(Por Horacio R. Brum)
Ya es un ritual de los viernes en Santiago de Chile: cientos o miles de personas se reúnen en la céntrica plaza Baquedano, rebautizada Plaza de la Dignidad, y mientras la mayoría se manifiesta pacíficamente, para mantener sobre el gobierno y los políticos la presión para terminar con las herencias económicas y legales de la dictadura de Pinochet, algunos grupos provocan a las fuerzas de seguridad y estas desatan una represión indiscriminada.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un ente estatal autónomo del gobierno, 2019 terminó con un balance de 3.583 heridos en las protestas, casi todos ellos víctimas de las acciones policiales. Varios cientos sufrieron heridas en los ojos, por los disparos de los balines de caucho y las granadas lacrimógenas y 24 personas han perdido uno o ambos ojos. La misma organización informó que hubo casi 10.000 detenidos, entre ellos 1.100 niños y se denunciaron contra las comisarías por lo menos 200 vejaciones sexuales.
Recientemente, el diario electrónico El Mostrador, que se caracteriza por hacer un periodismo serio y bien fundamentado, comparó estas cifras con las que se han producido desde octubre del año pasado hasta ahora en otras partes del mundo donde hay grandes protestas, como Hong Kong, Ecuador, Cataluña y el Líbano. Chile bate récords mundiales, con casi nueve veces más heridos que Hong Kong, diez veces más detenidos que en Ecuador, siete veces más heridos que en Cataluña e incluso 150 veces más detenidos que en el históricamente convulsionado Líbano.
Por otra parte, según informó el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, la cantidad de lesionados en los ojos por las balas de goma no tiene precedentes en el mundo.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de DDHH, publicaron informes lapidarios sobre la incapacidad del gobierno que encabeza Sebastián Piñera para evitar los abusos de las fuerzas policiales; los tribunales de justicia han emitido varias prohibiciones para el uso por la policía militarizada de Carabineros de las escopetas y las granadas lacrimógenas –prohibiciones que son frecuentemente ignoradas–, y hay denuncias sobre el uso de agua con soda cáustica en los carros hidrantes.
Por otra parte, el país vive lo que podría definirse como “una normalidad anormal”, con los supermercados y otros comercios atrincherados detrás de rejas y portones metálicos, para prevenir los saqueos, y en algunos barrios periféricos los narcotraficantes están aprovechando la insalvable brecha de confianza que se ha abierto entre la policía y los ciudadanos, para crear zonas liberadas de vigilancia. Un ejemplo es el de Pudahuel, el barrio cercano al aeropuerto, donde es notoria la actividad del narcotráfico. Allí se registraron varios casos de atropellos a los derechos humanos cometidos por los Carabineros, pero la comisaría de la zona está siendo atacada casi todas las noches a tiros, pedradas y hasta fuegos artificiales, como no sucede otras partes de la ciudad.
A este ambiente llegó el 9 de enero el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. El uruguayo, sanducero, y ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno frenteamplista de José Mujica, vino sin otro motivo que dar su respaldo al presidente cuya impopularidad ha llegado a la marca más alta de los mandatarios chilenos de la democracia. La encuesta Cadem, una de las más confiables, indica que 82% de los chilenos desaprueba la gestión de Sebastián Piñera; menos de una de cada tres personas cree que el mandatario tiene la capacidad para solucionar los problemas nacionales y en tanto que el 76% piensa que las protestas se deben a los problemas sociales, solamente el 17% las ve como un asunto de orden público o provocadas por agitadores extranjeros.
Para Almagro, no obstante, el presidente de Chile “ha defendido con eficiencia el orden público, al mismo tiempo que tomaba especiales medidas para garantizar los Derechos Humanos”. Después de la reunión con Piñera, a quien dedicó el reconocimiento de la OEA, el Secretario no atendió a los periodistas, pero cuando respondió una pregunta al pasar insistió en el argumento de la injerencia extranjera en las protestas. Esta es una idea que las autoridades chilenas intentaron imponer en la opinión pública, pero que ha sido rechazada no sólo por las organizaciones sociales que se manifiestan en las calles, sino también por la mayor parte de los partidos políticos, con la excepción de la derecha de raigambre pinochetista.
Luis Almagro ya había formulado en diciembre la hipótesis de la intervención extranjera en una entrevista con el diario El Mercurio, el vocero de los sectores más conservadores de Chile, sin tener más pruebas que algunos mensajes en las redes sociales originados fuera del país. Pocos días después de esa entrevista, el juez Daniel Urrutia, quien conoció a Almagro de cerca durante su participación en la misión anticorrupción desarrollada por la OEA en Honduras, dijo a los medios chilenos que la visión de excanciller uruguayo sobre las movilizaciones sociales y los derechos humanos “está condicionada por los apoyos políticos que logre para efectos de una elección”, refiriéndose a su repostulación para la Secretaría General. Además, Urrutia insinuó que en la campaña del actual Secretario General de la OEA para seguir en el cargo hay aspectos poco claros; instó al gobierno de Piñera a auditar el uso de los aportes hechos a la misión en Honduras, porque “se darán cuenta de que Luis Almagro usa los fondos para pagar favores”.
Más allá de estas acusaciones no comprobadas, lo cierto es que en temas como los de Cuba y Venezuela Almagro sintoniza bien con la línea de Piñera y el grupo de Lima que formaron los gobiernos de derecha sudamericanos, ahora debilitado por la salida de Macri en la Argentina: ha reconocido a la suerte de gobierno paralelo creado por una parte de la oposición venezolana, en la entrevista con El Mercurio habló de la supuesta presencia de 22.000 agentes cubanos en Venezuela y afirmó que muchos de los mensajes de las redes sociales sobre las protestas provienen de ese país. Según la opinión de su antecesor en el cargo, el hoy senador por el partido socialista chileno José Miguel Insulza, “el uruguayo que anda en busca de la reelección en la OEA” –como lo identificó El Mostrador–, ha acercado mucho más la organización a la política de Washington para América Latina. Por una casualidad tal vez no muy casual, dos días antes de la visita a Piñera, el ex ministro de Mujica y apóstata del frenteamplismo recibió para su candidatura el respaldo del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. Es el “líder que necesitamos” dijo el canciller de Donald Trump.
