Polémica en la Junta ante oficio del Tribunal de Cuentas sobre fondos para obras de accesos

Uno de los temas que dio lugar a polémica entre ediles oficialistas y de la oposición en la Junta Departamental de Paysandú refirió al oficio remitido por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) a la corporación, sobre el uso de fondos para la obra de los accesos al puerto de Paysandú por la Intendencia Departamental.
Precisamente el referido tribunal dio cuenta al plenario de que tomó conocimiento del Oficio No. 0729/19 de fecha 7.10.2019, relativo al pedido de intervención por la Junta Departamental de Paysandú, al amparo del artículo 273 numeral 4 de la Constitución de la República.
Dicho pedido fue aprobado en sesión del 4.10.2019 y tiene por objeto que se dictamine sobre la legalidad de la afectación de $ 26:000.000 para destinar al Fideicomiso de Administración Paysandú (Refenisa), obra de los accesos al puerto de Paysandú.
“Asimismo, se remitió fotocopia del pedido de intervención planteado a la Junta por un grupo de ediles, respecto a la comunicación realizada por nota del intendente de Paysandú de fecha 22.08.2019 a la Junta Departamental de Paysandú. En la referida nota de fecha 22.08.2019, el intendente de Paysandú expresó la necesidad de continuidad de las obras de construcción de los accesos al Puerto de Paysandú (Etapa 2), en lo relativo a la conexión terrestre desde Avenida Libertador José de San Martín y calle Ledesma, hasta el muelle de alto nivel, en una extensión aproximada de 1.200 metros. También manifestó que la empresa adjudicataria –José Cujó S.A.– presentó presupuesto por esta segunda etapa que asciende a la suma total de $ 38:481.628, más un 30% como garantía por el Fideicomiso de $ 11:544.48, lo cual totaliza la suma de $ 53:138.223. Expresando además que existe el compromiso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en aportar $ 12:000.000, y que según los cálculos efectuados, la Intendencia deberá aportar el Fideicomiso $ 26:000.000, afectando la recaudación de Sucive”, expresa el oficio del TCR.
“En respuesta a lo requerido por la Junta Departamental, corresponde expresar que este Tribunal se expedirá acerca de la legalidad del gasto, una vez que el mismo y todas las actuaciones relacionadas sean remitidas por la Intendencia a efectos del contralor constitucional que le compete”, señala el oficio.

PLANTEO DE LA OPOSICIÓN

En la última sesión de la Junta, el edil nacionalista Marcelo Tortorella dijo que la Intendencia ha estado en omisión al no enviar la información correspondiente, lo que fue rechazado por el oficialismo.
Paralelamente la edila nacionalista Gabriela Gómez fustigó que no esté funcionando, al no haberse integrado nunca, la Comisión de Seguimiento y Control de la ejecución de este fideicomiso, constituida por cinco miembros titulares y cinco suplentes que serían designados respetando la representación en la Junta Departamental.
El planteo de Gómez daba cuenta de que al no haberse integrado nunca este grupo de trabajo, aprobado en la Junta Departamental el 23 de agosto de 2016, no se ha tenido la posibilidad de tener el control correspondiente, y pidió en la última sesión, en base al artículo 47, la conformación del grupo, pero este planteo no tuvo andamiento al no hacerse eco la bancada del Frente Amplio.