En lo que es considerado como eje central de la gestión del primer año de gobierno de la coalición multicolor encabezada por Luis Lacalle Pou, el próximo jefe de gobierno ha puesto a consideración de sus socios de coalición un conjunto de normas a incluirse en la denominada Ley de Urgente Consideración, consistente en 457 artículos, que es un instrumento de fundamental importancia para que en el inicio de la tarea gubernativa se puedan aprobar herramientas consideradas imprescindibles para esta tarea.
Cada partido que integra la coalición se lleva como deber el estudio de la norma ómnibus y formulará sus propios aportes con agregados o correcciones, de forma de llegar a un acuerdo de la mayoría parlamentaria para la aprobación de un instrumento acorde a la propuesta electoral ratificada por la ciudadanía uruguaya en el balotaje del 24 de noviembre.
Es decir, que se trata de un instrumento no solo legítimo, sino imprescindible para cambiar la pisada en una serie de áreas en las que se entiende no se cuenta actualmente con las herramientas requeridas para gestionar y llevar adelante políticas que conllevan una serie de cambios respecto a falencias que se aspira a corregir con relación a lo que se ha hecho en los quince años de administración de la coalición de izquierdas.
Así, la propuesta de Lacalle Pou incluye a la seguridad pública como su primer capítulo y el más extenso (94 artículos), sujeto naturalmente a consideración de sus socios, y una de las novedades que presenta en materia de seguridad es que extiende la presunción de legítima defensa a todo el predio de una vivienda y de establecimientos rurales. Entre otros aspectos considera como legítima defensa a quien emplea violencia para defender todas las dependencias de una casa, lo que comprende balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines y garajes o similares, y en el caso del campo se incluyen los galpones y otras instalaciones que forman parte del establecimiento.
Paralelamente, también comprende a quien repele una agresión física contra él o un tercero, si se trata de funcionarios policiales, de la Prefectura de la Armada, o del Ministerio de Defensa, incluyendo a quienes protegen la seguridad de las fronteras. Incluso a quien salga en defensa del cónyuge, de los padres o hijos, y todo el que actúe en defensa de un extraño, siempre “que no actúe impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo”.
Asimismo el anteproyecto promueve el aumento de penas para delitos gravísimos como abuso sexual y mantiene los antecedentes de los menores infractores, elementos estos que fueron propuestos, con matices o con mayor o menor énfasis, por los partidos que integran la coalición multicolor y que por lo tanto cuentan con el respaldo popular expresado en las urnas en forma inequívoca.
El rótulo de urgencia, que muchas veces se cuestiona desde sectores del Frente amplio, es precisamente lo que marca el contraste entre lo que se entiende necesita el país y la ineficiencia, cierta indolencia y errores que se han manifestado durante los quince años de izquierda, en los que no se ha hincado decididamente el diente a esta problemática, al punto que recién sobre el final del período de gobierno y ya en plena campaña electoral, el Frente Amplio propuso llevar adelante medidas drásticas en materia de seguridad que se había resistido a llevar adelante durante todos estos años, paralizado por las contradicciones entre sectores de izquierda y la resistencia sobre todo a ejercer la autoridad.
Otros aspectos de la iniciativa refieren a la desregulación de la importación de los combustibles y la creación de una regla fiscal, el cambio en la gobernanza del sistema educativo y los órganos desconcentrados como los consejos de Secundaria y de Primaria, que van a ser direcciones generales.
El articulado propone varios cambios al Código de Proceso Penal vigente, como el otorgamiento de potestades a la policía de interrogar a los detenidos antes de pasarlo al fiscal. Amplía de dos a cuatro horas el plazo de detención de personas en averiguaciones en casos de registros en busca de pruebas de delitos. La policía podrá registrar a personas y vehículos y luego comunicarlo a los fiscales. El proceso abreviado por el cual el delincuente puede acordar una pena menor con el fiscal solo se aplicará a delitos con una pena máxima de tres años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad. El retiro no autorizado o la destrucción intencional se castigará con penas de diez meses a 18 meses de prisión y con 20 UR a 900 UR de multa. Extiende de 50 a 100 horas el límite de horas de vigilancia que pueden ejercer los policías –el servicio 222– y faculta al Ministerio del Interior a ampliar dicho tope hasta en 20 horas mensuales e individuales. La inclusión financiera pasará a llamarse libertad financiera.
El documento también plantea la desmonopolización de combustibles con la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por Ancap. Plantea, además, que una medida de huelga deberá ejercerse de manera pacífica y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas, junto al derecho de la dirección de la empresa a ingresar en los locales de la compañía.
Es decir, un cambio sustancial respecto a lo que se ha utilizado por norma hasta el presente por algunos sindicatos, y sobre todo ante la actitud que ha tenido el gobierno del Frente Amplio, que ha tolerado y se ha mantenido impasible ante ocupaciones de lugares de trabajo por los sindicalizados, impidiendo que puedan ingresar a trabajar quienes no han adherido a la huelga, en tanto en el caso de las dependencias del Estado sí se ha actuado expeditivamente para desocupar el local.
El presidente electo Luis Lacalle Pou defendió el borrador de la ley de urgente consideración, y dijo que creía que el proyecto de ley va a ser “popular” y que apela a la “necesidad de los uruguayos” y sobre las ocupaciones y piquetes, Lacalle Pou dijo que tiene una “discusión” con el movimiento sindical porque su gobierno no considera “legítimas” las ocupaciones. “Creemos que hay que proteger el goce del derecho a la propiedad y el derecho a los que quieren trabajar. No se puede prohibir el ingreso”, sentenció.
Es decir, que aunque surjan críticas desde la izquierda por motivaciones políticas, entre los grandes temas incluidos en la Ley de Urgente Consideración no se incluye nada que no se haya promovido en la campaña electoral como propuesta, que contó con el respaldo de la ciudadanía.
Ergo, el sentido común indica que no son pertinentes los cuestionamientos a priori, sino que corresponde aguardar que la instrumentación del proyecto definitivo se traduzca en los resultados esperados por la ciudadanía, porque ello va a significar que la va a ir bien al país y a los uruguayos, lo que debería ser el leit motiv de los desvelos en quienes hacen política por lo alto.
