El presidente electo, Luis Lacalle Pou, auguró “marchas históricas y pacíficas” durante su administración, potenciadas por la Ley de Presupuesto que deberá votar el Parlamento el próximo año y la Ley de Urgente Consideración. En el último caso, las interrogantes pesan sobre su contenido y –ante los reiterados reclamos del Frente Amplio y el Pit Cnt– las consecuencias que tendrá con las movilizaciones callejeras.
Una vez finalizada la contienda electoral, abrió paso la etapa de las amenazas y agitación continua de dudas, bajo un semblante aleccionador de aquellos que no entendieron que la campaña electoral ya terminó. Porque quienes perdieron por ser negadores compulsivos de la realidad, padecen ahora del mismo problema. No hay forma de explicar, pareciera, que el sufragio en Uruguay es la voluntad ciudadana y soberana, cuyo resultado se respeta. Y se respeta a pesar del enojo por quedar fuera del poder, después de 15 años con mayorías para resolver en torno a algunos asuntos que ahora reclaman con vehemencia.
Anteponen la fuerza y el grito para la tribuna, al respeto a las urnas que hablaron en forma serena. Hasta no hace muchos días, la agitación y la ansiedad que les generaba el inminente retiro, los mantuvo inquietos después del domingo 24 de noviembre. Pero aquella –de no reconocer resultados– y ésta –en estado continuo de anuncios– son actitudes a las que tendremos que acostumbrarnos.
Ya lo anunció el senador electo, Oscar Andrade. En el próximo período y desde la oposición, guiarán la discusión política hacia los sectores vulnerables de la población, que permanecen tan vulnerables y en los mismos lugares de vulnerabilidad después de tres períodos. Sin embargo, se lo van a cobrar al próximo gobierno porque ya se encuentran trabajando para ser oposición aún sin asumir en el Parlamento. Porque es, desde ese lugar, donde la fuerza política se maneja como pez en el agua.
Hoy no es posible definir el estilo que llevarán adelante. A juzgar por las declaraciones del legislador electo, “depende de la contraparte. Si es salvaje el ajuste, va a haber una respuesta social muy fuerte”.
Y como escenarios de alta conflictividad, manejó la posibilidad de una fuerte reestructura del Estado que no toque a las Fuerzas Armadas o una reforma social que afecte a los trabajadores, menos a los militares. Así definió a la “respuesta social muy fuerte”.
Incluso fue por más: “Si la coalición multicolor elige radicalizar la situación, hay que tener una respuesta política. No podés quedar perplejo, para ese escenario tenés que tener respuesta política, porque si no, te lleva puesto. Y ahí vas a tener un escenario de respuesta social sin alternativa, tipo Chile”. Y la respuesta “tipo Chile” tiene mártires, entre sus muertos y heridos con discapacidades permanentes bajo un escenario convulsionado que aún no está resuelto. La pregunta es si esa opinión es por extensión la de su fuerza política. Si así fuera, no son tan impensadas las revueltas con infilitrados dispuestos a todo.
Hace rato que la ciudadanía quiere dejar de lado la confrontación y arribar a acuerdos a través del diálogo certero. Pero los nostálgicos de otros tiempos prefieren que hablen las molotov y los enfrentamientos con la fuerza pública para crear mártires que después engalanen las pancartas callejeras y sirvan de sustento a nuevas marchas.
Aún sin asumir, le adjudican responsabilidades sobre la denominada agenda de derechos y recortes presupuestales, que alguien en algún momento deberá concretar porque, en cualquier caso, tendrán que enfrentarse al alto déficit fiscal. Un déficit tan alto que Uruguay no registraba desde hacía 30 años, con la paradoja de un escenario económico favorable que permitía la aplicación de las denominadas políticas contracíclicas.
Pero los agitadores de ahora son los mismos que no se movilizaron antes contra la mala gestión de los entes del Estado, ni el mal manejo de las arcas públicas. Y todas tienen nombre propio: Ancap, Antel Arena, Envidrio, Pluna, Alas U, Gas Sayago y otras, cuyos recursos asignados con absoluta discrecionalidad permitieron que hoy nos encontremos con un panorama económico incierto. Los mismos que dicen que “la lucha es ahora”, tuvieron tres quinquenios en sus manos, con mayorías absolutas para defender a las empresas estatales. Pero se juntan ahora y con una postura defensiva, le anuncian al próximo gobierno que estarán en la primera línea de la resistencia. La justicia social, que no amparó a jóvenes pobres y desempleados (casi 25% menores de 22 años), será la mochila que harán cargar al próximo gobierno. O la agenda de derechos, que no alcanzó para las cárceles superpobladas que tienen altos índices de homicidios intracarcelarios. Ni alcanzó tampoco con la regulación del mercado del cannabis, que era un invento para sacarle los consumidores al narcotráfico y, lejos de disminuir, se potencia con la llegada de nuevos perfiles delictivos.
Pero los números rojos no importaron. El gasto continuó y con ella, la denominada “consolidación fiscal” que tampoco mejoró el déficit. Eso no habla de seriedad ni de responsabilidad institucional, a pesar de las descripciones circunstanciales que repetían en las conferencias de prensa.
Y el gobierno que asumirá el 1º de marzo deberá hacerse cargo, de lo contrario, tendrá mayores dificultades que las gestiones anteriores. Porque un déficit cercano al 5% no habla de una “casa en orden” ni la panacea descrita durante los actos de campaña del oficialismo. Fuimos un país que gastó por encima de lo que recaudó y quienes ahora reclaman, nunca pidieron explicaciones por eso.
Fuimos un país que vio títulos universitarios donde no existían por el solo hecho de amparar a un delfín que querían promover como el sucesor de Tabaré. Que truchó remates, que defendió dictadores y dictaduras por afinidad ideológica y por negocios que nunca quisieron investigar. Y todo lo hicieron esos mismos que ahora se presentan como defensores de la cosa pública. En todos los casos, la historia y el archivo no los absolverá.