Sin dudas un elemento central en las políticas que habrá de llevar adelante el nuevo gobierno –con expectativas acotadas, naturalmente, ante un margen de maniobra muy condicionado por el estado deficitario de las cuentas públicas, el atraso del tipo de cambio, aumento de la desocupación y desaceleración de la economía– tiene que ver con el precio de la energía que moviliza el aparato productivo y la logística, nada menos, y pese que en estos últimos años se ha mejorado el perfil de la matriz energética, el petróleo sigue ocupando un papel prioritario en este esquema.
Es por ello que debe considerarse como de primer orden la evaluación a priori que formulan quienes habrán de ocupar cargos de decisión en el gobierno que asumirá el 1º de marzo, como es el caso del designado subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, nuestro conterráneo diputado Walter Verri, quien se integrará al cargo en el marco de la distribución de ministerios entre los integrantes de la coalición multicolor, en este caso por el Partido Colorado.
En diálogo con EL TELEGRAFO, Verri dijo que “no está descartado que la liberalización de la importación de combustibles se pueda incorporar a la Ley de Urgencia, o enviar un proyecto independiente a la brevedad, pero tampoco es un tema que necesariamente deba procesarse rápidamente”, lo que indica que con buen tino se ha preferido ir despacito por las piedras, porque se trata de una problemática compleja en un tema que tiene pendiente el país desde hace muchos años y que tiene que ver también con el papel que cumplen o deberían cumplir las empresas estatales.
Adelantó sí Verri que existe ya desde el vamos la decisión de que los precios de los combustibles tiendan a estar alineados con el precio de paridad de importación, “más allá que exista o no la posibilidad de importarlo”.
Explicó que no existe tampoco una decisión cerrada en el sentido de incluir o no el tema en la Ley de Urgente Consideración que implementará el gobierno lo antes posible a partir del inicio de su gestión, lo que reafirma la idea de que es un tema en el que no se puede acelerar sin evaluar todo el escenario, más allá de la coincidencia en la necesidad de que el Uruguay deje de tener los combustibles más caros de la región y entre los más caros del mundo, lo que por supuesto contribuye a que seamos un país caro, porque el combustible es clave en la pirámide de costos. Y mucho más cuando estamos atados al régimen monopólico de Ancap, su ineficiencia y su burocracia, por no mencionar una gestión que desde hace años ha estado dejando que desear, al punto que el gobierno debió capitalizar la empresa ante sus pérdidas, por un monto no inferior a los 600 millones de dólares.
En suma, el eje del tema son los precios, más allá de quien refine o importe, y para el país es de fundamental importancia que por lo menos no tengamos los combustibles más caros del mundo, en parte por el costo de importación y refinado, pero también en gran medida porque los impuestos que se aplican explican no menos de la mitad del precio del combustible en surtidor, simplemente porque entre todos estamos financiando al Estado que gasta demasiado y mal.
Señaló precisamente el futuro subsecretario que si el tema “está sobre la mesa es porque la orientación del ministerio estará alineada para que el Uruguay sea más competitivo. Por eso es evidente que tenemos que bajar el precio de los combustibles”, y “hacia ese horizonte vamos a trabajar, con liberalización o no”.
El punto es que aunque se hagan gárgaras con el tema de la “soberanía” para tratar de justificar el monopolio del refinado de Ancap, el Uruguay importa todo el petróleo que consume, desde siempre, y por lo tanto esta soberanía es simplemente un eslogan que han inventado los funcionarios sindicalizados y grupos de izquierda para defender este monopolio, porque al igual que en las demás empresas públicas, se sienten –y en buena medida lo son, tal como se han venido desarrollando los hechos– como los verdaderos dueños de estas empresas, en lugar de dedicar sus desvelos a brindar el mejor servicio posible a quienes les pagamos el sueldo, es decir todos los uruguayos.
Lo señala Verri al considerar que “Uruguay es tomador de precios en un mercado muy volátil, como ocurre ante la posibilidad de un conflicto entre Estados Unidos e Irán”, y reconoció que “esa volatilidad no la podemos manejar, pero tenemos otras herramientas, como por ejemplo diversificar los lugares desde donde se puede importar combustible. Ancap está trabajando en ese sentido, de manera independiente al cambio de gobierno”.
Consideró al respecto que la posibilidad de liberar la importación de combustible “es una herramienta que debería estar vigente, porque eso es algo que a Ancap lo obligaría a ser eficiente. Y en un ambiente donde somos tomadores de precios, para bajar el costo final de los combustibles tenemos que hacer énfasis en la eficiencia. No queda otra, de lo contrario se debería bajar algún impuesto que tiene el combustible. Pero si bien no se piensa aumentar, tampoco es posible reducirlos con un déficit fiscal de cinco puntos, que heredaremos”.
Es precisamente en estos aspectos en que está centrado el meollo de la cuestión: el alto componente de impuestos que no se pueden bajar cuando el Estado necesita paliar el déficit fiscal de 5 por ciento del PBI que deja este gobierno, pese a haber tenido durante gran parte de su gestión uno de los períodos más favorables de la historia en las condiciones internacionales para nuestras exportaciones y por ende contar con recursos extra, y por otro, aprovechar el menor precio de importación de los combustibles, sin a la vez incrementar gastos por el funcionamiento en costos fijos de la refinería, incluyendo naturalmente a su personal inamovible.
Estamos en este caso ante lo que podríamos denominar una “tormenta perfecta”, que hace que con Ley de Urgente Consideración o no, entre impuestos, monopolios, burocracia, costos fijos y presiones sindicales, resulte difícil cambiar la pisada porque no se parte de cero, sino de algo ya montado, por mejores intenciones que se tengan.
