estudio, la cría de ganado (y otras tareas en el ámbito agropecuario), que empleaban entonces a unas 56.000 personas, constituían el sector más expuesto.
“Es que se trata de una actividad con poco peso del Estado, en competencia tanto a nivel local como con el exterior, sin barreras para la entrada y con un sindicato que no va a obstaculizar los cambios”, planteaban.
Del mismo modo estaban en riesgo por la automatización “quienes trabajan en el comercio (al por mayor o al por menor)”.
En una franja de riesgo intermedio el estudio situó actividades como “la enseñanza, la construcción, el transporte de pasajeros o la reparación de maquinaria” (entre otras), que sumaban entonces el 26% de los trabajos.
Entre los que menos deben preocuparse por el avance de la sustitución de tareas aparecen en este informe actividades como el diseño, medicina (y afines), jurídica y oficios, como los electricistas y otros.
En un planteo general explican que “Cuanto más orientado a ejecutar esté tu trabajo, más en problemas estás, y cuanto más orientado a pensar y resolver problemas, más protegido”.
Con estos elementos sobre la mesa, sumado a otras incertidumbres más coyunturales, como la situación económica y política en la región, el próximo gobierno deberá medir cuidadosamente el uso del timón si no quiere perder una posición que –si bien no es la mejor de la historia– sigue siendo de mucha estabilidad, comparada con la realidad del resto del continente. Del mismo modo que se deben fortalecer herramientas como el Instituto de Empleo y Formación Profesional, (Inefop), que en un futuro de conocimientos volátiles, será clave para mantener actualizados y competentes a los trabajadores.
