Cuando por primera vez, luego de quince años, el cambio de un gobierno a otro incluirá la rotación de partidos y de visiones ideológicas, interrumpiendo así la continuidad que reflejaron tres gobiernos de la coalición de izquierdas, una de las áreas que sin dudas deberá reflejar estos cambios es la educación, donde pese a las consabidas expresiones de autocomplacencia, ya han fracasado las tres sucesivas administraciones de gobiernos del Frente Amplio.
En la primera gestión de Vázquez la ley de reforma de la educación transfirió gran parte del poder a los sindicatos y corporaciones de la enseñanza, y en la que está en curso, trató de enmendar en alguna medida lo hecho cuando anunció que cambiaría el ADN de la educación, y los sindicatos le torcieron el brazo, a la vez de hacer renunciar a los hombres de confianza del presidente que se iban a encargar de los cambios.
Tras el triunfo de la coalición opositora encabezada por Luis Lacalle Pou el 24 de noviembre, las designaciones del presidente electo incluyeron a su asesor y mano derecha, Pablo Silveira, como ministro de Educación y Cultura y al excandidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva, como futuro presidente del Codicen.
Precisamente Silva está participando de reuniones con las autoridades vigentes en la educación, y entre otros aspectos, dijo que buscará “disminuir la inequidad del sistema educativo”.
El próximo presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP destacó tras reunirse con el actual número uno de ese organismo, Wilson Netto, que entre otros cambios, se buscará “salir de la lógica de colegiados divididos según los niveles educativos, a trabajar en una lógica de un colegiado único, que tenga representantes docentes, con voz y voto, que tenga representantes de los niveles Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente, y que tenga autoridades como integrantes del Codicen propiamente dicho, designados con venia del Senado y a propuesta del Poder Ejecutivo”.
Consideró asimismo que con Netto “fue una muy buena reunión, productiva, constructiva”, y agregó que fue “como volver a casa” porque estuvo en el Codicen “tres años y medio” como consejero electo por los docentes. “En esta reunión conversamos sobre políticas públicas que se están desarrollando en un marco de coincidencia, acuerdo, con muchas de ellas que ponen foco en el niño, en el estudiante, joven, y hay que avanzar en esa línea”, explicó.
Para Silva “hay un camino andado, pero hay que cambiar cuestiones para que hagan efectivo eso de la centralidad del estudiante” y se manifestó “convencido de que hay que desarrollar políticas públicas de continuidad, de largo aliento, más allá de los gobiernos”. Puso como ejemplo la formación continua de los docentes, “que es un debe que la administración tiene”, y destacó que “hay que llegar con una lógica de profundizar acciones que permitan disminuir la inequidad del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes”.
A su juicio se deberá “avanzar” en “la generación de comunidades educativas, sobre todo en lo que a educación media se refiere, en la mejor distribución de recursos en los contextos de vulnerabilidad, utilizando estudios y acciones también ya desarrolladas hasta ahora”, además de cambiar también “cuestiones vinculadas a la transformación y al fortalecimiento de los equipos de dirección y de inspección”.
“Hay que mejorar la articulación y la coordinación del sistema educativo público en lo que a la ANEP se refiere”, agregó, y dijo que esto lo “comparte” con el futuro ministro de Educación, Pablo Da Silveira, observó, en tanto se manifestó partidario de “mejorar el tema vinculado a la tecnología. Hay un Plan Ceibal que tiene que mejorar su articulación con el Codicen”, a la vez de reivindicar el rol protagónico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).
Naturalmente, en esta primera aproximación nos encontramos ante un decálogo de intenciones y objetivos que ya Silva había más o menos descrito en la campaña electoral, pero cuando se llegue a la hora de aterrizar estas opiniones o intenciones, debe tenerse presente que deberá conducir una estructura no solo complicada en cuanto al escenario burocrático, sino que durante tres lustros se delegó poder a quienes se sienten dueños de la enseñanza, y no admiten que nada se toque sin su consentimiento o iniciativa. De esa manera, las cosas adquieren otro color.
Lamentablemente, si bien las autoridades salientes están en conocimiento de esta situación, por compartir visiones ideológicas o para no levantar resistencias, han preferido dejar que las cosas siguieran su curso, y dejan sus cargos sin mayor autocrítica.
Un tema central, más allá de la sistemática pérdida de calidad de la educación a veces en aras de una visión “inclusiva” que ha significado emparejar hacia abajo, tiene que ver con la falta real de evaluación de resultados de los planes y de la propia situación, simplemente porque los sindicatos no lo han dejado hacer por temor a que de alguna u otra forma queden expuestos los problemas que no quieren reconocer, y sobre todo, que no sean afectadas sus condiciones laborales. En otras palabras las corporaciones en la educación, como ocurre en todas las áreas, defienden sus intereses; lo que está bien, porque fueron creadas con ese fin, pero el punto es que sus intereses no necesariamente coinciden con el interés general y muchas veces incluso están contrapuestos.
Precisamente quienes tienen la responsabilidad de que se vele por el interés general son los delegados del gobierno electo, de los ciudadanos elegidos por la ciudadanía, a quienes representan, y sobre este aspecto no debe quedar ninguna duda de parte de quienes se niegan sistemáticamente a aceptar que el pueblo es el soberano y en este caso, de quien tienen su representación.
Y no se trata de adoptar una postura refundacional, como lamentablemente, con poca suerte en los resultados, ha tenido el Frente Amplio, sino de tener altura de miras, de pragmatismo, de poder darle continuidad a lo que se considere que se ha hecho bien y cambiar la pisada en otros temas, esperando que, como en otras áreas, pueda llegarse a consensos que permitan delinear una política de Estado con rumbo firme y sometida a permanente evaluación.
