Aunque no fue caballito de batalla de ninguno de los partidos que comparecieron en las recientes elecciones nacionales, la problemática de la seguridad social y sobre todo su financiación de cara al futuro es un factor omnipresente cuando hablamos de los recursos del Estado.
El que se le haya soslayado en la campaña tiene su explicación por el lado de que lejos de ser un “llamador” de votos, por el contrario habrá que establecerse correctivos que no van a resultar simpáticos, porque cuando hay que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro, siempre hay damnificados, o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Además, no hay ningún partido en el mundo que tenga la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que hay consenso en que las respuestas necesariamente tienen que pasar por un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema.
Por lo pronto, debemos partir de la base de que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional.
En este sentido, considerando solamente los índices de natalidad y mortalidad, según un estudio del Banco de Previsión Social, nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 –cuando tampoco estábamos entre los de mayor índice ni mucho menos– a una estimación de 1,9 nacidos para 2020, en tanto en la otra punta de la pirámide, la tasa bruta de mortalidad en 1950 era de 10,52 cada mil habitantes y ésta se estima en 9,21 para 2020.
Vienen a cuento en este análisis aportes formulados por Guillermo Tolosa, director ejecutivo del instituto de estudios económicos Ceres, en El Observador, quien considera que entre los desafíos que tiene por delante Uruguay figura la necesidad de un ajuste fiscal, y en este sentido el economista sostuvo que el “gran elefante blanco” que tiene el Estado uruguayo es la seguridad social –que implica un 35 por ciento del gasto estatal– teniendo en cuenta el elevado gasto en jubilaciones y pensiones.
Dijo que este gasto incluso es elevado en la comparativa internacional respecto a países de estructura demográfica semejante, al punto que se duplica en promedio respecto a otros y consideró que “es un esfuerzo que está haciendo la sociedad uruguaya que tiene consecuencias positivas. No es un despilfarro y todos deberíamos estar orgullosos”.
Empero, destacó que desde 2008 el gasto en seguridad social aumentó un 70 por ciento, lo que equivale a un dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en infraestructura el incremento fue del 0 por ciento.
Para el ejecutivo, aunque el Uruguay alcanza niveles excelentes en cobertura, suficiencia del sistema e indicadores sociales para los adultos mayores de los mejores en el mundo, en la actualidad los niveles de gastos en el sector son similares a los previos a la reforma de 1996 y ha ido “en peligroso aumento”.
Y aquí debemos situarnos nuevamente en el aspecto demográfico como uno de los elementos a tener en cuenta: un menor número de nacimientos y la mayor expectativa de vida significa inequívocamente que estamos ante un envejecimiento de la población que implica desafíos a los que, contrariamente a lo que ocurre por ejemplo en los países desarrollados, se llega con disponibilidad de recursos muy menguados y coberturas que dejan que desear en diversas áreas relacionadas sobre todo con la seguridad social, con la productividad y con los requerimientos de recursos humanos y materiales.
Esto no un tema nuevo ni mucho menos, sino que refiere a una problemática que desde hace mucho tiempo debería estar recurrentemente en la mesa de trabajo, pero que a menudo se soslaya por los actores políticos.
Pero por más que se da vueltas en el asunto, reaparece como el eje de la cuestión la sustentabilidad del sistema de seguridad social ante el aumento de la población mayor, los recursos disponibles y las exigencias que se irán acentuando en lo que refiere al apoyo para atender la calidad de vida de este sector de población, que de una forma o de otra siempre recaerá sobre los actores activos del sistema.
El Economista Tolosa señala por su lado que como contrapartida a la inversión social, también ocurre que la totalidad de gastos en adultos mayores que debe cubrirse con Rentas Generales –por encima del ingreso del sistema– equivale al 7 por ciento del PBI, superando en más del 40 por ciento los gastos en niñez y adolescencia, incluyendo educación.
Apuntó que esta asimetría ha implicado una desigual asignación intergeneracional de recursos, dado que la pobreza en adultos mayores bajó en mayor ritmo que la de los niños, y destacó que el aumento en el gasto de la seguridad social se dio principalmente por el ajuste que se aplica a las pasividades por Índice Medio de Salarios “aunque la reforma de 2008 y otras medidas administrativas también tuvieron efecto”.
Se preguntó si la sociedad uruguaya ha pasado a ser un modo de transferencia de ricos a pobres o de jóvenes a adultos mayores, y evaluó que ante el aumento de salario real en el período, quien se ha jubilado en 2004 promedialmente obtiene 1,4 veces más como pasivo que en su vida activa.
Esto tiene sus consecuencias en la financiación, reflexionó, y dijo que se necesita una reforma que incorpore de mayor forma a los adultos mayores a la sociedad, no excluyendo la posibilidad de que puedan trabajar a tiempo parcial para generar ingresos durante su jubilación, sin excluir nuevos elementos, desde la política fiscal o la mecánica de la indexación, respetando la Constitución, de forma de buscar garantizar la sustentabilidad del sistema.
Lamentablemente, como bien consigna Tolosa, cuando a una sociedad le va bien como se dio en Uruguay entre 2005 y 2015, es bueno compartir esa bonanza entre activos y pasivos, sin que tenga impactos en el déficit fiscal, pero este déficit empeoró desde 2015 a 2018 en el 1 por ciento, solo por seguridad social.
De todas formas, con una relación activo-pasivo que dista de ser la ideal y con este ritmo de envejecimiento poblacional, las decisiones no pueden postergarse. El sistema político debería buscar soluciones y compartir los costos políticos que inevitablemente surgirán como consecuencia de los correctivos.
Y ello debe enmarcarse en un entendimiento político interpartidario sin excepciones, ante un desenlace que desembocará en un futuro más o menos cercano, y del que todos los involucrados con poder de decisión y responsabilidades deben hacerse cargo llegado el momento.
