Para conocer la real dimensión de un problema social y sus consecuencias en los más vulnerables, no hay datos más sólidos que los oficiales. La Junta Nacional de Drogas presentó el lunes los resultados de la encuesta que lleva adelante el observatorio uruguayo de drogas.
Del estudio se desprende que entre los adolescentes de 13 y 17 años aumentó el consumo de alcohol y las bebidas energizantes. En particular el alcohol: un 72% de los consultados consumió en el último año y es la sustancia en expansión por excelencia.
Las conclusiones de este trabajo, llevado adelante en más de 100 centros educativos –liceos privados, públicos y escuelas técnicas en ciudades de más de 10.000 habitantes– destacan el consumo de alcohol. En diciembre pasado Uruguay sancionó solo con los votos del oficialismo una ley que regula su consumo. La discusión estuvo centrada en la urgencia de los “tiempos políticos” por aprobar una normativa y la oposición negó su voto ante la propuesta que dejaba en presunta ilegalidad a fiestas como la Semana de la Cerveza, por ejemplo.
En el año 2017, el presidente Tabaré Vázquez presentó un proyecto integral sobre el tema, que contó con el aporte de actores políticos y referentes sociales. La iniciativa crea una unidad reguladora para el comercio de bebidas alcohólicas, regula la publicidad y emite licencias específicas para vender alcohol. Con el paso de los meses, los partidos de oposición marcaron sus diferencias con el trabajo realizado por una comisión multipartidaria y multisectorial. Tanto que, cuando llegó al ámbito parlamentario fue votada por el Frente Amplio y el único voto de la oposición fue el de la senadora nacionalista Verónica Alonso.
En la cámara de representantes, su miembro informante Luis Gallo, dijo que el país enfrenta un “problema grave de salud pública” que afecta cada vez a edades más tempranas y señaló la urgencia de votar la ley.
La oposición volvió a marcar sus diferencias. El Partido Nacional coincidió con el problema, pero consideró que la iniciativa no lo resolverá. A pesar de los cuestionamientos, la ley fue aprobada bajo la sombra de la derogación futura, con la instalación del gobierno electo el 1º de marzo. De hecho, poco tiempo después lo confirmó Jorge Gandini por Twitter.
Sin embargo, a comienzos del año pasado Vázquez solicitaba a su fuerza política para que aprobaran lo antes posible esta iniciativa que la interna frenteamplista denominaba la “ley Tabaré”. El mandatario saliente sabía que la iniciativa estaba trancada dentro de su propia partido, pero finalmente le dieron el gusto.
Mientras la realidad indica que unas 260.000 personas tienen problemas de dependencia con el alcohol, con un consumo de 6,8 litros por habitante mayor de 15 años, la ley sancionada no implica una solución a este escenario de estricto control social. Desde hace años que el nivel de consumo uruguayo es algo superior a los valores medios internacionales y esa realidad nos ubica como un país con alto nivel de riesgo y daño.
Ahora además aparecen las bebidas energizantes en el horizonte de las preocupaciones y están asociadas a la ingesta de alcohol. Casi un 40% de los estudiantes consultados consumió estas bebidas en el último año y junto al alcohol, ambas manifestaron un incremento significativo.
La ley puede controlar lo que sucede en los expendios y regularlos. Pero lo que ocurre dentro de los hogares, “previas” o fiestas privadas, jamás. Si la encuesta demuestra lo que ocurre con estudiantes que asisten a la educación media, es –a estas alturas– una obviedad remarcar cualquier tipo de comentario entre la población por encima de esas edades.
Si los jóvenes entre 13 y 17 años toman alcohol y energizantes es consecuencia de una permisividad familiar que minimiza sus consecuencias. Por los demás datos, la ingesta a tempranas edades siempre ocurrió. La diferencia es que existen nuevas formas de socialización y maneras diversas de designar a los lugares donde consumen. Incluso adquieren distintos nombres los encuentros o las bebidas que consumen enmarcado en un marketing cada vez más atractivo.
En referencia al consumo de marihuana, es interesante destacar el aspecto que le importa al gobierno saliente. La secretaría de comunicación de Presidencia señaló como titular que la “regulación del mercado de la marihuana no derivó en un aumento del consumo en estudiantes de enseñanza media” y en segundo lugar ubica la “preocupación” de la Junta Nacional de Drogas por el consumo de alcohol, “cuyo registro es el más alto desde que se analiza”.
Es que, también, en este caso, destaca el interés político por encima de la realidad social y porque desde hace al menos dos décadas que Uruguay tiene una sistematización de los datos sobre este tema en particular.
Con respecto al cannabis, precisa que uno de cada cuatro estudiantes la probó alguna vez en su vida, el 19,7% del grupo consultado consumió en los últimos 12 meses y la edad promedio de inicio, se ubica en torno a los 15 años.
También es alto el registro de consumidores de tranquilizantes sin prescripción médica. El 20,7% de los estudiantes lo hizo alguna vez y el 8,3% lo hizo sin consulta profesional. Las demás sustancias, como alucinógenos, pasta base o cocaína registra consumos marginales que, en algunos casos, llega al 2% en el último año.
El gran tema en cuestión y que parece pasar desapercibido, al menos hasta acá, es que todo el tiempo estuvimos hablando de menores de 17 años. Por lo tanto la pregunta es: ¿quién le vende alcohol a los menores? ¿quién le vende marihuana a los menores? Porque en ambos casos la ley vigente desde hace décadas es clara, y prohíbe la venta a menores. Y, sobre todo: ¿quién lo sabe y mira para el costado?
Porque la prensa oficial del gobierno no lo enfocó desde el punto de vista del delito que implica la venta de estas sustancias a personas menores de 18 años, en tanto su propia encuesta abarca a un universo de 13 a 17 años. Si al Estado –a través de la Junta Nacional de Drogas– tanto le preocupa el incremento del consumo de alcohol en esta población: ¿por qué no sale a controlar?
Por otra parte, ciertamente es una buena noticia que no aumente la cantidad de jóvenes que fuman marihuana a partir de la regularización de su venta, pero la realidad es que casi la cuarta parte de los adolescentes consume.
Esos datos ya son suficientes para lanzar una fuerte campaña de fiscalización. Después vendrá el discurso que indica que no se trata de prohibir, sino de minimizar los riesgos, pero hay un incumplimiento claro de la normativa. Además de una clara responsabilidad de los referentes familiares para que una ingesta abusiva en adolescentes no vuelva a ocurrir. Pero, como dice el dicho, “cada casa es un mundo” y los valores no se miden de igual forma en un lado como en otro.
